Nacional

¿Se acuerdan del caso de los 600 mil dólares?


Eloisa Ibarra

Después de ocho meses, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviaron a los jueces una circular donde informan de la destitución de jueces suplentes y abogados y notarios del ejercicio profesional, por su participación en el caso de los 600 mil dólares.
La circular, fechada 16 de agosto, se refiere a la resolución emitida el 15 de diciembre de 2005, donde destituyen del cargo de jueces suplentes a Julio César Morales, José Benjamín Arriaza Larios, Moisés Rodríguez y Julissa Carolina Bonilla.
Asimismo, informan de la suspensión del ejercicio profesional a los abogados y notarios a los abogados Astrid Bracamonte e Israel Zelaya, quienes junto a los jueces suspendidos participaron en la trama de los 600 mil dólares.
Cabe mencionar que algunos de estos profesionales del Derecho han ejercido la profesión durante estos meses, pues los jueces argumentaban que no existía ninguna notificación emitida por la CSJ, en relación con las sanciones impuestas.
A raíz de que la CSJ emitió la sentencia el año pasado, en diferentes momentos los magistrados aseguraron que a los jueces ya se les había enviado la comunicación de la suspensión, aunque los jueces decían lo contrario. La circular es firmada por el secretario por la Ley de la CSJ, Enrique Molina Barahona.
Hoy ha quedado claro que los magistrados nunca notificaron su decisión, y es hasta hoy que envían la circular para que los jueces no permitan que los abogados sancionados puedan actuar como abogados y notarios.
Un magistrado explicó que la actuación de alguno de estos abogados y jueces en algún caso, posterior a las sanciones impuestas, acarrearía nulidades que tendrían consecuencias.
El caso de los 600 mil dólares constituyó el mayor escándalo del Poder Judicial en 2005, pues se vieron involucrados el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez en la firma del cheque entregado a supuestos representantes de los condenados por narcotráfico, y el magistrado constitucional Rogers Camilo Argüello, quien elaboró un proyecto de sentencia que permitió razonar, donde ordenaba la libertad de los condenados.
Meses atrás, Estados Unidos se llevó, con el apoyó de las autoridades de gobierno, al colombiano Jorge Eliécer González Largo, el principal involucrado y beneficiado de la sentencia de Argüello.