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Presidente de Suprema se muestra “bravo” con narcoliberaciones

* Aunque por otro lado desvía culpa hacia fiscales y policías que no tramitan adecuadamente investigaciones ni presentan pruebas convincentes * Juristas costeños opinan que lo más sano sería separar preventivamente de sus cargos a los investigados mientras se llega al fondo de la verdad

LAS MINAS, RAAN
Durante su visita a Las Minas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que las investigaciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial “irán a fondo” contra los magistrados y jueces señalados de liberar a narcotraficantes contra ley expresa, y que “caiga quien caiga” los culpables deberán responder por sus acciones.
Pero en Puerto Cabezas, el mismo doctor Manuel Martínez Sevilla formuló una sutil defensa de los funcionarios judiciales en general, al decir que en muchos casos, “el problema es que las causas no llegan al juez debidamente soportadas, o bien el procedimiento no es el correcto”, por lo cual los jueces no tienen más remedio que extender las respectivas órdenes de libertad.
Martínez recorre juzgados caribeños
Las investigaciones que inició el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), contra dos de los tres magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, y además contra la juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria en la RAAS, Ivania McRea, intentan hallar las verdaderas causas, por las cuales dichos letrados ordenaron la libertad de dos condenados por narcotráfico.
Martínez admite que existe preocupación en la CSJ, y “te puedo asegurar que si los resultados de la investigación arrojan que hay mala fe, dolo o interés particular de los funcionarios judiciales, para dejar en libertad a las personas condenadas por narcotráfico, se tomarán todas las medidas necesarias contra ellos”, advirtió.
El titular de la Suprema concluye hoy un recorrido por Siuna, Rosita, Bonanza, Waspam y Puerto Cabezas (Bilwi) para conocer “in situ” el funcionamiento judicial de la RAAN.
Los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, pusieron en libertad a Manuel Antonio González Flores, tras declarar nulo el juicio que se le siguió por narcotráfico, y ordenaron volver a realizarlo.
Para ello argumentaron que la sentencia condenatoria a diez años de presidio y multa de ocho millones de córdobas, por transportar 163 kilos de cocaína, dictada el 13 de enero de 2005, por la juez Adela Cardoza, se hizo fuera del término de ley de tres meses que tenía para dictar sentencia con reo detenido.
En esa sentencia, la juez Cardoza absolvió a Guillermo Elías Orozco y Anthony Roosevelt Camargo Jiménez.
Los magistrados Lúquez y Briceño también ordenaron devolver a Manuel Antonio González Flores todos los bienes ocupados en el 2004 en el puesto fronterizo de Las Manos, entre ellos el camión cabezal donde fue encontrada la droga, joyas, 3 mil 168 dólares, un poco más de 260 lempiras, un poquito de córdobas, teléfonos celulares, y varios documentos.
En otro caso escandaloso, Francisco Rodrigo Ruiz Murillo, capturado en Little Corn Island junto al colombiano Arnulfo Klee Donacer, con 1 mil 793,811 gramos de cocaína en septiembre del año pasado, fue liberado por la juez Ivania McRea, alegando que padece de hemorroides.
Debieran ser separados
Algunos judiciales consultados, consideran que por el bien de la justicia y si en verdad se quiere llegar a fondo, los dos magistrados y la juez señalada, deberían ser separadas de sus cargos, mientras son sujetos de investigación.
Respecto a lo dicho por el magistrado Martínez Sevilla sobre causas indebidamente soportadas, el jefe policial de Puerto Cabezas, comisionado Marlon Montano, se defendió afirmando que la Policía siempre llena sus investigaciones conforme a las exigencias de la investigación y del proceso, pero que muchas veces no importa cuan bien esté tramitado el caso, porque los jueces siempre terminan liberando a los narcos.
Uno de los tantos casos es el del ciudadano salvadoreño Pedro Alberto Bautista Cuéllar, capturado con un kilo de coca y 24 mil 653 dólares, pero que fue liberado por el juez Marcos Hopington, quien después de absolverlo, mandó a que la Policía le devolviera los dólares, y poco faltó para que también le devolviera la droga.
Otra perla del mismo juez
El mismo Hopington también liberó a Amalia del Carmen Erazo Solórzano, nativa de Chinandega, quien había sido capturada en un bus de la ruta Puerto Cabezas-Managua con 1,040 gramos de cocaína adherida al cuerpo.
Según recuentos de cifras, en la RAAN ocho de cada diez procesados por narcotráfico obtienen órdenes judiciales para salir de la cárcel ya sea por prisión domiciliar, enfermedad, “falta de pruebas”, amiguismo o vencimiento deliberado del término.
En este panorama desolador, el fiscal regional Juan Ramón Barrios, concluye en que el Poder Judicial siempre cierra filas para tender un cerco de acero alrededor de sus funcionarios.
Según sus declaraciones, la Fiscalía se preocupa siempre por reunir en cada caso los elementos de prueba y de convicción necesarios para ejercer la acción penal, pero que los jueces siempre usan el recurso de extender permisos especiales que no están contemplados en la Ley 285.