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Derogación o modificación total de Ley Migratoria tica


El gobierno de Nicaragua, a través de su canciller Norman Caldera, se pronunció a favor de una derogación total o modificación de la nueva Ley Migratoria, que desde el sábado pasado está en vigencia en el vecino país del sur.
Caldera confirmó que existe confianza en el gobierno de que las negociaciones que se mantienen con Costa Rica, dejarán resultados satisfactorios para todos los nicaragüenses radicados en ese país.
El ministro de Relaciones Exteriores, basado en la información oficial que llega de Costa Rica, aseguró que hasta ahora no hay deportaciones masivas, y explicó que las autoridades ticas le “pidieron colaboración porque están buscando solución para que (la ley migratoria) no afecte a los nicaragüenses”.
Sin embargo, reconoció que es inevitable que se produzcan roces entre policías ticos y los nicaragüenses. “Es inevitable que existan personas que quieran tomar la ley por su propia mano, es otra cosa lo que nos han explicado”, indicó el canciller, sin dar mayores detalles sobre el estado de las negociaciones con Costa Rica.
“Estamos en comunicación, y lo que tenemos que decirles es que estamos en platicas”, expresó el canciller. Reiteró que su gobierno está trabajando a favor de los derechos humanos de los nicaragüenses, y llamó a ser pacientes. Detalló que a nivel de los presidentes de ambos países se ha registrado una comunicación constante, y el mensaje ha sido “una solución que será satisfactoria para todos”.
Ofensiva legislativa
Miguel López Baldizón, Presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, anunció una ofensiva destinada a reformar la nueva ley de migración, para lograr que la Asamblea Legislativa de Costa Rica reforme la Ley Migratoria que entró en vigencia el sábado pasado.
Según el diputado López Baldizón, la reforma debe girar alrededor de los artículos que representan posibilidades de violación a los derechos humanos y laborales de los nicaragüenses.
“La reforma a impulsarse será en los artículos que se ha considerado representan posibilidades de violación a los derechos humanos y laborales. Estamos claros de que la ley debe perseguir el ‘coyotaje’, que es el artículo 245, pero el problema es que el mismo artículo dice abajo que habrá multas equivalentes a uno y hasta cinco salarios básicos para todo aquel que dé albergue, ayuda o contrate a extranjeros que estén de manera ilegal en el país”, dijo.
Estado indolente ante ley tica
Jorge Mendoza, Director de Defensa y Promoción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó que el 11 de agosto se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una acción urgente para que se involucren y logren frenar la ola de persecución en contra de nicaragüenses en Costa Rica.
Mendoza afirmó que son alrededor de 133 mil nicaragüenses los que podrían ser deportados, en cambio, otras organizaciones como Cáritas --que apoyan a los migrantes-- hablan de hasta 177 mil nicaragüenses que se encuentran ilegales. La PDDH catalogó de indolente al Estado de Nicaragua ante el problema de los migrantes.
Indicó que las deportaciones provocarán un gran colapso en los servicios públicos, como salud, educación y empleos, y un impacto en la economía de 600 mil familias en Nicaragua que viven de las remesas. Además, dijo, se debe crear una mesa binacional en tanto ambos países tienen intereses mutuos, ya que de cada 100 habitantes en Costa Rica, 15 son nicaragüenses.
“Nuestra posición es que esto es un problema de Estado, las autoridades, desde que supieron que Costa Rica se negaba al arreglo amistoso, debieron reunirse con la Asamblea costarricense para que se dé una moratoria a la ley y se hicieran planes emergentes para permitir su estatus legal a gran número de compatriotas”, dijo Mendoza.
Cenidh
Por su parte, Pedro Contreras, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), dijo que el tema de la migración no ha sido una prioridad para el gobierno nicaragüense, ya que la ley fue aprobaba, y lo que se debe procurar es que no sea aplicada con todo el rigor para no provocar las deportaciones masivas.
Esta ley contempla la figura de “Rechazo Administrativo”, que antes sólo se aplicaba en las fronteras, ahora no, esta ley se aplica a 50 kilómetros de la línea fronteriza. Si la Policía verifica que una persona está ilegal, la regresa a la frontera nicaragüense sin someterlo a un proceso de deportación.
“Con el Rechazo Administrativo no se tiene que notificar al Consulado, el migrante no tiene derecho a la defensa, pierde todo lo que tiene acumulado en prestaciones sociales. Es por ello que si se aplica en todo su rigor esta ley represiva, esta figura da más facultad a la Policía, y aumentará la xenofobia contra los nicaragüenses”, dijo Contreras.