Nacional

Magistrados y jueza serán investigados

*** Casos los conocerá el Consejo de Administración de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial *** Presidente de Corte dice que darán explicaciones a la Policía Nacional *** Sin embargo, no accedieron a suspender a los magistrados y jueza investigados como lo pidiera una de las magistradas

Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron ayer en Corte Plena iniciar una investigación a los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM): Orlando Lúquez (presidente de la Sala) y Bayardo Briceño, ambos liberales, por la liberación de condenados por narcotráfico. Por la misma causa indagarán a jueces de la costa Caribe.
Luego de informar de la decisión, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, aseguró que no es el ánimo ni la intención del Poder Judicial, frustrar y deshacer el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la narcoactividad.
Afirmó que si condenados por delitos de narcotráfico quedan en libertad, se debe a errores técnico-jurídicos, por lo que llamarán a las autoridades de la Policía Nacional y del Ejército para informarles lo que están haciendo y darles explicaciones.
La mayoría de magistrados aceptaron la propuesta para investigar a los magistrados Lúquez y Briceño, después que fallaron dos casos en los que guatemaltecos y salvadoreños condenados por narcotráfico, fueron liberados con frágiles argumentos jurídicos.
Martínez informó que la investigación la efectuará el Consejo de Administración de conformidad a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial y cumpliendo con el debido proceso. Vale mencionar que esta vez, la CSJ ha actuado diferente al caso de los 609 mil dólares, donde los magistrados de Apelaciones fueron excluidos de la investigación.
Sentencias recurrentes
La semana pasada, Lúquez y Briceño declararon nulo el juicio seguido al guatemalteco Manuel Antonio González Flores, argumentando que se encontraba detenido ilegalmente desde el trece de enero pasado, cuando la juez Adela Cardoza dictó la sentencia condenatoria después de los tres meses establecidos para ello.
En la sentencia, proyectada por Lúquez y votada junto a su colega Briceño, ordenan al Juez de Primera Instancia volver a realizar el juicio y devolver los bienes ocupados a González, condenado a diez años de presidio por transportar 163 kilos de cocaína.
Los dos magistrados emitieron otra sentencia a favor de dos salvadoreños condenados por narcotráfico, argumentando que la Fiscalía los acusó por transporte de drogas y el Juez de Juicio los condenó por tráfico de drogas, aunque saben que es competencia del juez tipificar los hechos.
Investigarán también a jueza de Bluefields
Los magistrados de la CSJ también decidieron abrir investigación a los jueces del Juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Bluefields, que dejaron en libertad a un condenado por narcotráfico.
El 13 de junio pasado, la juez de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Carcelaria de la RAAS, Ivania McRea, envió una orden de libertad al alcaide José René Tercero Cruz, jefe del Sistema Penitenciario de Tipitapa, a favor del reo Francisco Rodrigo Ruiz Murillo.
La orden de libertad de Ruiz fue solicitada el 11 de mayo de 2006 por el defensor público, Juan de Dios Guevara Baltodano, basándose en un dictamen médico del Hospital Bautista de Managua, confirmado por el doctor Hugo Mauricio España, del Instituto de Medicina Legal, por padecer hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, trombosis de la vena yugular derecha y peligro inminente de muerte.
A Ruiz, capturado junto al colombiano Arnulfo Klee Donacer, con 1 mil 56 paquetes que contenían 1 millón 793 mil 811 gramos de cocaína; una panga con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno; un teléfono satelital, tres aparatos de comunicación radial, una planta generadora de electricidad y una bomba de agua, la juez le ordenó, extrañamente, reportarse cada seis meses.
No quisieron suspenderlos
La magistrada Yadira Centeno indicó que propuso la suspensión de los jueces mientras se realiza la investigación, pero no encontró respaldo de ningún otro miembro. Vale mencionar que un día antes, la magistrada Ligia Molina expresó que “ella los suspendería”.
En el caso de Bluefields, Centeno afirmó que se debió suspender inmediatamente al juez, porque actúo contra ley expresa, debido a que la ley prohíbe excarcelar a los condenados con base en la Ley 285. “Espero que el Consejo efectúe una investigación expedita en los dos casos”, dijo.
En la reunión, los magistrados también acordaron llamar a los magistrados de la Sala Civil Uno del TAM, en vista de que existen decenas de casos en los cuales han ordenado, por la vía del Recurso de Amparo, la suspensión de investigaciones y hasta de sentencias de autoridades competentes.
Aunque el problema se presenta en la mayoría de los casos con los magistrados de la Sala Civil Uno --la mayor parte de los cuales son liberales--, en la CSJ propusieron llamar a los miembros de la Sala Civil Dos.
Martínez explicó que los miembros de la Sala Constitucional se comprometieron a elaborar un documento que luego pasará a Corte Plena para convertirlo en normativa, donde se establezca cómo deben tramitarse los recursos de amparo, y que será regla para todos los magistrados del país.
Aunque Martínez reconoció que la Ley de Amparo es clara, expresó que la belleza del derecho se presta a interpretaciones. “Soy un ortodoxo, y para mí no cabe el recurso de amparo contra las resoluciones judiciales, pero para otros sí”, manifestó.
Los magistrados también se comprometieron a que el próximo 25 de agosto cada uno de ellos presentará sus aportes al proyecto de normativa para la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
Martínez, en calidad de presidente de la CSJ y el Consejo de Administración, se comprometió a que habrá Corte Plena cada quince días, y el Consejo de Administración se reunirá semanalmente para atender todos los problemas del Poder Judicial.
La Corte Plena y el Consejo de Administración no se habían reunido desde que se eligió a las nuevas autoridades, hace más de dos meses, lo que motivó a un grupo de magistrados a pedir al doctor Martínez la reunión de ayer.