Nacional

Instructivo por supuesta venta de sobreseimiento

* Fue denunciado de pedir 10 mil dólares por sentencia en caso de procesados por quiebra del Interbank * Supuestamente lo hizo a los pocos días de haber sido nombrado en el cargo * Confirman el instructivo, pero quienes lo llevan evaden entrar en detalles

Eloisa Ibarra

El magistrado liberal Orlando Lúquez García apenas se acomodaba en su silla, en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), cuando mandó, supuestamente, a pedir dinero a dos procesados en el caso del Interbank para confirmar la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada en primera instancia.
Lúquez García, miembro de la Sala Penal Dos del TAM, tiene abierto un instructivo en esa instancia, debido a que, supuestamente, mandó a pedir diez mil dólares a cada uno de los procesados: César Riguero y María Haydée Icaza.
EL NUEVO DIARIO ha tratado durante dos días de obtener la versión del magistrado Lúquez, pero en el TAM, el lunes informaron que se encontraba en audiencia y no atendería a nadie, y ayer, indicaron que había salido desde muy temprano y no regresaría.
Lúquez, según confirmamos a través de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quien los perjudicados le plantearon la situación de manera informal, habría enviado a su secretaria, Gloria Elena Reyes, a pedir diez mil dólares a Icaza y Riguero, hasta la casa de cada uno de ellos, con la promesa de que garantizaría su voto y el de su colega el magistrado Bayardo Briceño, para el sobreseimiento.
Recién llegado
Esto habría ocurrido en noviembre, poco después del nombramiento de Lúquez como magistrado del TAM, el 12 de octubre de 2005.
Gloria Reyes, según varias fuentes del TAM, es allegada del abogado Carlos Roberto Peña, hijo de Carlos Mario Peña, destituido de juez suplente por irregularidades y también expulsado de la Defensoría Pública el año pasado, por su participación en el caso de los 609 mil dólares robados de una cuenta de la Corte Suprema.
Tratamos de conseguir una versión de Reyes, pero, en horas de la mañana no la encontramos en el despacho, y por la tarde, al llamarla por teléfono, una voz femenina dijo que no se encontraba.
Icaza y Riguero, según la fuente de la CSJ, habrían planteado la situación a Briceño, quien molesto al enterarse de que lo habían involucrado en un asunto sin su consentimiento, abrió el instructivo para investigar lo expuesto.
No fue posible conversar con Riguero, porque nos informaron que se encuentra fuera de Managua y regresa el fin de semana, y en el caso de Icaza, en ninguno de los teléfonos registrados a su nombre se localiza.
Tratamos de conseguir la versión de Briceño ayer, y su secretaria Telma Flores, luego de plantearle nuestra inquietud, llamó al magistrado y le explicó que lo buscábamos para consultarle del instructivo abierto por el dinero pedido en el caso del Interbank.
Briceño remite a Quezada
Al terminar la breve conversación telefónica, en nuestra presencia, Flores nos informó que el magistrado Briceño le indicó que nos remitiera donde la magistrado Martha Quezada, quien tenía el instructivo.
Pero Quezada afirmó que a quien le compete referirse al asunto --y en todo caso tiene el instructivo—es a Briceño, presidente del Tribunal de Apelaciones. “Yo sólo tengo el expediente principal del Interbank, y aún no hay sentencia” precisó.
Icaza y Riguero fueron procesados por estafa, defraudación y asociación para delinquir junto a los accionistas del Interbank: Samuel Santos, Olga Bustamante, Ricardo Bonilla Castañeda, Jaime González, Marcelino García Quiroz, Jaime del Carmen González, Edwin Zablah y María Haydée Icaza,
En ese mismo caso fueron procesados el presidente de la Junta Directiva, Enrique Deshón; el vicepresidente, Augusto César Riguero; los funcionarios Javier Bone y Félix Padilla, Julio César Arteaga, Ricardo Antonio Bonilla, Allan Abarca, y los hermanos, Albin, Saúl y Alejandro (Alex) Centeno, socios del consorcio Consagro.
En la sentencia de primera instancia, la juez Regina Escobar argumentó en sus considerandos falta de pruebas para demostrar la comisión de los delitos denunciados por la Procuraduría de ese tiempo.
En sus argumentos, Escobar resaltó que en tres oportunidades le envió oficio a la Superintendencia de Bancos para que remitieran las pruebas que tuvieran y los hallazgos encontrados al final de la intervención, pero no lo hicieron, y tampoco la junta administradora a través de su acusador, por lo que sobreseyó a todos los denunciados.
La narcoliberación
La semana pasada, Lúquez y Briceño declararon nulo el juicio seguido al guatemalteco Manuel Antonio González Flores, con el argumento de que se encontraba detenido ilegalmente desde el trece de enero pasado, porque la juez Adela Cardoza dictó la sentencia condenatoria después de los tres meses establecidos para ello.
En la sentencia, proyectada por Lúquez y votada junto a su colega Briceño, ordenan al juez de primera instancia volver a realizar el juicio y devolver los bienes ocupados a González, condenado a diez años de presidio por transportar cocaína.
Sin embargo, el juez cuarto penal de juicio, Jaime Alfonso Solís, no devolvió los bienes sino que los entregó en depósito al representante legal de González, Ronald Alberto Urbina Morales.
Los bienes entregados en depósito a Urbina son: un cabezal, un furgón donde encontraron los 163 kilos de cocaína, joyas; 3,168 dólares; 260 lempiras, y algunos córdobas, así como varios teléfonos celulares y documentos.
La decisión del juez Solís garantiza a la Fiscalía la conservación de las pruebas para repetir el juicio, y es por ello que el representante de González ha pretendido que le sean devueltos, pues con ello desaparecen las pruebas.
Solís programó una audiencia para el próximo martes, para debatir los recursos presentados por el representante de González, que van desde un recurso de remedio hasta una reposición.