Nacional

CGR demanda juicio contra Solórzano

* Fiscal Centeno ya fue notificado de resolución, procurador Novoa dice no haberla recibido * Se trata del uso no esclarecido de 12 millones de córdobas que servirían para subsidio de transporte urbano de Managua

Luis Galeano

Los contralores colegiados notificaron al fiscal general de la República Julio Centeno, sobre la resolución que tomaron el pasado 15 de junio, en la cual establecieron presunción de responsabilidad penal en contra del ex ministro de Transporte Pedro Solórzano, a fin de que entable un juicio en su contra.
Los colegiados enviaron una carta a Centeno el pasado 2 de agosto en la cual le informan que tanto a Solórzano como el director de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) Yamil Quant, se les determinó la presunción penal por el manejo inapropiado de 12 millones de córdobas que supuestamente servirían de subsidio al transporte urbano colectivo.
En esa misma resolución determinaron responsabilidad administrativa en contra de ambos funcionarios, la cual deberá ser aplicada por el presidente Enrique Bolaños, a quien ya notificaron la decisión.
El fiscal Centeno señaló que la carta la recibió ayer, lunes y que nombró a lo inmediato una comisión especial para estudiar la resolución y el expediente y luego decidir si existe mérito para entablar la acción penal contra el hoy secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia y Quant.
A los juzgados y la Procuraduría
La carta firmada por los cinco contralores también fue remitida a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas de los Juzgados de Managua de conformidad con lo que establece el artículo 156 de la Constitución y a la Procuraduría General de la República.
La misiva de los colegiados fue acompañada de un expediente debidamente certificado, compuesto por dos tomos de 1,028 folios útiles, que contiene la documentación e información relacionada con la auditoría en referencia.
El procurador Alberto Novoa indicó que hasta ayer no había recibido la carta y el expediente del caso y que por tanto no podía pronunciarse sobre el asunto.
El presidente de la Contraloría Guillermo Argüello Poessy, explicó al momento de emitir la resolución que Solórzano y Quant dieron un uso distinto a 12 millones de córdobas que eran para que se entregaran a los transportistas en concepto de subsidio.
En julio de 2004, cuando los transportistas se disponían a iniciar una huelga general de transporte, el Parlamento modificó el presupuesto y aprobó la entrega de 40 millones de córdobas a favor de ellos en concepto de subsidio.
En su modificación, el Parlamento ordenó que el dinero fuera distribuido a todas las cooperativas de servicio urbano colectivo en coordinación con las alcaldías, pero la auditoría de la CGR determinó que esto no se cumplió.
“No había tiempo para coordinar nada con las alcaldías porque venía un caos en el país, era la primera vez que iba a haber un paro completo en Managua y Nicaragua, y por eso se les entregó esos 12 millones, y está todo firmado, a tal punto que sobraron 100 mil córdobas que nos llegaron a reclamar a Hacienda, eso es puro cuento”, dijo Solórzano en una entrevista brindada a END en junio.
“La Ley de Amparo le da al afectado por nuestras resoluciones 30 días para que recurran contra ellas, y en este caso no conocemos que haya algún amparo de parte del señor Solórzano o del señor Quant”, dijo ayer a EL NUEVO DIARIO Argüello Poessy.
Ayer procuramos conversar con Solórzano, pero éste se encuentra fuera del país, según nos informó el vocero de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz. También procuramos hablar con Quant, pero cambió de teléfono celular y en el nuevo número no estaba localizable.
Extraoficialmente conocimos que Solórzano recurrió de amparo en contra de esta resolución en dos salas distintas del Tribunal de Apelaciones (TAM) de Managua. El primer amparo fue en la Sala Civil Uno del TAM el 13 de julio, y el segundo en la Sala Civil Dos el 21 de julio.
“Existen dos amparos interpuestos por Pedro para ver en cuál de las dos salas ‘la pega’, sin embargo, ninguno de ellos ha sido tramitado”, dijo la fuente, quien a la vez explicó que lo que puede ocurrir es que cualquiera de las dos salas admita el recurso, pero sin mandar a suspender el acto.
Centeno: “Si hay mérito, procederemos”
El fiscal Centeno indicó que revisarán el expediente de este caso para ver si se deben ampliar o “aderezar” algunos aspectos de la resolución, y después darle la oportunidad a los afectados para que planteen su posición sobre los hechos.
“A pesar de que a mi juicio las resoluciones de la Contraloría deberían ser cosa santa, nosotros tenemos que actuar con profesionalismo y cumplir con el debido proceso para que después no haya señalamientos innecesarios en contra de nuestra institución. Si al final encontramos mérito procederemos”, dijo Centeno.
En la actualidad, la Contraloría revisa el pago de 219,302 córdobas que se hizo Solórzano por 68 días de vacaciones acumuladas en su cargo al frente del MTI.
También realiza una auditoría en el MTI relacionada con las irregularidades de la construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule por parte de la constructora mexicana Tradeco, y otra al contrato de la empresa española Hispánica, a cargo de la ampliación de la carretera Ticuantepe-Granada, ambas en la administración de Solórzano.
Bolaños debe sancionarlo
La Contraloría también informó al presidente Enrique Bolaños sobre la resolución emitida en contra de Solórzano el 9 de junio, en la cual determinaron aplicar una multa de dos meses de salario a dicho funcionario obedeciendo a una sanción administrativa por haber falseado su declaración de probidad.
La carta del titular del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, fechada el 21 de julio, señala a Bolaños que deberá informarles de su cumplimiento en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de su notificación.