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Ofrecen investigar la narcoliberación

* Algunos magistrados de CSJ dispuestos a probar que no se han autodescalificado * Por donde se registre, la sentencia que anuló juicio y devolvió bienes que servían de prueba es un fallo altamente inconsistente y sospechoso

Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían abrir en los próximos días una investigación en torno al caso de los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, quienes dejaron en libertad a un guatemalteco condenado a diez años de presido por transportar cocaína.
Un magistrado del TAM reveló ayer que los magistrados de la CSJ podrían conocer el caso donde dos magistrados mandan a anular el juicio a tres guatemaltecos, uno de ellos, condenado por supuestamente transportar 163 kilos de cocaína.
Intentamos conocer una opinión oficial al respecto, pero ninguno de los magistrados de la CSJ consultados respondió su teléfono, mientras en el TAM no fue posible obtener una versión de ambos funcionarios.
Voto razonado es punto de partida
La CSJ podría tomar como punto de partida, según la fuente, los argumentos esgrimidos por la magistrada Martha Quezada, en su voto disidente que contiene la sentencia, especialmente por qué ordenaron la devolución de los bienes que constituyen el cuerpo del delito y que ha dejado a la Fiscalía sin pruebas para repetir el juicio.
Quezada dijo que no estaba de acuerdo con la devolución de los bienes ocupados, porque si ordenaron la repetición del juicio por la declaratoria de nulidad del mismo, “las pruebas deben permanecer en custodia de la Policía hasta que el nuevo juez culmine con el juicio. Sin pruebas no hay juicio, y estaría de más que se esté reenviando el caso a un nuevo juzgado si las pruebas no existen”.
Lúquez y Briceño utilizaron como argumento para declarar nulo el juicio, ordenar la libertad y devolver los bienes, la supuesta detención ilegal en que se encontraba Manuel Antonio González Flores, desde el 13 de enero, cuando la jueza Adela Cardoza dictó la sentencia condenatoria, pues ya estaba fuera de los tres meses establecidos para dictar sentencia con reo detenido.
La misma historia
Un magistrado de la CSJ recordó que el argumento fue el mismo utilizado en el caso de los 609 mil dólares, donde se alegó que el colombiano Jorge Eliécer González Largo se encontraba detenido ilegalmente por haber sido condenado por un juez que carecía de jurisdicción para pronunciarse.
En el voto razonado, Quezada argumentó que el juicio se atrasó porque los abogados defensores pidieron la reprogramación del juicio varias veces por diversas razones, incluyendo hasta visitas al dentista, que en una ocasión usó el abogado de González Flores, Roberto Cruz.
La magistrada indicó, además, que la juez de primera instancia informó en tiempo y forma a los abogados que había una demora atribuible a la defensa de 50 días, por lo que consideró que los defensores lo que hicieron “fue aplicar tácticas dilatorias para llevar el proceso hasta esta situación de supuesto vencimiento de término para lograr la libertad de sus defendidos”.
La fuente del TAM, expresó su preocupación por el precedente de la sentencia, porque los abogados pueden utilizar tácticas dilatorias, para luego alegar que la sentencia se dictó fuera de tiempo, como en este caso.
Cabe mencionar que los hechos ocurrieron en 2004, cuando el camión donde venía la droga fue abandonado en el puesto fronterizo de Las Manos, de donde fue trasladado a la Dirección General de Aduanas en Managua, y fue precisamente en este lugar que descubrieron el compartimiento donde iba la droga, lo que luego llevó a la captura de las personas que estaban reclamando el vehículo.
Por otra parte, en la Fiscalía, aunque existe inconformidad por el fallo, no presentarán ninguna queja ante la CJS, comentó un funcionario del Ministerio Público, porque los dos magistrados del TAM involucrados son liberales.