Nacional

Reconfirman prisión a supuestos leguleyos


Lizbeth García

Tras una maratónica audiencia inicial, la juez Segundo Penal de Audiencias, María Concepción Ugarte, decidió reconfirmarles la prisión preventiva a las tres personas que se hacían pasar como abogados y notarios públicos sin serlo, las cuales enfrentarán juicio oral y público este 19 de septiembre, aunque ayer mismo asomó la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Y es que dos de las víctimas, Alberto y Eliuth Mendoza, dijeron por medio de su representante legal que no tenían interés en que los acusados estuvieran detenidos, por lo que al término de la audiencia se reunieron con los abogados y el representante de la Fiscalía, Luden Montenegro, para explorar la posibilidad de una negociación.
La posibilidad de la mediación surgió inmediatamente después de que uno de los acusados, Bismarck Alí Rivas, demostró mediante un título de la Universidad Centroamericana (UCA) de 1998, y certificación de la Corte Suprema de Justicia, que sí es abogado debidamente incorporado y juramentado, por lo que atribuyó la acusación a una supuesta trama orquestada desde la Policía por su participación en el caso Polanco.
Pero, además, la defensa de Rivas, Mario Borgen, presentó las fotos del día en que Bismarck Alí fue juramentado e incorporado como abogado en la Corte Suprema de Justicia.
Lo acusan por otra cosa
El fiscal Luden Montenegro reconoció que existe documentación que prueba que Rivas, en efecto, es abogado, pero señaló que a él lo están acusando porque supuestamente actuó como notario en una escritura de reconocimiento de una deuda por un mil 500 dólares correspondiente al trámite de revisión de un juicio.
Los otros dos acusados, Jairo Antonio Pérez y Leonidas Encarnación Vásquez, no presentaron ningún documento a su favor, sólo uno que especifica que la Fundación Cristiana para la cual trabajaba Vásquez, sí existe, y que las gestiones que éste andaba haciendo eran en su carácter de ingeniero y no como abogado.
La Fiscalía confirmó que las investigaciones para los tres acusados continúan porque hay información que indicaría que Pérez y Vásquez supuestamente daban clases en la Universidad Nacional del Norte --en Matagalpa y en Jinotega--, e incluso uno de ellos habría presentado un título que lo acreditaba como sociólogo.
Según las pruebas que la Fiscalía presentó en contra de Pérez y Vásquez, éstos no están registrados como abogados y notarios, pero se hacían pasar por abogados usando los números de registro de las abogadas Johana de los Ángeles Miranda y Elba María Palacios, quienes son titulares de los carné 10,561 y 10,150 respectivamente.
Falsificada firma del Dr. Valle Pastora (q.e.p.d.)
La Fiscalía presentó ayer los peritajes que revelan que la firma del fallecido secretario de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Valle Pastora, que estaba estampada en los dos carnés que les fueron ocupados a Pérez y Vásquez, es falsa. Lo único verdadero en esos documentos era la firma de ellos.
Con base en todos estos elementos, la juez decidió elevar la causa a juicio, pese a que las defensas promovieron un incidente de nulidad y objetaron la resolución judicial por considerar que no había suficientes pruebas para presumir que los señalados, en realidad, cometieron los delitos acusados, argumentos que fueron rechazados.
La única solicitud a la cual la juez dio cabida, fue a la que hizo Carlos Palacios, defensa de Jairo Antonio Pérez, para que el reo sea valorado por el Instituto de Medicina Legal a fin de determinar si padece o no del mal de Parkinson, lo que le provoca convulsiones de noche y de día.
Llegaron peloneados
La defensa Mario Borge adelantó que apelará del auto mediante el cual la juez de audiencias decidió reconfirmarle la prisión a Rivas, a Jairo Antonio Pérez y Leonidas Encarnación Vásquez, porque considera que la medida es desproporcionada, tomando en cuenta de que no atentaron contra la vida ni la integridad de ninguna persona, planteamiento que fue respaldado por las otras defensas, Oscar Ruiz y Carlos Palacios.
Valga decir que los tres acusados llegaron pelones al Juzgado, porque en el penal de Tipitapa hay una plaga de piojos que obligó a las autoridades a ordenar que les cortaran el cabello a todos los internos.