Nacional

Otra narcoliberación

• Cabezal donde escondían droga, dinero y joyas, elemento para condenarlo, ahora ya no pueden ser usados en el nuevo juicio, expresa indignada la Fiscalía • Dra. Martha Quezada, de la Sala Penal del TAM de Managua votó en contra, oponiéndose a la insólita sentencia • Se trata de otra escandalosa resolución que sigue envolviendo al Poder Judicial y los juicios por narcotráfico

Lizbeth García

Indignadas se encuentran las autoridades de la Fiscalía, porque dos de los tres magistrados que conforman la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) decidieron anular el juicio que se les siguió a tres guatemaltecos por supuestamente transportar por Nicaragua más de 163 kilos de cocaína.
Pero lo peor de todo es que los magistrados mandaron a repetir el juicio a sabiendas de que ellos mismos ordenaron que se les devolvieran al acusado Manuel Antonio González Flores, a quien liberaron, todos los bienes que le fueron ocupados, incluyendo el cabezal y el furgón con el depósito donde fueron encontrados los 145 paquetes con 163, 611.5 gramos de droga.
Ya no hay pruebas
“Nosotros vamos a ir al juicio programado para el 21 de agosto, pero no tenemos pruebas de cargo porque el Juez se las devolvió”, comentó una fuente de la Fiscalía que se declaró sorprendida por lo que hicieron los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, que remitieron el expediente al Juez Cuarto Penal de Juicio, a quien le ordenaron devolver los bienes y repetir el juicio.
Los magistrados fundamentaron su decisión argumentando que el día que la juez segundo penal de Juicio, Adela Cardoza, condenó a Manuel Antonio González Flores a diez años de presidio y multa de ocho millones de córdobas el 13 de enero de 2005, ya estaba fuera del término de ley de tres meses que tenía para dictar sentencia con reo detenido.
En esa misma sentencia, la juez Cardoza absolvió a Guillermo Elías Orozco y Anthony Roosevelt Camargo Jiménez.
Para los magistrados de la Sala Penal Dos, la juez mantuvo ilegalmente detenido a González Flores y violentó las normativas recogidas en el Código Procesal Penal referidas a la declaratoria de nulidad una vez que se ha constatado la existencia de una violación “porque una justicia tardía no es justicia”.
Dra. Quezada votó en contra
La magistrada Marta Quezada razonó su voto dejando claro que no estaba de acuerdo con la sentencia que dictaron sus compañeros de sala revocando el fallo de la Juez Segundo Penal de Juicio Adela Cardoza, la que debió ser confirmada.
Quezada argumentó que del análisis del expediente se desprende que el juicio se atrasó porque los abogados defensores pidieron la reprogramación del juicio varias veces por diversas razones, incluyendo hasta visitas al dentista, argumento que en una ocasión usó el abogado de González Flores, Roberto Cruz, pero la magistrado no encontró en autos el documento que acreditara la cita médica.
La magistrada indicó, además, que la juez de primera instancia informó en tiempo y forma a los abogados que había una demora atribuible a la defensa de 50 días, por lo que consideró que los defensores lo que hicieron “fue aplicar tácticas dilatorias para llevar el proceso hasta esta situación de supuesto vencimiento de término para lograr la libertad de sus defendidos”.
Quezada agregó en su voto razonado que el abogado apelante improvisó el argumento de detención ilegal al momento de la audiencia oral en el Tribunal de Apelaciones, porque en los agravios que presentó de forma escrita no lo alegó.
Sin pruebas no hay juicio
Finalmente, la magistrada Marta Quezada dijo que no estaba de acuerdo con la devolución de los bienes ocupados, porque si ordenaron la repetición del juicio por la declaratoria de nulidad, “las pruebas deben permanecer en custodia de la Policía hasta que el nuevo juez culmine con el juicio. Sin pruebas no hay juicio y estaría de más que se esté reenviando el caso a un nuevo juzgado si las pruebas no existen”.
Entre las pruebas que el juez Jaime Alfonso Solís devolvió en cumplimiento a lo ordenado por el TAM, aparte del cabezal, hay joyas; 3,168 dólares; más de 260 lempiras, y algunos córdobas, así como varios teléfonos celulares y documentos, los que fueron entregados en calidad de depósito judicial al representante legal del guatemalteco liberado, Ronald Alberto Urbina Morales.
Cabe mencionar que los hechos que irán a juicio otra vez ocurrieron en 2004, cuando el camión donde venía la droga fue abandonado en el puesto fronterizo de Las Manos, de donde fue trasladado a la Dirección General de Aduanas en Managua, y fue precisamente en este lugar que descubrieron el compartimiento donde iba la droga, lo que luego llevó a la captura de las personas que estaban reclamando el vehículo.