Nacional

CPDH denuncia indolencia policial


Valeria Imhof

Las amenazas de muerte contra funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que investigan los supuestos delitos contra los mískitos en la década de los 80, se han arreciado, y la Policía no toma cartas en el asunto, denunció el secretario ejecutivo de dicha institución, Marcos Carmona Rivera.
“Tus días están contados, cuídense, que habrá muchas sorpresas”, es el mensaje de texto que este domingo recibió la asesora legal de la CPDH, Lizbeth Rodríguez Zúñiga, en su teléfono celular.
Carmona indicó que las amenazas comenzaron desde que el pasado 7 de junio interpusieron una acusación ante el Ministerio Público contra el ex presidente Daniel Ortega, por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población mískita.
“A raíz de que nosotros pusimos la denuncia nos han estado amenazado constantemente. Es una manera de presión, con seguridad para que nosotros no continuemos con las investigaciones”, dijo el secretario ejecutivo de la CPDH.
Carmona, además, denunció que la Policía “no ha hecho absolutamente nada” para esclarecer la denuncia que interpuso hace quince días por amenazas de muerte contra su persona. “No hay respuesta sobre el curso de las investigaciones, a pesar de que cuando hicimos la denuncia les dimos algunos números telefónicos”, se quejó Carmona.
Señala a Fiscalía de no proceder
Dijo, además, que después de 50 días de haber interpuesto la acusación contra Ortega y otros altos funcionarios de su gobierno, esperan que el Ministerio Público les remita un cronograma de trabajo para comenzar con las investigaciones. “La Fiscalía se comprometió a hacernos llegar esa propuesta de trabajo, pero es la fecha y no hemos recibido nada”, manifestó Carmona.
El secretario de la CPDH desestimó que la denuncia contra Ortega tenga un trasfondo político, cuando apenas faltan tres meses para las elecciones, y argumentó que “cualquier momento es bueno para investigar crímenes de lesa humanidad”.
“Lamentablemente estamos en un período electoral, pero esto no tiene ninguna afinidad política, y quien sea el ganador de las elecciones, vamos a continuar dándole seguimiento a este caso”, dijo Carmona, al indicar que ellos recibieron la denuncia, en agosto del año pasado, de los familiares de las víctimas que supuestamente fueron asesinadas y desaparecidas durante el gobierno sandinista.
Ministerio Público: caso complicado
Delia Rosales, Secretaria Ejecutiva del Ministerio Público, dijo que hace diez días se reunieron con Carmona y le manifestaron que estaban realizando un plan de trabajo, porque las personas afectadas y testigos viven en zonas alejadas de la Costa Caribe.
“Nosotros hemos estado trabajando, pero dada la complejidad del caso, debemos primero diseñar un plan interno, porque viajar a esas comunidades implica una disposición de recursos que no tenemos”, señaló Rosales.
Dijo que la Fiscalía no va a tener resultados de la “noche a la mañana”, después de 26 años. “Somos una institución legalista, objetiva y transparente, y quedamos con ellos de que se les iba a estar enviando información sobre el caso, incluso les pedimos que nos enviaran los documentos sobre las normas jurídicas internacionales que señalan que los delitos de lesa humanidad no prescriben”, expresó Rosales.
Según la denuncia de la CPDH, una férrea opositora al gobierno sandinista, un total de 64 personas fueron asesinadas, 13 torturadas y 15 desaparecidas en 17 comunidades mískitas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
La queja de la CPDH incluye al ex jefe del Ejército, general retirado Humberto Ortega; al ex ministro del Interior, Tomás Borge; al ex jefe de la seguridad, Lenín Cerna, y a otros miembros de las Fuerzas Armadas.