Nacional

“A dictamen que exonera a Ramírez, mejor lo queman”


El vicepresidente de la Contraloría. Luis Ángel Montenegro, recomendó a la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional que “le pegue fuego” a un borrador de dictamen que “descaradamente” libra de culpa al ex presidente del Banco Central de Nicaragua, (BCN) Noel Ramírez, en el caso de los Cenis.
Montenegro dijo sentirse sorprendido por la noticia relacionada con el dictamen, que sugiere entablar acciones penales contra el ex ministro de Hacienda y candidato presidencial Eduardo Montealegre; al ex superintendente de Bancos Noel Sacasa, y contra el ex presidente del BCN Mario Alonso, y que libra de responsabilidades al diputado Noel Ramírez.
“Si ese borrador de dictamen realmente existe, yo recomiendo a los honorables diputados que mejor se compren una caja de fósforos y lo quemen, que le peguen fuego o que lo rompan, porque sería una manera descarada de librar al diputado Ramírez de todo lo que es responsable”, dijo Montenegro.
Parcializarían investigación
Indicó que si el dictamen es aprobado tal como está sugerido, no serviría ni de insumo a la Contraloría, que en la actualidad realiza una amplia auditoría relacionada con la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Cenis), de parte del BCN, para cubrir las brechas bancarias de los bancos que quebraron en la era de Arnoldo Alemán.
“Toda investigación seria que no lleve en la cabeza a Noel Ramírez en la reclasificación de la cartera y en la emisión de los Cenis, prácticamente sería parcializada, porque él era el presidente del BCN en ese entonces y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, y la autoridad que ordenó emitir los Cenis que le han costado al Estado más de 500 millones de dólares”, dijo Montenegro.
Agregó que lo único que haría el dictamen que se pretende aprobar, sería afectar la investigación que realizan en la CGR, “porque uno de los principales personajes que se encuentra en nuestra auditoría, y con serios problemas es Noel Ramírez”.
El vicepresidente del ente fiscalizador instó a los diputados de la Comisión de Probidad a no dejarse llevar por afanes políticos y desvirtuar todo el trabajo de auditoría que vienen realizando, y que le costará al Estado según los números preliminares, casi C$ 700,000.
“Lo que se quiere es utilizar ese dictamen con evidentes propósitos políticos, para descalificar a un candidato a la Presidencia --al que no me corresponde defender porque tiene también su responsabilidad en los Cenis--, pero me parece que los fines políticos deben apartarse totalmente de esta investigación”, precisó.