Nacional

Limpian a Ramírez y hunden a Montealegre

* Obviadas olímpicamente las pruebas contra el ex presidente de BCN en tiempos de Alemán, al que ni siquiera mencionan * Recomiendan al Ministerio Público abrir juicios penales contra Montealegre, Sacasa, Mario Alonso y demás miembros de BCN y SIB en su época * Se evidencia la clara intención de tratar de sacar del juego electoral al candidato presidencial de ALN-PC

Eloisa Ibarra

La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, pese a tener en sus manos las pruebas documentales de la participación del ex Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, en el caso de los Cenis, no recomienda ejercer la acción penal en su contra, y da como ciertas sus explicaciones sobre la emisión de dichos instrumentos, y por supuesto sin siquiera mencionar a Arnoldo Alemán, de donde partían las instrucciones.
La Comisión recomienda al Ministerio Público ejercer la acción penal contra Eduardo Montealegre, candidato a la Presidencia por ALN, en su calidad de ex Ministro de Hacienda y Crédito Público; miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos (SIB) y miembro del Consejo Directivo del BCN y accionista del Bancentro.
Igual recomendación hace contra el ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz y el ex Presidente del BCN, Mario Alonso Icabalceta, y contra aquellos miembros de las Juntas Liquidadoras del Interbank, Bancafé, Banic y Bamer, sobre quienes recaiga presunción de haber violado la Ley 419, por actos de enriquecimiento ilícito.
En el caso de Ramírez, candidato a diputado del PLC, pese a ser uno de los principales implicados en los actos irregulares cometidos en su calidad de Presidente del BCN, miembro del Consejo Directivo de éste y de la Superintendencia de Bancos (SIB), y como accionista del Banpro, lo dejan totalmente fuera.
Sobre reclasificación
La Comisión le achaca a Sacasa el haber permitido el mecanismo de infravaloración de las carteras adjudicadas a los bancos favorecidos, al tolerar que créditos que la Superintendencia había catalogado como A fueran reclasificados como D o E, porque de esta forma el valor de esta cartera se reducía, disminuyendo así el capital requerido por la ley para sostener dicha cartera.
Como consecuencia lógica, agrega el borrador del informe, los Cenis emitidos originalmente sirvieron para que los bancos favorecidos pudieran absorber los depósitos sin necesidad de capital adicional.
La reclasificación de cartera, dice el borrador, fue fraudulenta, y la emisión de los Cenis, respectiva resultó en un enriquecimiento ilícito para los bancos favorecidos que utilizaron este procedimiento.
Ramírez dijo ante la comisión que “las juntas liquidadoras nombradas por el Superintendente, establecían los plazos y los mecanismos para determinar las tasas de interés, y que dichas tasas se establecían por medio de subastas, administradas por las Juntas”.
Lo anterior, según Ramírez, significa que el Consejo Directivo del BCN y su Presidente abdicaron de sus funciones y responsabilidades en la emisión de obligaciones que la entidad administraba, cediéndoselas al Superintendente y a las Juntas Liquidadoras en un marco fuera de las leyes de ambas instituciones.
Sin embargo, los contratos con los bancos adquirentes: Banpro, Bancentro y BDF, fueron firmados entre éstos y el BCN, y en ellos se estableció de forma clara que la revisión de la cartera para determinar la diferencia entre activos y pasivos sería entre ambos, únicamente, a no ser que hubiese diferencia, entonces llamarían a un tercero.
No obstante, la Comisión dice tener “evidencia que la reclasificación fraudulenta de cartera fue efectuada por las juntas liquidadoras o por el BCN en combinación con los bancos favorecidos”.
La “limpieza” de Ramírez
La Comisión dejó a un lado la responsabilidad de Ramírez, al decidir como miembro del Consejo Directivo de la SIB y el BCN, que el Banpro --donde él es socio a través de su esposa-- se quedara con el Interbank, sin licitación, y después con el Banic en una licitación no muy clara. Asimismo, participó en establecer los onerosos intereses de hasta el 19% en el caso del Interbank.
Para la Comisión, las Juntas Liquidadoras y el BCN asumieron de manera irregular la cobranza y liquidación de la cartera rechazada por los bancos favorecidos, sin contar con la infraestructura y personal bancario que se requería para administrar dicho proceso de forma ordenada y transparente.
Posteriormente, dice el borrador, al desembocar en una subasta pública tardía, anómala, desordenada y fraudulenta, la cartera resultó liquidada a una fracción de su valor facial, aumentándose así las pérdidas del Estado.
Bancos favorecidos que devolvieron cartera al BCN, posteriormente la adquirieron en dicha subasta a una fracción de su verdadero valor, acudiendo por esa vía a una nueva fuente de enriquecimiento ilícito.
Afirman que en la subasta, se violó la Ley de Contrataciones del Estado, que requiere precios bases en las subastas, e información privilegiada para los bancos que devolvieron cartera al BCN, y luego se prestaron a comprarla.
La Comisión no menciona en su borrador que tanto Ramírez como Montealegre incurrieron en violación a las prohibiciones expresas que la Ley de Contrataciones Públicos establece para los funcionarios públicos.
Ramírez y Montealegre violaron el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe a los funcionarios participar en contrataciones y litigaciones del Estado, o que participen personas jurídicas en cuyo capital social participe un funcionario público.
En este caso, Ramírez participó como miembro del Consejo Directivo de la SIB en la adjudicación del Banic a Banpro, donde él es socio a través de su esposa, y además decidió directamente en que el Banpro absorbiera el Interbank sin licitación.
Montealegre incurrió en igual violación al participar como miembro del Consejo Directivo del BCN en la adjudicación del Centro Banic a Bancentro, donde era socio, y el Hotel Guadalupe de Matagalpa a inversiones ZUM, donde es socio con Roberto Zamora, donde también era o todavía es socio.
Por otra parte, la Comisión dice tener evidencia de que Sacasa, previo a la intervención de los bancos, ordenó reclasificar préstamos como forma de sancionar presuntas infracciones a las normas prudenciales, en vez de aplicar las sanciones específicas que la ley ordena para estas infracciones, que consisten en multas de monto definido.
La práctica de reclasificación de cartera puesta en marcha por Sacasa, condujo a un deterioro injustificado de la posición del capital de los bancos afectados, como se evidenció posteriormente, al conocerse el valor de los activos de los bancos intervenidos, indica la Comisión.
Ésta tiene evidencia firmada por Sacasa, revelando de cerrar bancos, al expresar: “Es deseable la reducción del número de bancos en el sistema financiero nicaragüense en la medida en que esto permita una mayor consolidación y fortaleza de los bancos que queden en el sistema”. Algunas intervenciones y liquidaciones no se enmarcaron en el debido proceso.
Afirma la Comisión que los bancos favorecidos con la adjudicación de los bancos intervenidos, no tenían el capital mínimo requerido, un córdoba de capital por cada diez córdobas, para adquirir la nueva cartera.
Como conclusión lógica, la única forma legal en que los bancos favorecidos podían adquirir esta cartera era con una fusión significativa de capital que debió provenir de un aporte de accionistas, que no existió, o vía capital secundario aportado por el Estado de manera clara y transparente que tampoco existió.
El superintendente permitió que los bancos favorecidos adquirieran cartera de los bancos intervenidos, violando ley expresa, el artículo 19 de la Ley General de Bancos, al permitirles exceder el límite del capital requerido.