Nacional

¿Qué hizo Procuraduría y Fiscalía en los juicios?

* Dr. García Quintero: La entrega que falta sobre Interbank

Edgard Barberena

El doctor Sergio García Quintero emplazó ayer al fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, a dar una explicación a profundidad sobre las actuaciones que tuvo cuando fue Procurador de Justicia con respecto a las quiebras bancarias.
Dijo que la ciudadanía demanda a Centeno Gómez, así como al actual Procurador de Justicia, Alberto Novoa, “la explicación suficiente como para que se conozca si se usaron todos los recursos, y si en cada uno de esos recursos se agotaron todos los procedimientos como para que la justicia resplandeciera en un caso tan bochornoso”.
Al referirse a las cinco entregas que ha publicado END sobre la forma cómo quebraron los bancos, el jurista dijo que los trabajos de Mauricio Miranda y Oliver Bodán han sido formidables, porque “hicieron el mejor esfuerzo por una investigación a fondo en algo que le ha llamado tanto la atención a nuestro país que significa una de las tragedias más graves para éste”.
“Sin embargo, a pesar del éxito de estas publicaciones, considero que el asunto todavía ha sido presentado de manera inconclusa, ya que valía la pena una sexta entrega que diera cuenta cuál ha sido la actuación del entonces Procurador de Justicia, Julio Centeno Gómez, actualmente Fiscal General del Estado.
¿Cómo quedaron los procesos?
En ambas situaciones --siguió diciendo García Quintero--, Centeno Gómez tenía la obligación de actuar a fondo, tal como se lo exigía su propia ley creadora. “Se deduce de las informaciones que hubo 16 procesos incoados en los diferentes juzgados en contra de los supuestamente culpables de los delitos en que fueron indiciados (los que quebraron bancos), y muchos salieron porque fueron sobreseídos en la primer instancia.
“La gran pregunta que nos hacemos los abogados y la ciudadanía es la de que si estas sentencias fueron apeladas, porque hay muchas maneras de actuar incorrecta o maliciosamente cuando por omisión no se hacen uso de todos los recursos como la ley les ordena”, añadió el jurista.
“En este caso, yo quisiera saber si en los sobreseimientos definitivos que se dictaron hubo la correspondiente apelación de la Procuraduría General de Justicia, y ver a su vez la actuación durante los recursos de la Procuraduría, porque no era únicamente el asunto de apelar, sino de tramitar tal apelación a fondo con propiedad y haciendo uso de todos los conocimientos que se tienen sobre esa materia”, acotó.
Estimó el jurista que la ciudadanía ha esperado que “tales actuaciones no sirvieran de componendas ni para apañar, ni de complicidad a los hechos delictivos que se cometieron con la quiebra de las instituciones bancarias y en contra de los intereses del Estado y de nuestro pueblo, que es el que está pagando hasta el último centavo de una cantidad enorme que se robaron cuatro vivianes”.
Asimismo, García Quintero dijo que si la sentencia realmente de la parte conducente y que “aparece encomillada (en las entregas publicadas por EL NUEVO DIARIO) condena a la mayor parte de los indiciados por el delito de asociación ilícita para delinquir, esto está demostrando además de la mala fe, una enorme ignorancia de parte de los que administran justicia, porque no hemos conocido nunca ninguna asociación lícita para delinquir, de tal manera que el delito se especifica asociación para delinquir, porque resulta una antinomia contraproducente estar manifestando y calificando los delitos como asociación ilícita para delinquir, como que si hubiera una asociación lícita para delinquir.
Pero volviendo al fondo del asunto, “vemos cómo el pueblo continúa cargando sobre sus espaldas los 500 millones de dólares que son el resultante total de esta macabra actuación que culminó con uno de los delitos más graves y serios cometidos en América Latina, por lo que le corresponde a la CSJ analizar las actuaciones de los jueces y los tribunales, “que si bien es cierto gozan de autonomía, esa prerrogativa no es para delinquir”.
Sobre investigación de la An
Al ser consultado sobre una investigación que llevó a cabo la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional sobre la emisión de los Cenis (después de las quiebras de bancos) y de la cual sólo se han filtrado elementos de un borrador de dictamen, el jurista dijo que en relación a la emisión de los Certificados Negociables de Inversión no tiene un criterio definitivo en cuanto a la responsabilidad de las personas que supuestamente ha señalado el público.
Dijo que el trabajo de la comisión parlamentaria que preside el diputado Donald Lacayo “debe ser más expedito, y estoy plenamente seguro de que existen personas como el propio Eduardo Montealegre, que están deseosas de dar la explicación más amplia para que de una vez por todas se satisfaga la curiosidad o el morbo de nuestro pueblo en relación a su supuesta culpabilidad”.
“Aquí pareciera que la justicia se hizo para cierta clase de nicaragüenses, especialmente los que no tienen dinero para invertirlo en las causas judiciales, porque es un bochorno que los principales ladrones de los bienes del Estado sigan siendo tratados como caballeros de industria, como si fueran ciudadanos probos”, indicó.
“Causa dolor ver detenida a gente que se metió en solar para llevarse la ropa que estaba tendida en el patio de una casa o a traficantes de drogas que les encuentran 10, 12 gramos de cocaína, que a duras penas serviría para una simple ración, y no a los grandes delincuentes que están gozando de una absoluta impunidad a costa de la lenidad de nuestro Poder Judicial”, terminó diciendo el jurista.