Nacional

Vidas perdidas en suelo ajeno

Son miles los nicas que han abandonado su tierra natal en busca de un sueño: “vivir mejor”. Algunos lo logran, pero hay otros que no sólo se quedan en el camino, es decir, pierden la vida de forma trágica, y la mala suerte se extiende al extremo de que sus restos se quedan “varados”, igual que las ilusiones con que partieron

Tania Sirias

Dónde vivir, la comida y un empleo rentable que permita enviar divisas no es lo único en lo que tiene que pensar un nica que viaja al extranjero. Allá les espera una batalla contra el racismo, la xenofobia y otros males que vulneran sus derechos humanos.
A pesar de que los migrantes aportan a la economía del país a través de las remesas, el Estado no cuenta con políticas que los protejan en el extranjero. Según datos del Banco Central de Nicaragua, las remesas familiares en 2005 fueron de US$600.4 millones, y las expectativas de la entidad bancaria para este año es que se llegue a los US$700 millones.
La representante de la Red de Migrantes de Nicaragua, Martha Cranshaw, comentó que el primero en violentar los derechos humanos de la población nicaragüense es el Estado, ya que las causas de la migración están vinculadas a la falta de empleo y salarios dignos. Explicó que en la nueva etapa de la globalización, las migraciones adquieren un nuevo comportamiento al que históricamente Nicaragua había tenido.
La primera migración fue de naturaleza política, había personas que tenían diferencias políticas con el partido gobernantes y decidía dejar el país. “Las nuevas migraciones son laborales, podemos afirmar que más de 800 mil nicaragüenses han partido en los últimos 15 años. Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos --específicamente Texas y Miami--, en segundo lugar, Costa Rica y ahora en tercer lugar aparece El Salvador”, dijo Cranshaw.
Derechos violados
La representante de la Red de Migrantes expresó que entre los derechos violados está el derecho a tener una familia. En general, quien se va es el jefe del hogar, y su partida provoca una separación familiar. “Esto causa un impacto en el desarrollo emocional del niño, se cargan de una gran tristeza, ya tienen conocimiento de lo que es la migración, y lo ven de una manera muy angustiante”, señaló.
También se les niega el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Existen 45 mil hijos de nicaragüenses que han nacido en el exterior, y no tienen partida de nacimiento o papeles que los acrediten como ciudadanos nicaragüenses, y tienen grandes problemas para ser inscritos en el país donde sus padres están transitando. Alrededor de 90 mil nicaragüenses en el extranjero, mayores de 16 años, no cuentan con cédulas de identidad, por ejemplo.
Esto les imposibilita gestionar permisos de trabajo, solicitar residencia o tener un estatus legal. A estos nicaragüenses se les niega el derecho a gozar de sus prestaciones sociales y estabilidad laboral, ya que andan de un trabajo en otro. “Principalmente se les niega el derecho a la igualdad, establecido en la Carta Magna, pues al estar en el extranjero y de forma ilegal, pierden casi todos sus derechos, quedando en indefensión”, agrega la Cranshaw.

Se necesita política más agresiva
Cranshaw reconoció que en los dos últimos años la Cancillería ha brindado apoyo a los coterráneos en el exterior, pero se necesita una política más agresiva. Mencionó, por ejemplo, la creación de las Oficinas de Atención al Nacional, que facilitan gestiones legales de nicas en el extranjero.
“En el caso del Consulado de Houston, la atención está orienta en atender a nuestros paisanos que son detenidos al cruzar la frontera. Las visitas a la cárcel son las más importantes, según en el enfoque del Consulado de Texas. En el caso de Costa Rica, las demandas son la repatriación de cadáveres y gestión de pasaportes”, indicó Cranshaw.
Pedro Contreras, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh afirmó que el Estado debe proteger a los nicaragüenses no sólo dentro del territorio, ya que la Constitución estable en el artículo 28, que debe brindar protección y amparo a los que están en el extranjero.
“El problema es que los migrantes sufren de sobreexplotación laboral, la gran mayoría de los trabajadores no se encuentran asegurados ni reciben sus prestaciones sociales básicas; soportan carencias en los servicios básicos que brinda el país donde residen, ya sea salud o educación. Para colmo, se les atribuye cualquier hecho delictivo, tal como ocurre en Costa Rica”, dijo Contreras.
“Lo que desnudó” caso Natividad Canda
Martha Cranshaw comentó que el tema de violaciones a los derechos humanos a los migrantes salió a flote con el caso de Natividad Canda. “El gobierno de Nicaragua conoció y nosotros hicimos énfasis en eso, que hubo violación al derecho de presunción de inocencia por parte de las autoridades de Costa Rica”, señaló.
“En el caso de Natividad, uno de los elementos que debemos analizar es hasta dónde llega mi responsabilidad como Estado de tutelar los derechos humanos y cómo hago para hacerlo. Nicaragua tiene grandes limitaciones para velar por estos derechos, y se comprobó con este caso, ya que fue la familia quien contrató un abogado para demandar justicia. Muchas familias no tienen condiciones para hacerlo, lo que provoca un vacío favorable para la violación de los derechos humanos”, señaló.
Sin dinero para repatriar cadáveres
Contreras lamentó que la situación de Nicaragua sea tan precaria, que ni siquiera pueda asignar un presupuesto a los consulados, y que se vean en la penosa situación de solicitar ayuda humanitaria para poder repatriar un cadáver de un nacional que haya muerto en otro país. “Hasta 2005 el presupuesto asignado para los consulados era un poco más de 120 dólares. La Directora de Funciones Consulares nos comentó que en casos especiales contaban con la ayuda de organizaciones o empresas amigas de emigrantes para ayudar a los nicaragüenses en el exterior”, dio a conocer.
“Eso se comprobó con el caso del nicaragüense que falleció en México, los familiares solicitaban a la Cancillería que les ayudara a repatriar los restos mortales de Oscar Isidro Urrutia. La respuesta de la Directora Consular, Lotty Bendaña, fue que se le podía ayudar a trasladar las cenizas, lo que tenía un costo de tres mil dólares, en cambio repatriar el cadáver costaría siete mil dólares, con los cuales no contaban”, relató Contreras.
Afirmó que lo que siempre ha sobrado es la generosidad del pueblo nicaragüense, pero no se ha dado una respuesta como Estado. “Vemos que el tema migratorio no es una prioridad para los políticos a la hora de formular el presupuesto de la nación”, dijo el funcionario del Cenidh.

El comienzo de una pesadilla
En busca de mejorar su vida en el extranjero, migrantes nicaragüenses han encontrado el fin a sus vidas. El 9 de noviembre del año pasado, Natividad Canda encontró la muerte en las filosas dentaduras de dos perros rottweiler que lo destrozaron a la vista y paciencia de autoridades en un suburbio de Cartago, 20 kilómetros al este de San José. Dos meses después el 19 de enero de este año, una investigación del Órgano de Investigación Judicial, OIJ, de ese país admitió y presentó en un juicio contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Todavía estaba fresca la muerte de Canda cuando 24 días después, la madrugada del 4 de diciembre de ese año, un nuevo crimen estremeció a otra familia nicaragüense. En esa ocasión, José Ariel Silva murió producto de heridas de arma blanca, que varios ticos le asestaron durante un ataque en el bar Los Espejos, en La Guácima de Alajuela. De esa reyerta originada por la misma xenofobia contra los nicas, salieron heridos dos nicaragüenses más: José Antonio Martínez y Francisco Angulo.
En ese mismo país, apenas hace 18 días, el 4 de julio de este año, una joven mesera, Maritza del Rosario Benavides, fue encontrada muerta en el cuarto 12 del hotel “Mi Casa”, en la calle 8, avenida 45 de la capital. Ella fue estrangulada y su asesino aún está prófugo.
Pero no sólo en Costa Rica se ha derramado la sangre de nicas. Dos familias leonesas iniciaron el año con malas noticias. Leda María Delgadillo Olivas y Carlos Alberto Hernández fallecieron durante un fuego cruzado entre dos pandillas en Guatemala.
Hace 21 días, en ese mismo país, en la séptima avenida y segunda calle de la Colonia “Ciudad del Sol”, zona 4 del municipio de Villa Nueva, tres nicaragüenses fueron acribillados a balazos, y cuatro más resultaron heridos de gravedad, cuando tres miembros de la “Mara Salvatrucha”, sin mediar palabras, desenfundaron sus armas y les dispararon a quemarropa.
En “el tren de la muerte”
Nicaragua ya engrosa las estadísticas de nacionales muertos en el famoso “tren de la muerte”. Orlando Pérez Granados, de 38 años, dejo su casa para ir tras el sueño americano. Lo que nunca imaginó es que el primero de junio sería su último día de su travesía.
Tres días más tarde, el chinandegano Oscar Isidro Urrutia Nicaragua, de 32 años, corrió la misma suerte, y el tren “se llevó” la mitad de su cuerpo. En estos dos casos, la Cancillería de Nicaragua fue cuestionada, porque según los familiares de los fallecidos, se negaron a asistirlos en medio de su desgracia.
Pedro Contreras señaló que algunos países, como Estados Unidos, para prevenir la oleada migratoria, elaboran leyes más rígidas y militarizan sus fronteras, pero que ante este drama, la respuesta debe ser la generación de empleos con salarios dignos, por parte de los gobiernos en los países de orígenes de los migrantes.