Nacional

Departamento de Estado de EU se ocupa de nicas en Costa Rica

* Documento refuerza denuncia de Nicaragua ante la CIDH * Califica de inconsistente, esfuerzo por juzgar a traficantes

Vladimir López

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su documento anual sobre la trata de personas, revela la existencia de informes recientes que señalan que “hombres jóvenes de las áreas fronterizas del sur de Nicaragua son traficados hacia Costa Rica con el fin de explotación laboral”.
Hay que destacar que el informe sobre la trata de personas es un documento que el gobierno de Estados Unidos elabora año con año, y exclusivamente es dedicado al tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Sin embargo, esta vez trae la novedad de tocar uno de los temas más sensibles que actualmente ocupa a nuestra sociedad: la precaria situación que atraviesan los nicaragüenses que se ven en la necesidad de salir a trabajar hacia Costa Rica.
Obviamente, el nuevo informe del Departamento de Estado, sección Nicaragua 2006, cuya copia se encuentra en nuestras manos, viene a fortalecer la denuncia que interpuso Nicaragua contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la falta de garantías en el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica.
La denuncia por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses en Costa Rica, interpuesta por el Estado de Nicaragua, tiene como fundamento la retardación de justicia que ha generado impunidad en los responsables de la espantosa muerte de Natividad Canda Mairena, y en el asesinato con arma blanca a manos de un turba de ticos de José Ariel Urbina Silva, donde resultaron gravemente lesionados otros nicaragüenses.
El caso de mujeres y niños
“Nicaragua es un país de origen de mujeres y niños traficados internamente y a través de las fronteras con el propósito de comercio sexual”, dice además el informe. “La explotación de menores en la prostitución se considera que es la forma predominante del tráfico interno. Víctimas nicaragüenses fueron ubicadas por agentes del orden público en los países vecinos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Guatemala es el principal destino extranjero para las jóvenes y niñas traficadas con fines de explotación sexual”.
El Departamento de Estado señala que el gobierno de Nicaragua no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para cumplirlas.
“Altos funcionarios han expresado su apoyo para los esfuerzos de combatir la trata de personas, y los funcionarios del orden público han incrementado esfuerzos para procesar a los traficantes y trabajar con los gobiernos extranjeros y las ONG para asistir a las víctimas”, agrega el documento.
El informe del gobierno de Estados Unidos indica que a pesar del modesto avance, los esfuerzos para ejecutar acciones contra los traficantes continúan siendo deficientes. El gobierno debe incrementar las investigaciones, mejorar los servicios a las víctimas y trabajar con la Asamblea Nacional para aprobar reformas que introduzcan al Código Penal las normas internacionales de castigo a la trata de personas.
Esfuerzos inconsistentes
Apunta el informe que el progreso del gobierno de Nicaragua de llevar a los traficantes a juicio ha sido inconsistente. El año pasado, dos investigaciones terminaron en procesamiento judicial. En uno de los casos, cuatro de los cinco acusados fueron sentenciados y recibieron condenas de cuatro a ocho años en prisión.
“En el segundo caso, los acusados fueron sobreseídos, pero el veredicto fue revocado debido a irregularidades en el jurado. Un intento de juzgarlos nuevamente no fue posible, sin embargo, debido a que los acusados fueron liberados y permanecían sin ser localizados”, explica el documento.
Precisa el documento elaborado por los funcionarios de Estados Unidos que el gobierno de Nicaragua inició por lo menos siete investigaciones y clausuró varios negocios donde menores de edad eran explotados sexualmente, pero que muchas víctimas no estaban dispuestas a cooperar con las investigaciones o acusaciones.
“Los funcionarios fronterizos recibieron capacitación para identificar las situaciones de trata de personas. La difundida corrupción del sistema judicial y la falta de un sistema de protección a los testigos impide que las víctimas pidan justicia”, dicen.
Manifiestan que la explotación laboral no es castigada, y las leyes que penalizan la explotación sexual comercial de menores no protegen a todos los adolescentes menores de 18 años, y que reconocen que ningún funcionario del gobierno ha sido señalado de tener vínculos con la trata de personas durante el periodo reportado.
Protección ha mejorado
El Departamento de Estado también reconoce que los esfuerzos de protección del gobierno han mejorado durante el período reportado, pero que siguen siendo insuficientes.
“El Ministerio de la Familia inauguró un albergue para menores víctimas de abuso y de explotación sexual comercial, e instaló una línea telefónica de alerta nacional para las víctimas de abuso y explotación sexual comercial de todas las edades”, anotan.
Señalan que 24 subestaciones de Policía en todo el país asistieron a mujeres víctimas de delitos violentos, incluyendo la trata de personas, pero en general las instituciones del gobierno carecen de recursos y tienen que recurrir a los Organismos No Gubernamentales, ONG, para albergar y asistir a las víctimas.
“El gobierno negoció un acuerdo con una ONG regional para que asista a las víctimas nicaragüenses en los países vecinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió instrucciones a sus misiones en el extranjero para que sean proactivos en asistir a nicaragüenses víctimas de la trata de personas, y las embajadas ayudaron a repatriar al menos a 21 víctimas desde El Salvador y Guatemala durante el período reportado”, dice el informe.
Los funcionarios estadounidenses indican que el gobierno de Nicaragua ha hecho esfuerzos de buena fe para elevar los niveles de sensibilización pública durante el período reportado.
“Las instituciones del gobierno tales como las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación y Educación han trabajado con los estudiantes, profesores, medios de comunicación y la industria turística para alcanzar una mayor audiencia acerca de la posible victimización por parte de traficantes y de turistas sexuales”, concluye el informe.