Nacional

Cabezas en otro lío

* Le va corriendo el plazo de 15 días para contestar una serie de denuncias de malos manejos ligados a la Contraloría * Cabezas intenta responsabilizar al auditor, pero CGR le advierte que la ley lo protege

El procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, solicitó a los contralores le autoricen despedir a su auditor interno, Oscar Salgado, por supuesta responsabilidad en los malos manejos en que ha incurrido esa institución.
“El señor Cabezas nos pidió permiso para despedir al auditor interno, porque dice que es el culpable de que (Cabezas) se haya pagado esas vacaciones porque fue quien le dio el visto bueno para hacerlo, pero nosotros le respondimos que no podemos autorizar ese despido porque la ley protege a los auditores internos”, afirmó el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.
Ante esta amenaza, Salgado se reunió ayer con Argüello Poessy para conocer la posición de la Contraloría frente a la petición de Cabezas.
El colegiado dijo a EL NUEVO DIARIO que lo que decidieron al respecto fue ordenar una evaluación del trabajo de Salgado para luego tomar una decisión sobre la petición de Cabezas.
Se paga y reniega
“Nosotros no podemos tomar una decisión así por así, cuando fue el señor procurador el que pidió el desembolso de la plata y el que la gastó”, explicó el titular de la CGR.
En marzo pasado Cabezas admitió haber recibido 155 mil córdobas en concepto de salario de febrero, es decir 65 mil córdobas más que en enero. En ese momento el cuestionado funcionario alegó que eran pago de vacaciones acumuladas de 2005.
La misma excusa utilizó para el caso del subprocurador Adolfo Jarquín Ortel, quien obtuvo 140 mil córdobas de sueldo ese mes, casi el doble de lo que ganó en su último salario de enero.
Argüello indicó que Cabezas ha empezado a regresar el dinero que recibió por ese supuesto pago de vacaciones para tener más fuerza de pedir el despido de Salgado.
“Nosotros recibimos una denuncia de varios trabajadores en contra del señor Cabezas, y el pasado 6 de julio le enviamos una carta pidiéndole que nos informe lo que tenga a bien sobre esos hechos, y le damos 15 días hábiles a partir de su recibo para que nos conteste, ese término todavía no se ha vencido”, apuntó Argüello.
Una camioneta desviada
La denuncia fue interpuesta el pasado 28 de junio, sobresaliendo en el documento en poder de EL NUEVO DIARIO la compra de dos camionetas Prado y la desaparición del vehículo que utilizaba Benjamín Pérez Fonseca, anterior procurador de los Derechos Humanos.
“Según se escuchan rumores, ese vehículo tiene como chofer a Anastasio Lumbí, quien es funcionario de la PDDH, y según la planilla devenga un salario de 10 mil córdobas”, se lee en la denuncia.
Según el documento, Cabezas tiene asignado su propio conductor (Jaime Jarquín), que igualmente tiene un salario de 10 mil córdobas.
“Ambos conductores gozan de viáticos corridos, a pesar de que existen memorandos internos donde se le hace saber a los funcionarios que quedan suspendidas salidas para gestionar las peticiones de a población por falta de viáticos”, señalan los denunciantes.
Igual prohibición existe, supuestamente, con el combustible. Sin embargo, las cuotas para los vehículos asignados no se han dejado de percibir, entre ellos los del procurador Cabezas y sus allegados.
La denuncia también revela promociones laborales con claro y evidente favoritismo, y la creación de una dirección jurídica sin necesidad, donde se mantuvieron por varios meses salarios de entre seis mil y 30 mil córdobas, y sueldos superiores a éstos.
La casa de protocolo
Los documentos enviados a la Contraloría también recogen el arrendamiento de una casa de protocolo en el condominio Los Geranios, por la que la PDDH pagaba 500 dólares, hecho dado a conocer por EL NUEVO DIARIO.
“Alquiló una vivienda en el residencial Los Geranios, lo cual era descocido por el 90 por ciento de los funcionario de la PDDH. Dicha casa era utilizada por el procurador y algunos funcionarios, dizque de confianza, y se vio descubierto; alojó a tres funcionarias de la PDDH pertenecientes a las delegaciones de la Costa Atlántica, y con esto trató de tapar su desfachatez y despilfarro”.
Esta casa de protocolo injustificada originó una demanda por injurias y calumnias en contra de un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO, impulsada paradójicamente por el auditor interno que Cabezas quiere despedir.
“En los últimos meses del año pasado, el procurador solicitó una partida extra para solventar las deudas pendientes, dinero que fue asignado hasta por la cantidad de dos millones de córdobas, pero no desaparecieron las deudas…” se lee en otro punto de la denuncia.
Cabezas recientemente despidió a una serie de empleados, aduciendo que había una crisis económica en la institución, la que solventaría a través de una reestructuración de la misma.
No obstante, los denunciantes aseguran que durante ese proceso de cambios en la PDDH, Cabezas contrató a funcionarios, que ganaban salarios iguales o mayores a los 14 mil córdobas.
“¿Cómo no va a haber crisis institucional en la PDDH, si el señor procurador cuenta con una jefa de despacho que devenga 30 mil córdobas, un asistente que gana más de 10 mil, una secretaria con un salario de 10 mil?”, se preguntan los denunciantes.
Otro de los puntos dados a conocer en la denuncia, son los 340 mil córdobas que Cabezas se gastó en un denominado proceso de fiscalización en las elecciones de la Costa Atlántica, el que iba a ser asumido por un organismo donante, pero al final no fue así.