Nacional

Bonos de turismo serían subsidio público inmoral


Ervin Sánchez

La Ley de Bonos para incentivar la inversión turística es un traje hecho “a la medida” de las exigencias de financiamiento de las grandes empresas, y usarlo “sería inmoral e ilegal porque dejaría de ser un simple incentivo para convertirse en un subsidio público a fondo perdido, una sustracción indebidamente legalizada, afirmó a EL NUEVO DIARIO el doctor Alejandro R. Aguilar Altamirano, Investigador del Programa Allan-Comisión Europea en la Universidad de Salamanca.
Las declaraciones de Aguilar, quien es profesor de Derecho Mercantil, fueron hechas por medio del correo electrónico desde España, tras leer el trabajo sobre los bonos de incentivos turísticos, publicado por este rotativo este lunes pasado.
El investigador señala que “no creo que ningún economista o jurista serio niegue que la Ley BIT viene a crear el mayor subsidio público del que se tenga noticias en el mundo, a fin de garantizar un sistema de financiamiento a largo plazo para las grandes empresas turísticas”, y señala que hasta hace pocos meses se decía que los críticos del sistema que quiere ser implantado éramos “ignorantes”, que “no sabíamos nada de turismo”, que “no teníamos amor por Nicaragua”.
Expresa Aguilar que cuando critica a los BIT, no se refiere a un sistema de financiamiento ideal, con nubes blancas pintadas en un cielo azul, sino a lo que dice exactamente el anteproyecto, es decir, lo que dice la letra de la Ley, y no aquello que los proyectistas explican que quiere decir.
Añade que cuando dice que el sistema es “un traje hecho a la medida” de las exigencias de financiamiento de las grandes empresas, es porque objetivamente lo es, y asegura que ninguna empresa pequeña, incluso ninguna mediana, podrá acogerse al sistema por su complejidad y por sus costos.
Cuando se dice: “Estamos trabajando para que los medianos y pequeños puedan acogerse al sistema”, se está hablando de un sector en el que nunca pensaron, nunca estuvo previsto, por eso no hay nada para ellos en la letra de la Ley BIT, porque no era “un traje” para ellos, destaca el profesor de Derecho Mercantil.
Asegura el abogado que ahora se busca qué hacer con los medianos y pequeños para no dejarlos afuera y que no se sigan oponiendo a la Ley, pero tras dos años de que fue dictaminada esta iniciativa, para ese sector aún no hay nada concreto.
¿Por qué no se masifica el sistema?
“La pregunta es muy sencilla: Si una gran empresa transnacional podrá pagar hasta el 70 por ciento del costo de un proyecto con el dinero de los nicaragüenses, ¿por qué no puede hacer lo mismo un pequeño empresario turístico con un banco local? ¿por qué no puede usar los impuestos de 15 años para pagar un préstamo al banco, siempre que lo haya invertido en su negocio?
“Yo le voy a responder por qué no: porque sería inmoral e ilegal, porque dejaría de ser un simple incentivo para convertirse en un subsidio público a fondo perdido, en una substracción indebidamente legalizada”, agregó Aguilar, al tiempo que dijo que si es tan bueno el sistema para atraer nuevas inversiones financiándola con los impuestos, ¿por qué no se generaliza a toda nueva empresa que venga a Nicaragua?
Para el investigador en la Universidad de Salamanca, el sistema se podría extender también a aquellas empresas que hagan nuevas inversiones, tanto en la industria como en la construcción, en la ganadería, en la agricultura y en la pesca, entre otras, para darles igual trato, señalando que toda nueva inversión tiene un efecto multiplicador en la economía, creando nuevas necesidades colectivas, que sólo se pueden enfrentar si el Estado cuenta con recursos para hacerlo.
¿Ayuda pública para proyectos?
“Si el Cosep, Canatur e Intur creen que la única forma de atraer inversión es con ayuda pública para los grandes y que seamos el resto los que paguemos impuestos, que lo digan claramente.
No obstante, pregunto: ¿Pidieron ese tipo de subsidio todas las empresas hoteleras que se instalaron en Nicaragua después de que se aprobó la Ley de Incentivos a la Industria Turística? Yo creo que no”, dice el profesor de Derecho Mercantil.
Para Aguilar, es necesario abrir un debate sobre este tema, y añadió que el pueblo de Nicaragua no debe seguir muriéndose de enfermedades y de hambre mientras “cierto tipo” de inversionistas llenan sus bolsillos con ambas manos, para que dentro de unos 30 años caigan unas cuantas migajas de la mesa”. “Somos muchos los que creemos en otras alternativas”.
“Sospecho”, dice Aguilar, “que además de Marriot, una parte importante de compradores de BIT y empresas titulares de proyectos serán grupos económicos locales (que utilizan el nombre de cadenas hoteleras internacionales obtenidas a través de franquicias, licencias de marcas, de nombre comercial, etc.), y que antes de invertir su dinero quieren asegurarse un incremento mucho mayor de sus márgenes de rentabilidad, aunque sea a costa del empobrecimiento del país.