Nacional

Demandan de CGR y Asamblea revisión a contrato con Fenosa


Oliver Gómez

Los miembros de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Nicaragua (Unacun), y el especialista en temas energéticos, Narciso Mayorga Pallais, pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Asamblea Nacional, que se pronuncien respecto de la revisión del contrato de concesión de Unión Fenosa, porque hasta ahora ambas instituciones han guardado silencio que oscurece la explicación respecto del inicio y fin de los últimos apagones.
La primera petición fue extendida por Unacun al diputado Óscar Moncada, presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, quien ha evitado abordar el tema de los apagones y sus respectivas causas en las diversas sesiones, según reveló la semana pasada el diputado Agustín Jarquín.
Esta petición es enviada por Maura Morales, asesora legal de Lideconic; Auxiliadora Delgado, de Acodema; Vida Larios, de Adeconle; Pedro Gómez, de Adeconica; Iván Acosta, de Indec, y Róger Monterrey, de Acugra. Todos son representantes de organismos de consumidores miembros de Unacun.
Ellos le recuerdan a Moncada en un documento de siete páginas, que el servicio de energía eléctrica es un tema de interés público y social, y debe ser abordado por el Parlamento y la Contraloría, buscando garantizar el suministro de calidad que se le prometió a la población cuando arribó Unión Fenosa.
Este documento es un resumen y conclusión acerca de una evaluación del contrato de concesión de Fenosa, donde determinan “falta de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este contrato y las establecidas en las leyes, reglamentos y normativas aplicables a la distribución de la energía eléctrica, lo que facultará al INE para cancelar la concesión de distribución otorgada”.
Los artículos violados
Punto por punto, a Moncada le exponen las razones, fechas, causas y artículo violado por Fenosa en sus diversos momentos de operación, donde concluyen que existe: alto consumo injustificado de energía, cobros indebidos y mal servicio de alumbrado público, anomalías en cambios de medidores, falta de entrega de la esquela de lectura, grandes violaciones a normativas de calidad y sobre todo falta de inversión.
También aseguran que los apagones de septiembre de 2005 y junio de 2006 no han sido debidamente justificados por Fenosa y mucho menos por el ente regulador, pues los argumentos de “Caso Fortuito” y “Fuerza Mayor” jamás fueron expuestos al INE para su debida investigación, lo que habría dejado en evidencia que fueron situaciones prefabricadas.
Le piden a Moncada que evalúe detenidamente a todos los agentes generadores de energía eléctrica, quienes tienen una gran responsabilidad en cada uno de los apagones, y en diversos momentos cuando ha existido falta de suministro, “algo que jamás debe ocurrir, porque con ese objetivo se privatizó el servicio”, señalan.
Después de explicar en detalle cada señalamiento, le exponen al diputado que “existen causales suficientes para que a lo inmediato se le cancele la Concesión de Comercialización y Distribución de la energía eléctrica a la transnacional Unión Fenosa”.
Por su parte, Narciso Mayorga, especialista en temas energéticos, le dirigió una carta al doctor Guillermo Argüello Poessy el pasado 12 de julio, donde expone que este mismo contrato de Fenosa no incluye un programa de inversiones y cronogramas de ejecución, y se desconoce por tanto el cumplimiento de cada promesa.
“Esto es grave, la infraestructura de la Red de Distribución pertenece al Estado de Nicaragua. Si no se ha mejorado, ha perdido su valor, y al finalizarse dicha concesión quedaríamos con escombros. Esta situación aumenta las pérdidas en la distribución de energía, lo que obliga a comprar mayor volumen de fuel oil para la generación”, reza el texto.
Mayorga sostiene que si, efectivamente, no hay garantía de cumplimiento del contrato, se ha dejado a Nicaragua entera en un serio riesgo en caso de incumplimiento, “y es necesario determinar responsabilidades y exigir que se cumpla con las cláusulas básicas a fin de proteger debidamente parte del patrimonio del Estado”.
Cabe destacar que la Contraloría había prometido que la semana pasada se iba a pronunciar respecto de esta misma petición que le había expuesto la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), en julio de 2005, pero los contralores no tomaron en cuenta este tema en su agenda del pasado jueves y todavía esperan un informe que le fue solicitado a INE.