Nacional

CPDH denuncia amenazas de muerte

La denuncia se produjo un día después de que la CPDH acusara al Ministerio Público de encubrir crímenes de lesa humanidad contra indígenas miskitos en el Caribe nicaragüense supuestamente cometidos por el ex presidente Daniel Ortega y otros quince ex funcionarios del gobierno sandinista a principios de los años 80.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció ante la Policía de Managua que recibe amenazas de muerte, informó hoy una fuente policial.
El capitán Walter Casaya, jefe de la delegación de Managua donde se interpuso la denuncia, dijo a Efe que ésta fue presentada el sábado por Carmona y otros funcionarios de ese grupo defensor de derechos humanos.
El oficial explicó que el caso fue remitido a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para su investigación.
Carmona dijo a la prensa que las amenazas las viene recibiendo en su teléfono móvil desde hace un mes y agregó que las mismas "tienen alguna relación con las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía".
La navidad Roja
La CPDH acusó el 7 de junio pasado ante el Ministerio Público de Puerto Cabezas a Ortega - presidente 1984 a 1990 y aspira de nuevo al cargo en las elecciones del 5 de noviembre- de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra indígenas miskitos de la región norte de la costa del Caribe.
La denuncia incluye al ex jefe del Ejército Popular Sandinista Humberto Ortega, hermano del ex presidente; al actual diputado y ex ministro del Interior Tomás Borge; al ex jefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, al actual procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, y a otros altos miembros de las fuerzas armadas.
La denuncia se refiere a la "Navidad Roja" de 1982, como se conoce la operación realizada por el Ejército sandinista para sacar a unos 8.500 indígenas de sus comunidades a orillas del río Coco, en la frontera con Honduras, y reubicarlos en cinco campamentos.
La operación se hizo para evitar que los indígenas sirvieran de apoyo a la "contrarrevolución" financiada por EEUU que pretendía derrocar al gobierno sandinista. Según denunciaron grupos indígenas, un total de 64 personas fueron asesinadas, trece torturadas y quince desaparecidas.