Nacional

Tercia de Somoza Urcuyo en lucha por la Cementera


Eloisa Ibarra

Javier Somoza Rivas, pretende entrar como tercer coadyuvante en el recurso de nulidad promovido por la Procuraduría Civil, en contra de la resolución que ordena la devolución de la Compañía Nacional Productora de Cemento (Canal), a Isabel Urcuyo Somoza.
Somoza Rivas, en un escrito presentado ante los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), pide se le tenga como tercer coadyuvante por ser dueño de ocho acciones de las 120 originales al portador que forman el patrimonio de la Cementera.
Recientemente, los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM, ordenaron la suspensión de la resolución emitida por sus pares de la Sala Civil Uno, en la que ordenaban la entrega de la administración y bienes de la Cementera a la familia Somoza.
Los magistrados de la Sala Civil Uno del TAM ordenaron semanas atrás la entrega provisional de la Cementera a la familia Somoza, pese a que el Decreto Tres de 1979, mediante el cual fueron confiscados, se encuentra firme.
Yáder Antonio Sánchez, apoderado general judicial, dijo que a Somoza se le debe devolver la Cementera, porque a inicios de los 90 hubo una amnistía que permite la recuperación de los bienes.
Le recordamos a Sánchez que la amnistía y el indulto sólo conllevan beneficios legales y no civiles, y en el caso de la amnistía de los 90, nunca significó la revocación de las confiscaciones, menos a la familia Somoza.
Somoza también se adhirió a la denuncia que presentó semanas atrás el doctor Antonio Morgan, representante de los Somoza Urcuyo, contra el presidente Enrique Bolaños y el procurador Alberto Novoa, por no cumplir con la sentencia de la CSJ.
La Procuraduría aún tiene pendiente un recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de esta misma Sala, que confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.
También está pendiente un incidente de nulidad absoluta y perpetua por violación a normas y procedimientos establecidos en el afán, según la Procuraduría, de beneficiar a la familia Somoza, en abierta violación a la ley y el orden público.