Nacional

Contraloría autorizó un desembolso de emergencia

* “No le hacen ningún favor a Solórzano”, dice Luis Ángel Montenegro

Luis Galeano

Los contralores colegiados aprobaron al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) el desembolso de 10 millones de córdobas de su presupuesto para proteger lo que se ha avanzado en la construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule y evitar que esa obra sea un “desastre completo”.
El vicepresidente de la Contraloría Luis Ángel Montenegro, dijo ayer que el MTI les solicitó utilizar 10 millones de córdobas de sus fondos para aplicar un “sello” y poder proteger la capa negra que tiene la carretera a lo largo de 35 kilómetros, y que lo aprobaron para evitar que la obra se pierda.
“A pesar de que esa obra ha sido un verdadero dolor de cabeza por todas las irregularidades cometidas por el ex ministro Pedro Solórzano, decidimos aprobar el desembolso de esos 10 millones de córdobas para evitar que eso sea un desastre completo”, dijo Montenegro.
Indicó que la explicación que les dio el ministro de Transporte, Ricardo Vega, es que si no se aplicaba la capa impermeabilizante (en ella se gastarían los 10 millones de córdobas) se perderían los más de 20 millones de dólares que se han invertido en el proyecto, que se ha visto plagado de una serie de anomalías, entre ellas un sobreprecio de más de ocho millones de dólares.
No le hacen favor a Solórzano
“No se trata de cubrir las irresponsabilidades de Pedro Solórzano o hacerle un favor, sino que lo que estamos haciendo es velar para que el Estado sea el menos afectado en este asunto, ese es nuestro interés superior”, explicó Montenegro.
Señaló que la auditoría que realizan actualmente sobre el proyecto ha demostrado que el mismo se ha llevado a cabo con una gran cantidad de anomalías por parte del MTI y de la misma empresa mexicana Tradeco a cargo de la obra.
“Ese trabajo de auditoría ya está listo, sólo notificamos unos últimos hallazgos sobre algunos aspectos financieros que no están muy claros, y lo vamos a fallar próximamente”, dijo Montenegro.
PGR tendrá dictamen esta semana
El reinicio del proyecto, en manos de Tradeco, depende de un análisis jurídico que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), a un dictamen aprobado en la Asamblea Nacional, que tiene adscrita una recomendación de la Comisión de Infraestructura del Parlamento.
El procurador Alberto Novoa indicó ayer que la PGR se pronunciará entre martes y miércoles de la próxima semana alrededor del asunto.