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Contraloría tiene contrato Fenosa


Los contralores colegiados hace un año prometieron evaluar la revisión del contrato de concesión de Unión Fenosa, pero todavía ayer evitaron referirse a este tema y mandaron a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) a cumplir esta labor. También les dieron un plazo de una semana para que encuentren el documento original, de lo contrario, sancionarán a los responsables de su pérdida.
La promesa de revisar este contrato la encabezó en aquel momento el colegiado José Pasos Marciacq, luego de recibir esa solicitud de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), en una carta enviada hoy hace un año, el 7 de julio de 2005.
Pasos Marciacq, entonces presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), respondió a los miembros de la Red 13 días después en otra carta, donde asegura que los miembros de este órgano, en sesión ordinaria 418, “aprobamos por unanimidad de votos que se elaborara un análisis de la respectiva misiva”.
La única solicitud contenida en esta misiva, es la denuncia contra los funcionarios de INE, porque no hacen cumplir las obligaciones establecidas en el contrato de concesión entre Fenosa y el ente regulador. Eso también lo precisa Pasos Marciacq en el documento.
Sin embargo, los miembros de la Red hasta hoy están esperando el análisis prometido por la CGR, y aseguran que los colegiados “están queriendo capear el bulto con la pérdida del documento, pero cabe recordar que ellos tienen este contrato en sus archivos y deben proceder ya a presentar los resultados prometidos de la evaluación”.
Esto último lo dijo Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red, quien mostró toda la documentación mencionada y calificó de “positivo” que se le exija beligerancia al INE, “pero también estamos apelando al compromiso de la CGR ante la Red, de revisar la situación porque es la última oportunidad que tienen de demostrar que están del lado de la Justicia y los nicaragüenses”.
Herrera recordó a los colegiados que el contrato no dice por ningún lado que Fenosa va a dar energía sólo cuando los generadores garanticen la producción de electricidad, pues los mismos ejecutivos de la transnacional dejaron abierta la puerta en el contrato para resolver cualquier déficit comprando el fluido en el mercado regional.
“Pero eso no lo están haciendo ahora y nos están aplicando los apagones. Esperemos que los contralores corrijan y determinen el grado de cumplimiento e incumplimiento de Fenosa al contrato de concesión, por el bien de los nicaragüenses”, concluyó.
Esas declaraciones se escucharon minutos después de que el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, informó que en la sesión ordinaria de ayer analizaron la “grave situación” que atraviesa el país con los apagones, y que con base en ello tomaron varias decisiones relacionadas con el tema.
“Vamos a esperar a que el presidente ejecutivo de INE, David Castillo, nos informe oficialmente si en realidad se ha perdido ese documento, y si es así, la ley establece obligaciones para los servidores públicos en lo que se refiere a la debida custodia de los documentos, y habla de sanciones si no cumplen con ello”, dijo Argüello.
“No quiero aventurarme a adelantar el tipo (de sanciones) que se aplicarían, pero la ley es clara cuando dice que los servidores públicos estamos obligados a resguardar los documentos bajo nuestra dirección por el mínimo de 10 años”, añadió el colegiado, quien no quiso decir cuánto tiempo esperarán a Castillo.
Sin embargo, el vicepresidente de la Contraloría, el colegiado Luis Ángel Montenegro, dijo que las sanciones van a depender de las circunstancias en las que se perdió el documento.
“Habría que ver si se perdió primero, y si fue así, estudiar si usó mala fe en eso, porque si es así, cabe hasta una presunción de responsabilidad penal para quienes no lo resguardaron a como manda la ley”, dijo Montenegro.
Cabe recordar que Castillo recibió las instalaciones de INE de manos de los directivos de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep). Leonel Aguirre Sevilla, entonces Intendente de Energía, dirigía estas oficinas, y durante los apagones de septiembre de 2005, confesó que estaban revisando el contrato original para ordenar una auditoría operacional a Fenosa.
Argüello dijo que si el contrato original no es encontrado en INE, pedirán a Unión Fenosa una copia del mismo con base en lo que establece la ley. “La ley nos faculta para pedir a particulares que han contratado con el Estado, la documentación que necesitemos para realizar nuestro trabajo”, dijo Argüello.
Piden informe de cumplimiento de Fenosa
A la vez, los colegiados decidieron pedir a Castillo un informe sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa española al asumir la distribución de energía en septiembre de 2000.
“Queremos ver si el INE ha dado seguimiento al grado de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de mejoras del servicio que asumió Unión Fenosa, porque lo que vemos es que en los últimos días las cosas se han empeorado”, dijo Argüello.
Aprueban contratación directa
Asimismo, el titular de la CGR señaló que ayer aprobaron que la planta estatal Gegsa compre de manera directa tres millones de galones de combustible a cualquiera de las cuatro empresas petroleras que distribuyen derivados del crudo en el país, siempre y cuando sea la oferta más barata para el Estado.
“Nos plantearon que si se meten a licitar, pasarían seis meses sin saber quien ganó esa licitación y por eso dimos luz verde para que contraten directamente, y que no nos vayan a echar la culpa después de que no hay luz porque nosotros dijimos que no (a la compra directa)”, dijo Argüello.
Montenegro explicó que después de revisar la información que les suministre INE, realizarán un análisis de la misma para posteriormente ordenar una auditoría especial en el caso.
El titular de INE, David Castillo, ayer nuevamente se mostró en disposición de responder a la petición de la Contraloría, pero en carta remitida a EL NUEVO DIARIO, aclaró que jamás señaló a los directivos de la Sisep como los responsables de la pérdida del contrato de concesión, lo que deberá aclararse mediante una investigación.