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El principio del fin para Guantánamo

* Dictamina que el presidente excedió sus poderes y violó la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, al constituir tribunales militares ilegales * Fallo judicial acelerará el cierre de la cárcel de alta seguridad en territorio cubano * Decisión podría tener fuertes consecuencias en la forma como Washington lleva adelante su "guerra contra el terrorismo"

Washington / EL PAÍS-AFP
En un gran revés para la "guerra contra el terrorismo" del presidente George W. Bush, la Corte Suprema estadounidense dictaminó este jueves que el mandatario excedió sus poderes y violó la Convención de Ginebra al instituir tribunales militares de excepción para juzgar a los "combatientes enemigos" detenidos en Guantánamo (Cuba).
En una votación 5-3, la Corte estimó que el gobierno violó la Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra, y el código de justicia militar estadounidense, al ordenar que un tribunal militar procesara al yemení Salim Ahmed Hamdan, ex chofer del líder de Al-Qaida Osama bin Laden.
La decisión podría tener fuertes consecuencias en la forma como el gobierno lleva adelante su "guerra contra el terrorismo" y sobre el futuro de la prisión de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene a unos 440 detenidos en un limbo legal, afirmando que son "combatientes enemigos".
Bush, quien rehusaba juzgar a estos detenidos en tribunales civiles, dijo este jueves que tomará "seriamente" la decisión de la Corte Suprema. "Todavía no pude revisar las conclusiones de la Corte Suprema. Quiero asegurarles que vamos a tomarlas seriamente", dijo Bush. "Actuaremos conforme a la Corte Suprema, analizaremos la decisión", agregó.
Un gran golpe para Bush
Anthony Romero, Director Ejecutivo de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Derechos Civiles), que ha sido uno de los mayores oponentes de estos tribunales, dijo que el veredicto era un gran golpe para los planes del gobierno de Bush. "La Corte Suprema ha dejado claro que el Poder Ejecutivo no tiene un cheque en blanco en la 'guerra contra el terrorismo' y no puede atropellar el sistema legal de la nación", comentó.
El dictamen es crucial para el futuro del muy criticado campo de Guantánamo y representa una prueba para los amplios poderes presidenciales usados para los primeros tribunales estadounidenses destinados a juzgar crímenes de guerra luego de la Segunda Guerra Mundial.
El fallo del máximo tribunal se refiere a un dictamen previo mediante el cual una corte de apelaciones había declarado legales a los tribunales militares de excepción y que no violaban la Convención de Ginebra. "La decisión de la corte de apelaciones es revertida y el caso vuelve atrás para nuevos procedimientos", dijo la Corte Suprema.
Salim Hamdan, detenido en Afganistán en noviembre de 2001 e inculpado de complot en julio de 2003 por un tribunal militar de excepción, presentó un recurso contra estos organismos, creados sin intervención del Congreso luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. "Los procedimientos adoptados para juzgar a Hamdan también violan las Convenciones de Ginebra", estimaron los jueces.
La Convención de Ginebra considera, "obviamente, una gran flexibilidad para juzgar a las personas capturadas durante un conflicto armado. Sus exigencias son generales, concebidas para adaptarse a una gran variedad de sistemas judiciales. Ellas no son menos exigentes. La comisión (tribunal militar) que el presidente instauró para juzgar a Hamdan no satisface estas exigencias", indicó la Corte.
Bush dijo este mes que deseaba cerrar la prisión de Guantánamo, pero recalcó que los prisioneros más peligrosos deberían enfrentar la justicia, y agregó que esperaría la decisión de la Corte Suprema antes de decidir el futuro de estos juicios. Los abogados de Hamdan argumentaron que estos tribunales no habían sido aprobados por el Congreso.
Bush declaró por su parte que no había consultado al Congreso porque había usado las facultades extraordinarias que le dio la legislatura una semana después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, para tomar todas las acciones necesarias contra los implicados en los ataques.
Los primeros tribunales fueron establecidos en junio de 2004, pero sólo 10 prisioneros han sido formalmente acusados, y todos los juicios fueron suspendidos en espera del fallo de la Corte Suprema.
Los días contados para Guantánamo
Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo no dice nada sobre el futuro de Guantánamo, aunque la situación de la prisión cambiará en el corto plazo, según las opiniones de los expertos y las propias manifestaciones de la Casa Blanca. Con el fallo lo que cambia es la forma en la que los detenidos deben ser juzgados y cómo debe ser su tratamiento legal. El limbo en el que están los 450 presos de Guantánamo no se despeja, pero las repercusiones del fallo son de tal calibre que probablemente podrían suponer el principio del fin de la cárcel.
“Yo creo que Guantánamo tiene los días contados”, aventura José Miguel Vivanco, responsable para las Américas de la organización Human Rights Watch. “Después de un fallo tan contundente como el del Tribunal Supremo no creo pecar de optimista al decir que da un golpe de gracia a la prisión, en la medida en que desautoriza y deslegitima las políticas de lucha contra el terrorismo al margen del control judicial del Gobierno”.
El pasado miércoles, Bush reiteró de nuevo su deseo de cerrar Guantánamo, y dio algún detalle sobre los planes: “Una de las cosas que vamos a hacer es enviar a detenidos de vuelta a sus países de origen; allí quedan unos 400, hemos devuelto ya a unos 200. Hay algunos que tienen que ser juzgados en tribunales norteamericanos. Han asesinado a sangre fría, y volverán a matar si salen libremente a la calle”.
Ayer, John Snow, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el presidente quiere cerrar la prisión, “pero eso no quiere decir que se pueda hacer rápidamente; se hará tan pronto como sea posible”. Snow añadió que “hay un centenar de presos que están en el proceso de repatriación a sus países de origen; hay un grupo de ellos que son tan peligrosos que esos países se niegan a aceptarlos; y hay otros que tendrán que pasar por los tribunales de EU”.
En opinión de Vivanco, “sería posible que el Gobierno estadounidense estuviera manteniendo conversaciones con otros gobiernos, de Europa y de otros lugares, para que se hicieran cargo de algunos de estos presos”. Para el directivo de Human Rights Watch, los “golpes” que el fallo del Tribunal Supremo asesta a la política antiterrorista del Gobierno y que repercutirán en el futuro de Guantánamo se resumen así:
“La decisión cuestiona la piedra angular del Gobierno para sus políticas extraordinarias, que era invocar la decisión del Congreso de apoyar el uso de la fuerza y de cualquier medio en la guerra contra el terrorismo; el Supremo le dice a la Casa Blanca que no tiene autoridad para fijar un régimen jurídico alternativo sobre los que están presos en Guantánamo; le dice que son ilegales los procedimientos adoptados hasta ahora en los procesos, porque impiden que los detenidos puedan tener juicios justos, y subraya que el artículo III de la Convención de Ginebra sobre el trato a los presos y sus juicios afecta a cualquier detenido en la guerra global contra el terrorismo, ya esté en Guantánamo, en la base de Baghram o en las prisiones secretas”.
Por la prisión de Guantánamo, acondicionada después del 11-S y que acogió a los primeros detenidos de la guerra de Afganistán en enero de 2002, han pasado cientos de personas. Ahora hay unas 450, de las que sólo 10 están procesadas a través de las comisiones militares que el Supremo invalidó ayer. En febrero de este año, un informe de cinco expertos encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó su cierre y afirmó que la alimentación forzosa de los presos que estaban en huelga de hambre para reclamar un cambio en su situación legal “equivale a un acto de tortura”.
Hace 20 días, tres de los presos se suicidaron; ninguno estaba formalmente acusado.