Nacional

MTI puede rescindir contrato con Tradeco

* Cámara de la Construcción: No afectar intereses del Estado * Diputado: “A lo mejor hay coimas sin pagar”

Oliver Bodan

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) puede rescindir el contrato firmado con la empresa mexicana Tradeco por la rehabilitación de la carretera Chinandega-El Guasaule, sin necesidad de pagar los US$5,400,077.16 millones de dólares exigidos por los aztecas para cancelar el compromiso.
Según el documento Pliego de Bases y Condiciones para la Ejecución de Obras del Proyecto Rehabilitación de la Carretera Chinandega-El Guasaule, en poder de EL NUEVO DIARIO, en su sección 3, “Condiciones del Contrato”, el gobierno tiene un asidero jurídico para evitar el injustificado reclamo de los mexicanos.
“Sin perjuicio de lo antes expuesto, el contratante podrá rescindir el contrato por conveniencia”, cita la cláusula 58.4 de dichas Bases y Condiciones, base legal, técnica y financiera para la ejecución de la obra.
Tradeco pide US$5,400,077.16 millones de dólares más por cancelación de contrato, a pesar de las abrumadoras irregularidades técnicas y financieras de la obra, cuya construcción aún no concluye.
La empresa azteca ha recibido hasta ahora US$19.5 millones por el proyecto, pero actualmente tiene una demora de más de seis meses. El proyecto implica rehabilitar 72 kilómetros de vía, pero un injustificado sobreprecio de más de ocho millones de dólares --bajo la administración del ex ministro Pedro Solórzano-- ha provocado serios atrasos.
Cámara de la Construcción: “ventana legal”
El ingeniero Fernando Valle, Gerente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), calificó como una “ventana legal” el artículo del Pliego de Bases y Condiciones.
“Es una ventana legal. Es más, en la Ley de Contrataciones se establece el derecho a la terminación de las obras por parte de la entidad contratante por razones de interés público. En este caso, claro que se puede rescindir el contrato”, dijo Valle.
“El asunto es que la propia ley sostiene que cuando un contrato lo rescinde la entidad contratante sin tener causas justificadas para hacerlo, debe de dar las compensaciones apropiadas”, expresó.
Sin embargo, aclaró que “si a Tradeco se le plantea de una manera formal que la obra estuvo sobrevaluada y que existieron violaciones a una serie de procedimientos, pudiera llegarse a una negociación o a un cierre del proyecto” sin afectar los intereses financieros del Estado.
Valle recordó que aunque el reclamo tiene fundamento legal, “el hecho de que la obra estuviese sobrevaluada, significó que el Ministerio la tuviera que suspender”, problema en el que Tradeco está directamente involucrada.
Benjamín Lanzas: reclamo “exagerado”
El ingeniero Benjamín Lanzas, presidente de la empresa constructora Llansa Ingenieros, consideró incorrecto el reclamo de Tradeco, porque más bien cobró de más por la obra.
“No sé que es lo que reclama Tradeco para pedir esa cantidad de dinero, cuando el proyecto, de acuerdo a toda la información que tú tienes y tiene la Cámara, más bien se sobrepasó en ocho millones de dólares en exceso de los presupuestos ya elaborados por nicaragüenses y extranjeros”, señaló Lanzas.
El constructor consideró “injusto” pagarle cinco millones de dólares adicionales a la compañía mexicana: “No es justo que paguemos más. Antes que eso el Ministerio de la Construcción debería de rebatir todos los argumentos que pueda tener el constructor, viendo que la adjudicación y el procedimiento fue difícil. Le costó ocho millones de dólares más al gobierno, y encima de eso, todavía cinco millones más… es moralmente un poco difícil”.
Diputado: “Hay coimas sin pagar”
El legislador Wilfredo Navarro consideró como una “actitud delincuencial” el reclamo de la empresa azteca.
“Es una actitud delincuencial, porque está reforzada por funcionarios del gobierno. Hay que abrir proceso penal a los funcionarios que se coludieron con Tradeco para estafar al Estado y a los socios de Tradeco, que son cómplices de este fraude al Estado”, dijo Navarro.
Navarro recordó que Tradeco legalmente está expulsada de cualquier proyecto en Nicaragua. “Por primera vez en la historia de este Parlamento establecimos claramente que no se le debe de dar el financiamiento de la segunda fase de un proyecto a una empresa. El gobierno --y específicamente el MTI-- está empecinado porque se le otorgue a Tradeco, porque yo entiendo que a lo mejor hay coimas que todavía no se han pagado y con esta segunda fase las van a pagar”.