Nacional

Arreglo con DGI por el Edificio Pellas

* Reclamo de pago de US$2.5 por exoneración ilegal otorgada por Byron Jerez, se redujo a 1.3 millones

Oliver Bodan

La Dirección General de Ingresos (DGI) llegó a un arreglo de pago con Inmobiliaria BAC por la cuestionada exoneración de impuestos en la construcción del Edificio Pellas, sede corporativa del principal grupo económico del país y sus empresas.
La Contraloría ordenó a la DGI, en julio de 2004, la recuperación de US$ 2,548,160.12 “en razón de la exoneración del Impuesto General al Valor (IGV) a favor de la Empresa Inmobiliaria BAC S.A.” por la construcción del Edificio Pellas “sin que existiera base legal”.
La resolución del ente fiscalizador de julio de 2004, requirió al director de la DGI, Róger Arteaga, para que realizara con dicho contribuyente “todas las gestiones necesarias para la recuperación efectiva de la suma que le correspondía recaudar”.
17 pagarés
La DGI aceptó un arreglo de pago por US$ 858,742.36, a cancelarse en 17 pagarés de C$ 370,000.00 cada uno, de febrero 2006 a junio 2007, y un “ballon payment” por C$ 9,295,115.01 en julio de 2007.
Según una comunicación revelada por Arteaga, Mauricio Morales Medrano, representante legal de Inmobiliaria BAC, le envió el pasado 17 de enero una carta en la cual de nuevo rebatió los argumentos jurídicos que le conminan a pagar la cuestionada exoneración.
De acuerdo con el documento titulado: “Nota sobre el caso Inmobiliaria BAC”, de los US$ 2,548,160.12 determinados por la CGR, el contribuyente “pagó por compra de bienes y servicios para la construcción del edificio multiusos de Inmobiliaria BAC, la suma de US $ 1.689,417.76”.
Según la información de la DGI, que parece escrita del puño y letra de Morales, “en vista de que durante el proceso de construcción la empresa no genera débito fiscal, el IGV pagado en las compras de bienes y servicios se acumulaba como un crédito a favor de Inmobiliaria BAC”.
Luego, la nota de la DGI invoca dos argumentos de Morales, que justifican el pago incompleto de la exoneración. “De conformidad con el Reglamento de la Ley del IGV en sus artos. 21 y 22, los créditos a favor del contribuyente podían ser compensados o devueltos al contribuyente”.
“Previo al proceso de devolución del IGV pagado a Inmobiliaria BAC, las autoridades de la DGI de ese entonces, a través del Departamento de Devoluciones, efectuaron revisión de las facturas pagadas a los proveedores de Inmobiliaria BAC, determinando mediante auditoría un ajuste por C$ 1,794,868.41, que fue pagado por Inmobiliaria BAC con recibo fiscal No.27109789 de la Renta del Centro Comercial Managua el 24 de diciembre de 2004”.
Por medio de esta operación, Inmobiliaria BAC calculó como “saldo restante” la cantidad de “US$ 858,742.36, en concepto de franquicias otorgadas a Inmobiliaria BAC por las autoridades de ese entonces”.
“El Lic. Mauricio Morales Medrano, mediante acuerdo de entero, se compromete a enterar el monto del IGV antes referido y que se opere la acreditación que corresponde según la ley una vez enterado”, señala.
Respuesta de la DGI
El 27 de enero de 2006, Arteaga accedió a lo solicitado sin explicar razones técnicas al respecto, puesto que sólo se conocen los argumentos del contribuyente, “firmándose el correspondiente arreglo de pago y que opere la acreditación respectiva”.
Finalmente, el seis de febrero pasado Inmobiliaria BAC “procedió al reconocimiento del adeudo por los US$ 858,742.36 del IVA de las franquicias, y que es acreditable según la ley”.
“Procediendo a firmar 18 pagarés a la orden de la Dirección General de Ingresos con mantenimiento de valor con relación al dólar de los EU, detallados así: 17 pagarés de C$ 370,000.00 cada uno de febrero 2006 a junio 2007, y un ballon payment por la suma de C$ 9,295,115.01 en julio 2007. Todos con mantenimiento de valor respecto del dólar”, citó el documento que envió Arteaga. Según el funcionario, a partir de febrero iniciaron los pagos.
Resolución de la Contraloría
La resolución emitida por la Contraloría en julio de 2004 fue tomada con base en el artículo 10, inciso 15, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que ordena “requerir a los respectivos funcionarios y empleados que hagan efectivo el cobro de las obligaciones a favor de las entidades y organismos del sector público”.
La DGI, bajo la administración de Byron Jerez, otorgó esta exoneración en 1999, argumentando “que el proyecto en su totalidad beneficiará a la economía general del país y al turismo”, y otorgando al Edificio Pellas los beneficios contemplados en el Decreto 520 sobre Incentivos a las Inversiones Hoteleras y Centros de Diversión, y la Ley 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua.
Sin embargo, según la resolución de la CGR, se comprobó que “al no cumplirse las condiciones y requisitos que establecían los artículos 2 y 4 del referido Decreto 520, ni tampoco las actividades expresamente definidas en el artículo 3 de la Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua, la que derogó el referido Decreto 520, resulta claro lo impropio de dicha exoneración”.
Intur nunca autorizó
Y para despejar cualquier duda, añadió: “Por su propia naturaleza comercial, dicho proyecto de construcción no se ajusta a la descripción de las actividades turísticas señaladas en el precitado Arto. 3 de la Ley 306. Este aspecto fue corroborado por el doctor Silvio Armando Mendoza Vargas, Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), según constancia del 29 de julio de 2003, que consigna que el mencionado proyecto no fue autorizado por el Intur para obtener los beneficios e incentivos fiscales dispuestos en la Ley 306”.
“De igual manera, mediante comunicación del 3 de noviembre de 2000, se verificó que el licenciado Roberto Mayorga, responsable de la Unidad de Análisis y Evaluación de Proyectos de Intur, informó al licenciado Iván Saballos Patiño, entonces gerente general de la empresa Inmobiliaria BAC S.A., que el referido proyecto del Edificio Multiusos, denominado Centro BAC, no fue registrado ni autorizado por el Intur para obtener los beneficios e incentivos fiscales otorgados por la Ley 306”, agregó.

La historia de una exención ilegal
Alegatos y justificaciones
La primera justificación de dicho privilegio fiscal fue la “equiparación” del proyecto con otras inversiones realizadas en la capital: Metrocentro, Interplaza, Hotel Princess, Montelimar y Holiday Inn. Fue entonces cuando invocaron el Decreto 520 sobre “Inversiones Hoteleras, Centros de Diversiones y Hospitales”.
Luego defendieron el privilegio de otra forma: lo calificaron como un “incentivo mínimo” que consistía en “diferir el pago del IGV” hasta que el proyecto generara ingresos. Sin embargo, tanto la Contraloría como la DGI aclararon en su momento que la ley no faculta dicho “diferimiento”.
Ahora, en la última carta enviada a la DGI --la del 27 de octubre de 2004, firmada por Jerónimo Reyes--, el Grupo Pellas reconoció que la aplicación del Decreto 520 no tuvo ningún sustento legal e invocó la legislación tributaria común.
Caso BAC sigue abierto en la Contraloría
La fuente explicó que la CGR no ha dicho la última palabra sobre el acuerdo de pago suscrito por el contribuyente y el Grupo Pellas. “La Contraloría tuvo que intervenir y ordenó a la DGI que cumpliera con la ley haciendo efectivo el cobro que se negaba a realizar, de manera que ahora debe evaluar el arreglo”, comentó.
“¿Por qué mediaron dos años entre la orden de cobro que emitió la CGR a la DGI y el supuesto cierre del caso mediante el convenio de pago?”, preguntó la fuente de la CGR.
Según el artículo 17 de la Legislación Tributaria Común, cualquier exoneración otorgada por la vía administrativa, que no derive de una disposición legal expresa, es completamente nula.
Otro de los puntos que llamó la atención de la Contraloría es que transcurrieron siete años sin que el principal grupo económico del país pagara este adeudo tributario de decenas de millones de córdobas, “pero, inexplicablemente, la DGI nunca le aplicó una multa a este gran contribuyente”, dijo la fuente.