Nacional

Procuraduría entra al rescate de reos del buzón de Jinotepe

* Fiscalía y Policía indignados por desnaturalización de investigaciones

Alberto Cano

JINOTEPE, CARAZO
Todos los implicados en el hallazgo de un buzón de armas en Carazo, también vinculados con la supuesta comisión del delito de transporte de drogas, podrían quedar en libertad por la manera oficiosa con que actúa a favor de los procesados la Procuraduría General de la Republica, que acusó autónomamente, pese a que en la audiencia inicial donde se programó el juicio, la representación del Estado estuvo muy de acuerdo en adherirse a la acusación que en su momento presentó el Ministerio Público de Carazo.
El problema, comentó el fiscal Gerardo Suárez Fuentes, no es que la Procuraduría, en calidad de víctima, acuse individualmente, sino más bien la manera en que la representación del Estado está actuando, contradiciendo incluso la investigación y haciendo peticiones a la juez que conoce la causa, a la que mandan a investigar, cuando no es su competencia.
Quiere implicar a la jueza
También piden que cite a los testigos y peritos, que levante el sigilo bancario, cuando esto es competencia del Fiscal General, y hasta le piden que ordene un peritaje “trazológico” en el cilindro donde fueron halladas las armas, no se sabe con qué finalidad, y cuyo resultado, según el fiscal, sería conocido de primera mano por la juez.
Eso significa que la misma judicial estaría en capacidad de emitir juicio “a priori”, con lo que la Procuraduría quebranta el principio acusatorio en el que sólo las partes podrán presentar pruebas.
Para colmo, la Procuraduría, cuestionando la investigación hecha por la Fiscalía, pide a la juez una inspección en el lugar de los hechos para determinar si existe visibilidad, cuestiona la prueba de Ioscan, hecha a los residuos de cocaína encontrados en los camiones, y hasta cambia el rol de los peritos, pues en la acusación de la Procuraduría, Jorge Hernández Páramo aparece como la persona que sacó el chimbo.
Dualidad beneficiará a reos
Más todavía, cuestiona que el recipiente sea para almacenar armas y lo presentan como almacenador de gasolina, mientras la acusación de la Fiscalía demuestra claramente que el chimbo fue diseñado para almacenar armas.
Llama la atención también que Páramo fue el que inspeccionó el camión Hyundai donde la prueba de Ioscan dio positiva con la tenencia de cocaína, en otras palabras, la Fiscalía cree y tiene certeza de que hay dos denuncias con hechos totalmente diferentes, lo que da pie a los defensores a pedir que los reos sean puestos en libertad.
El chimbo, según la denuncia de la Procuraduría, estaría enterrado a 20 metros de la casa, y la Fiscalía sostiene que a 38, lo que fue debidamente cotejado por los especialistas de la Policía Nacional que estuvieron en la escena del crimen.
Pretenden viciar proceso
La Procuraduría, igualmente, insiste en acusar por la supuesta comisión del delito de tráfico droga, delito que conlleva venta, permuta y otros, en los que para nada la Fiscalía ha relacionado a los procesados, pues más bien acusó por transporte, que es totalmente diferente.
Mientras tanto, la Procuraduría habla de Asociación Ilícita para Delinquir, que representaría menos cárcel para los que resulten culpables, si no es que los defensores logran sacarlos antes de prisión.
A todas luces, dijo el fiscal, lo que se observa es poca colaboración de la Procuraduría, por cuanto lo que pretenden sencillamente es viciar el proceso y darle carácter de nulidad después del arduo trabajo desarrollado por la Fiscalía, a pesar de que el Estado aparece como víctima y se hace representar por la Procuraduría, dijo el fiscal Suárez.
La acusación de la Procuraduría, que ya fue admitida, fue presentada por doctora Ada Luz Valerio Barrera en la audiencia preparatoria el 24 de mayo pasado, y cuestionada por la Fiscalía de Carazo, ya que sólo se encontraban los defensores, y el solo hecho de que no estuvieran los reos daba nulidad a lo actuado, y eso fue precisamente lo que alegó la Fiscalía, pero no hubo manera de que el asunto fuera enmendado.
Juicio seguirá “en veremos”
Mientras tanto, el juicio seguirá “en veremos”, y los procesados, Javier Briceño Sandino, Franklin Ibarra Hernández, Franklin González Cuarezma, Lenín Ramos Roa, Daniel Moisés Campos, Javier Solís, Eddy Leypón y Egner Manuel Trejos Salinas, cinco de ellos de Managua, tendrán que aguardar el proceso al que tienen derecho.
El 20 de abril, la Policía de Jinotepe, con información de la Dirección de Drogas, allanó una finca, donde encontró armas de guerra, silenciadores, chalecos antibalas, radios comunicadores y cuatro vehículos, dos de ellos camiones, y uno, según la Fiscalía, propiedad de Leypón.
El camión de Leypón tenía capacidad para transportar de 800 a 1000 kilos de cocaína, y una camioneta Toyota de una cabina, también encontrada en la finca, para transportar 120 kilos, según Suárez.