Nacional

Embargo ilegal en una persecución implacable

Todo porque la Fundación que lo contrató descubrió que había pertenecido a la Seguridad del Estado

Eloisa Ibarra

Aunque la Ley lo prohíbe, el juez civil de distrito del Tipitapa, Roberto Gómez Rosales, ordenó embargar toda la indemnización laboral al sociólogo César Quezada Sobalvarro, y una juez suplente de Boaco, en igual violación, lo ejecutó a petición de la Fundación José Nieborowski.
Pero además, aunque el domicilio de la Fundación es Boaco y el juicio laboral se llevó en ese departamento, el representante legal de dicha fundación promovió el embargo preventivo en Tipitapa.
Según el juez Gómez, los embargos preventivos, por costumbre, aunque no sea lo correcto se decretan, no se niega la petición a nadie, porque después la otra parte puede alegar la incompetencia de jurisdicción o nulidades.
En este caso, todo comenzó con un contrato de trabajo, entre Quezada y la Fundación por un año, de junio de 2003 a junio de 2004, para que se desempeñara en el cargo de Gerente de Operaciones, teniendo un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes y de ocho a doce del día el sábado.
Lo despiden por “su gran pecado”
Todo transcurría normal, según Quezada, hasta que el 14 de octubre de 2003, Jenny Reyes Alcántara, Directora Ejecutiva de la Fundación, le envía una carta informándole que prescinden de sus servicios, como Gerente de Operaciones, de conformidad con el artículo 45 del Código Laboral.
Reyes le envía una carta al Inspector Interino del Ministerio del Trabajo, y en ella informa que Quezada fue despedido, aplicándole el artículo 45 del Código del Trabajo, porque en su currículo, omitió decir que había pertenecido a la Seguridad del Estado.
Quezada explicó que perteneció a la Seguridad del Estado, y aunque así hubiese sido, el despedirlo sin pagarle sus prestaciones sociales, es una violación a sus derechos humanos y laborales.
Reveló que los miembros de la Fundación llegaron a tal grado, que en una carta del primero de noviembre de 2004, firmada por Araceli Castillo Gutiérrez, en calidad de Gerente General, prohíben terminantemente a los empleados tener cualquier tipo de comunicación, laboral o personal con él, de lo contrario se tendría como deslealtad a la Fundación.
Gana juicio
Quezada, quien tenía un salario de cuatro mil dólares, demandó a la Fundación por el pago de los meses restantes del contrato de trabajo firmado por un año, más las prestaciones sociales de ley. Después de un largo proceso, gana el juicio en primera instancia donde le reconocen 874,096 córdobas como indemnización.
La Sala Civil y Laboral de Juigalpa, Chontales, el pasado 14 de marzo, da lugar a la demanda y ordena a la Fundación pagarle 93 mil dólares a Quezada, porque el demandante tenía vínculos de dependencia con su patrón como establece el artículo 19 del Código Laboral.
En una inspección en el juicio, constatan la contratación de Quezada, los comprobantes de pago y la liquidación. La Sala consideró que la Fundación actuó de mala fe al negar la existencia del contrato, y ordena el pago reclamado por el demandante en el término de tres días después de la notificación.
Pero en vez de pagarle en cumplimiento de la sentencia, el pasado 21 de marzo los representantes de la Fundación recurren de Amparo en contra de los magistrados de la Sala Civil y Laboral, Víctor Manuel Báez, Carlos Alberto Padilla y Gilberto Cerna Moncada, por la sentencia emitida a favor de Quezada.
Como los funcionarios recurridos son los mismos que integran la Sala Civil y Laboral, los recusa, y la otra sala rechaza el amparo, quedando firme la sentencia laboral.
Encima de eso lo embargan
Al perder el caso, la Fundación interpone en Tipitapa un embargo preventivo contra Quezada, hasta por 90 mil dólares, para que responda por daños y perjuicios que pueda causar. Señalan como bienes embargables los créditos litigiosos concedidos a su favor en sentencia del 14 de marzo de 2006, dictada por la Sala Civil y Laboral de Juigalpa.
El juez Gómez accede a embargar toda la indemnización como le pide la Fundación, aunque la ley lo prohíbe, pues ni por pensión alimenticia se puede hacer.
Gómez reconoció que debía rechazar de entrada la petición, incluso a la hora de presentar la demanda se les caería. “Pero a veces, son cosas que pasan por la carga de trabajo, y los jueces se fijan más en el valor de la propiedad que ponen como fianza, en este caso, un bien valorado en 2.5 millones de córdobas”, trató de justificar.
La Fundación ejecuta el embargo en Boaco, con una juez suplente, y después regresan a Tipitapa para bonificarlo con la demanda que el juez Gómez le da trámite y cita la mediación a las partes, lo cual está pendiente.
Muchas veces, indicó Gómez, uno peca de crédulo, porque el abogado presenta en secretaría y uno firma, pero el daño mayor se causa cuando se ejecuta, porque el juez que lo va a ejecutar debe revisar que todo este correcto.
Los abogados de la Fundación, afirmó Gómez, deberían de haber interpuesto la solicitud de embargo en Boaco, si su domicilio es allá, pero se ha hecho costumbre interponerlos en cualquier departamento, por eso se exigen los 15 días para bonificar la demanda.
Hay jueces que de entrada rechazan las peticiones cuando hay nulidades, pero otros, como yo para curarme en salud, mejor le doy entrada y que la parte alegue sus derechos, en este caso, podría de oficio dictar una resolución, pero es mejor que lo alegue la parte.
No obstante, reconoció que la ley obliga al juez a pronunciarse de oficio cuando encuentra nulidades que afectan el orden público, y más cuando esas nulidades constan en autos. “Debería de oficio pronunciarme cuando hay nulidades que afectan el orden público, pero a veces por eso uno es sujeto de queja de la otra parte”.
En este caso, dijo que aunque el representante de la Fundación mintió en cuanto al domicilio y pidió embargar toda la indemnización laboral, lo cual es ilegal, no puede informar a la CSJ de esa actuación porque le corresponde a la parte perjudicada.
Gómez dijo que desconoce las circulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la jurisdicción para solicitar un embargo preventivo, ejecutarlo y bonificarlo, con los cuales se pretenden evitar el tráfico de influencia y la corrupción.