Nacional

AI destaca brutalidad policial en Nicaragua

* Informe de 2005 reseña drama de bananeros, indígenas y hasta de gay y lesbianas

Vladimir López

El uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes aparece destacado en el último informe sobre los derechos humanos en Nicaragua que sacó a luz pública el organismo Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional de 2005, dado a conocer esta semana, destaca que “algunos agentes de la Policía hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante al menos dos manifestaciones.
“En febrero, tres personas que habían ocupado la finca La Pañoleta, en Chinandega, murieron, según informes, a manos de agentes de Policía, mientras eran desalojadas por la fuerza”. Asimismo, el informe expresa que los trabajadores de las plantaciones bananeras, empleados antes por empresas multinacionales estadounidenses, intensificaron su lucha por obtener indemnizaciones debido a sus problemas de salud.
Añade el informe que los trabajadores bananeros afirman que el deterioro de su salud es a causa de los pesticidas empleados en las plantaciones durante los años sesenta y setenta y comienzos de los ochenta.
“Entre las dolencias denunciadas”, dice el informe, “figuran cáncer de piel y de mama, problemas de hígado, páncreas y riñón, trastornos nerviosos y abortos. Se estima que cerca de 22,000 ex trabajadores y familiares suyos se han visto afectados”.
Añade Amnistía que, según informes, al concluir 2005 habían muerto más de 1,000 ex trabajadores de las plantaciones bananeras a causa de enfermedades relacionadas con los pesticidas.
“Hubo protestas por el incumplimiento de un acuerdo firmado en marzo de 2004, donde el gobierno se comprometió a proporcionar asistencia médica y legal a los afectados. En agosto se firmó un nuevo acuerdo, en virtud del cual se establecía una agenda legislativa para abordar las exigencias de los trabajadores, en particular las vinculadas con el acceso a servicios de salud”, indica el informe.
Apunta que al concluir el año había varios mandatos judiciales contra empresas multinacionales en Nicaragua y Estados Unidos que todavía están pendientes de aplicación o en espera del resultado de apelaciones presentadas por las empresas.
Los pueblos indígenas
En cuanto a los pueblos indígenas, Amnistía Internacional recuerda que en junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, falló a favor de la agrupación indígena Yabti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama), por considerar que se habían violados sus derechos a garantías judiciales, lo que les impidió participar en las elecciones municipales de 2000.
“En mayo”, apunta el informe, “la comunidad indígena de Awas Tingni solicitó la intervención de la CIDH pidiendo de nuevo reparaciones adicionales. El gobierno de Nicaragua no había cumplido con una resolución de 2001 de la Corte, que ordenaba proporcionar a la comunidad reparaciones, demarcar sus tierras y otorgarle los títulos de propiedad”.
Manifiesta que la demanda fue presentada después de que el Estado hubiera concedido una licencia de explotación a una empresa maderera extranjera dentro del territorio ancestral de la comunidad, sin el consentimiento de ésta y en contravención de la legislación nacional y regional.
Violencia contra las mujeres
En el informe se plasman los altos índices de violencia contra las mujeres y la respuesta inadecuada de las autoridades. Según información publicada en los diarios, 25 mujeres y niñas murieron entre enero y agosto como consecuencia de la violencia doméstica o la violencia sexual.
* A Xiomara Obregón Hondoy la mató a tiros su pareja el 12 de abril. Había denunciado el comportamiento violento y abusivo de su compañero en varias ocasiones, pero las autoridades no tomaron medidas adecuadas para protegerla.
Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
La prestigiosa organización vigilante de los derechos humanos también señaló que Nicaragua siguió tipificando como delito las relaciones de gays y lesbianas. “A la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, según informes, se le impidió presentar denuncias y se las sometió a detenciones arbitrarias y a abuso de autoridad por parte de agentes de Policía”, dice el informe.