Nacional

Fiscalía abre investigación en lo penal por caso Cenis

* Indagación a partir de los reportajes de EL NUEVO DIARIO sobre “Radiografía de un fraude” * Superintendente se escuda en sigilo bancario para rechazar pedimentos de Procuraduría, y jueza Rivas también da largas al asunto

Mientras la Superintendencia de Bancos (SIB) cerró sus puertas a la Procuraduría General de la República (PGR) para cooperar en una investigación de todo lo relacionado a la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), la Fiscalía inició una investigación criminal para llegar a fondo.
“Hemos nombrado al fiscal auxiliar Elton Ortega para que se encargue de abrir una investigación criminal en el caso de los Cenis”, informó el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez.
Indicó que la decisión la tomaron el pasado 15 de mayo con base en unos reportajes que realizó EL NUEVO DIARIO llamados “Radiografía de un Fraude”, y en una denuncia de la Coordinadora Civil (CC).
La investigación será encabezada por la Fiscalía, pero la realizará una comisión interdisciplinaria conformada por la Contraloría, la Policía Nacional, la SIB y el Banco Central de Nicaragua (BCN).
“Vamos a hacer esta investigación como lo hemos hecho en otras ocasiones: con base en una noticia crimen, que son precisamente esos reportajes de EL NUEVO DIARIO”, dijo Centeno.
De la A hasta la Z
/b>Asimismo, el fiscal aseguró que con esta investigación abordará desde la “A” hasta la “Z” de todo el proceso de emisión de los Cenis, que sirvieron para cubrir las brechas bancarias derivadas de las quiebras del Interbank, Bancafé, Bamer y Banic, durante la Administración de Arnoldo Alemán.
Sin embargo, indicó que ha orientado al fiscal Ortega que haga énfasis en la renegociación de la deuda interna hecha durante el actual Gobierno, y la subasta de bienes del BCN, “porque al parecer fue ahí donde se cocinó la olla podrida”.
El escudo del Superintendente
Mientras tanto, el superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, se escudó en el secreto bancario para no entregarle información a la Procuraduría de la reclasificación de carteras y emisión de los Cenis, y la juez Quinto Civil de Distrito, Ligia Rivas, le dio largas a la orden para levantar el sigilo bancario.
Urcuyo negó al procurador general de la República, Alberto Novoa, la información solicitada el pasado 16 de mayo para iniciar la investigación de la intervención y liquidación de los bancos: Interbank, Bancafé, Bamer y Banic; la reclasificación de cartera y la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).
Urcuyo se amparó en el artículo 30 de la Ley 316 “Ley de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras”, en cuya parte central dice: “Las informaciones obtenidas por los órganos de Dirección y Administración de la SIB, sus funcionarios y agentes en el ejercicio de sus funciones, serán estrictamente confidenciales”.
“No podrán revelar o comentar los datos obtenidos, ni los hechos observados, salvo en el cumplimiento de sus deberes por razón de su cargo, mediante providencia judicial de autoridad competente o según las excepciones establecidas en esta u otras leyes”.
La Procuraduría expresó en una nota de prensa, que en los párrafos anteriores no están comprendidas las informaciones que requieren las autoridades en virtud de atribuciones legales, ni el intercambio corriente de informes confidenciales entre bancos o instituciones similares para el exclusivo propósito de proteger las operaciones en general.
En concordancia con lo anterior, son atribuciones de la Procuraduría el velar por los intereses de la Hacienda Pública; supervisar que las actuaciones de los funcionarios y empleados del Estado en el desempeño de sus funciones estén ajustadas a derecho, y pedir informes a las oficinas públicas sobre datos ilustrativos que requiera para el fiel cumplimiento de sus atribuciones.
La Procuraduría está facultada para “pedir informe a todos los funcionarios públicos, empleados públicos e instituciones y exigirles que cooperen en las diligencias que necesite llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones”.
La contravención a las prohibiciones establecidas en el presente artículo, esgrime Urcuyo, será considerada como falta grave y motivará la inmediata destitución de los que incurran en ella, sin perjuicio de las responsabilidades que determina el Código Procesal Penal (CPP), por el delito de revelación de secreto.
Jueza en la misma onda
La juez Ligia Rivas, mientras tanto, le dio largas al levantamiento del sigilo bancario al abrir un incidente para resolver en un proceso sumario (3-8-3), si ordena al Superintendente levantar el sigilo bancario.
El proceso sumario (3-8-3) significa que el juez tiene tres días para tramitar la petición de la Procuraduría, ocho para abrir a prueba a las partes y tres para resolver, pero estos términos casi nunca se cumplen y los casos se extienden por meses sin resolver.
La decisión de Rivas fue criticada por el procurador auxiliar civil, Humberto Cortés, quien explicó que al abrir un incidente para resolver, la juez dejó en manos del Superintendente el decir que se persona y tiene conocimiento de la situación o argumentar que no está de acuerdo en levantar el sigilo bancario.
De esta forma obligarían a la Procuraduría o bien a la Superintendencia a apelar, lo que significaría alargar más el asunto porque el expediente subiría al Tribunal de Apelaciones, cuando la juez, afirmó Cortés, debería haber ordenado al Superintendente, levantar el sigilo bancario sin mayor trámite.
La Procuraduría esperaba que cuando menos se limitara a poner en conocimiento de la petición al Superintendente, antes de ordenar el levantamiento del sigilo bancario, pero no mandarlo a oír y menos a la Procuraduría, porque la petición está presentada.