Nacional

El festín de los liquidadores


Eloisa Ibarra

Los miembros de las Juntas Liquidadoras sacaron de los “escombros” de los bancos intervenidos verdaderos premios y hasta mayores de la lotería sin comprar los billetes. A algunos les sirvió para cambiar su estatus social y convertirse en empresarios.
Aunque los liquidadores se empeñan en afirmar que los honorarios percibidos son “modestos”, y algunos hasta lo consideran “el peor negocio de su vida”, la verdad es que las cifras indican algo muy distinto.
No en vano, alrededor del nombramiento de los miembros de la Juntas Administradoras y Liquidadoras --2000-2001-- hubo una verdadera lucha entre el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada (prófugo de la justicia), y el ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz (prófugo de la justicia).
El actual superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, dijo que aún no ha aceptado los informes finales del Banco Mercantil (Bamer) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), porque están pendientes dos recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el procedimiento utilizado para calcular la masa de los bienes.
Los informes de las Juntas Liquidadoras del Banco del Café (Bancafé) y el Banco Intercontinental (Interbank) las aceptó, Alfonso Llanes, en calidad de Superintendente en funciones.
La Ley 314, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y otros Grupos Financieros, establece que los liquidadores estarán sujetos a la vigilancia y fiscalización del Superintendente, en la misma forma en que lo están los propios bancos, sin embargo, Sacasa dejó que respondieran al BCN.
Alemán recomendó a sus integrantes y violó la ley
Aunque por ley el nombramiento de los miembros de las Juntas Administradoras y Liquidadoras le correspondía a Sacasa, éste tenía que sacar espacio junto a Duque Estrada y Ramírez para poner sus fichas después de que el presidente Arnoldo Alemán enviaba los nombres de sus recomendados, reveló un alto ex funcionario de la SIB.
En las juntas administradoras del Interbank, Bamer, Bancafé y el Banic, la SIB nombró a funcionarios del propio banco en abierta violación a la Ley 314, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.
Noel Ramírez ha negado que haya nombrado o sugerido a alguien, argumentado que era competencia de Sacasa y la SIB. Pero, Rodolfo Delgado Cáceres, ex Presidente de la Junta Liquidadora del Interbank, reconoció en una entrevista en el 2001 que a él lo recomendó Ramírez, pues le dijo que así podía dormir tranquilo.
En una carta enviada en septiembre 2001, Sacasa dejó claro lo que Ramírez ha negado, su injerencia en el nombramiento de las Juntas Administradoras y Liquidadoras: “Usted recordará que la Junta Administradora de Interbank fue nombrada por el suscrito atendiendo recomendaciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público, así como del Presidente del Banco Central”.
Otra evidencia de la injerencia directa de Ramírez en las Juntas Liquidadora son las cartas enviadas por Delgado en diferentes fechas, en las que pide que tome decisiones sobre bienes y carteras del Interbank.
Delgado siempre consultó a Ramírez sobre las decisiones que debían tomarse en las Juntas Liquidadoras. Por ejemplo, en una carta del 11 de marzo de 2001, le pide que decida el futuro de bienes adjudicados; el 18 de febrero de 2002, que decida sobre diferentes bienes, y el 28 del mismo mes sobre cobros judiciales.
La Ley 314 establece que ningún miembro de la Junta Directiva ni alto funcionario de un banco puede formar parte de una Junta Administradora y Liquidadora, porque la Junta Liquidadora al final de su trabajo tiene que establecer responsabilidades si las encuentra.
Los miembros de la Junta Administradora deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser director de un banco, y están impedidos, por ley, los gerentes, funcionarios ejecutivos y empleados del mismo banco, con excepción del ejecutivo principal.
De accionistas a administradores y liquidadores
En ese afán por poner a sus fichas, la SIB violó la ley, por ejemplo, al nombrar como miembros de la Junta Administradora del Interbank a Samuel Santos, accionista del banco; en el Banic a Guillermo Lugo (último gerente), en el Bancafé a Carlos Matus (último gerente), y en el Bamer a Manuel Centeno, alto funcionario del banco.
El tercer miembro de la Junta Administradora del Interbank fue Guillermo Lugo Alaniz, quien fue sustituido por el entonces gerente general del BCN, Mario Flores, y recomendado por Ramírez.
La Junta Administradora del Interbank afectó al banco al pedir al BCN que gran parte de los cheques en dólares, para respaldar los depósitos, fueran al Banic, donde se cambiaban a córdobas, provocando pérdidas al primero, y ganancias al segundo.
Las copias en nuestro poder indican que, el 16 de agosto de 2000 pidieron cambiar 300 mil dólares, un día después 450 mil dólares, el 21 de agosto 500 mil dólares, tres días después otra cifra igual, y luego eran cambiados a córdobas a favor del Interbank, con la consecuente pérdida.
En esas fechas había dinero en caja del Interbank para respaldar depósitos, por ejemplo, el reporte de caja del 11 de septiembre, un mes después de la intervención, reflejaba 3 millones 800 mil en dólares, 959,700.01 en otro tipo de moneda extranjera y 12 millones 555 mil 669 córdobas, según copias en nuestro poder.
El 13 de septiembre, el reporte refleja 13 millones 335 mil 349 en córdobas; 3 millones 800 mil en dólares y 956,568.10 en moneda extranjera. Pese a esas cantidades, ese día la Junta Administradora solicita al BCN para abastecimiento de bóveda de casa matriz tres millones de córdobas y cien mil dólares.
Sobre esto, la Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación, porque en esas operaciones hubo transacciones de más de 80 millones de dólares, pero fue suspendida porque los investigados se ampararon, recordó el contralor colegiado, Luís Ángel Montenegro.
Otra operación fue el pago a Banpro de dos millones de dólares en letras de cambio, al siguiente día de la intervención, cuando la fecha de vencimiento era en meses posteriores.
La Junta Administradora del Interbank le entregó al Banpro 8,587.78 dólares en efectivo, y como inversiones 1,452.83 dólares de Cenis. 1,262.65 millones en cartera, que incluyen tarjetas de crédito. Bienes inmuebles por 478.50 dólares que incluyen los edificios de Rivas, Centro Comercial Managua, Montoya y Ciudad Jardín.
Asimismo, bienes muebles por 166.40 millones de dólares, que incluyen planta eléctrica, torres y lectora de cheques, así como reposición de cheque por 60.74 millones.
Una de las obligaciones principales de los liquidadores es asegurar y conservar en buen estado los bienes y tomar medidas para evitar perjuicio al banco. Sin embargo, muchas propiedades de los cuatro bancos quedaron en abandono y perdieron valor.
El deterioro de las propiedades y los inverosímiles avalúos
En las cuatro Juntas Liquidadoras se actuó bajo un denominador común en cuanto a los avalúos de las propiedades, pues en todos los valores bajaron, en algunos casos a niveles irrisorios, por ejemplo, en el Interbank valoraron en 22,225 dólares una propiedad de 1,800 varas cuadradas, ubicada en la Rotonda Jean Paul Genie.
En el Bancafé valoraron en 78 mil dólares una propiedad de 695 varas cuadradas, ubicada en la calle Las Acacias, en Las Colinas. En el Bamer valoraron en 25 mil dólares un terreno de 1,700 varas, ubicado en el kilómetro 101/2 de la Carretera Sur, sobre la carretera, y en el Banic valoraron en 60 mil dólares un terreno de 7,498 varas, ubicado en el kilómetro 10 sobre la Carretera a Masaya.
Entre los evaluadores de cartera nombrados por el BCN y los liquidadores figuran: Estelina López Conde (cartera del BCN), Carlos José Sánchez (Pepe Sánchez), Consultoría Técnica, y/o Guillermo García Sarria.
Los abogados principales de las Juntas Liquidadoras fueron: Adalberto Sánchez, René Sánchez Velásquez, René Vivas, Julio Paniagua, Edgard Paguagua Midence, Melba Rosa Urbina, Alejandro González, Mario Soto.
Un recomendado llamado: Rodolfo Delgado
Pese a las prohibiciones de la Ley 314, Sacasa, a propuesta de Ramírez, nombró a Rodolfo Delgado como liquidador en el Interbank, cuando aún era miembro de la Junta Liquidadora del Banades, el primer banco cerrado por Alemán, en 1998, al inició de su Administración.
Rodolfo Delgado es socio y Presidente la Corporación Financiera Nicaragüense S.A.(Coficsa), sociedad que, según el Registro Público de la Propiedad Inmueble de Managua, se constituyó el 30 de septiembre de 1998, recién nombrado Presidente de la Junta Liquidadora del Banades, también por recomendación de Ramírez.
Algunos de los socios de Delgado fueron miembros de la Junta Liquidadora del Banades (agosto 1998 – septiembre 1,999): Luis Adrián Pichardo Chávez, su asistente, y Adalberto Sánchez Gámez, asesor legal (primo de Noel Ramírez y hermano del diputado liberal, Marco Aurelio Sánchez, ex funcionario de Alemán).
Los otros socios de Coficsa son: Julio Paniagua, abogado de la Junta Liquidadora del Bancafé, Julio Mayorga Portocarrero y Raúl Madriz Miranda. En la microfinanciera trabajan Leónidas Valdez Carvajal, Gerente de Crédito en la Junta Liquidadora del Banades y de Cartera y Cobro en el Interbank, y Walter Baltodano, que también trabajó con Delgado y devengaba un salario de 40 mil córdobas.
La Junta Liquidadora firmó un contrató con Banpro por un mes --abril a mayo 2002--, mediante el cual le entregó en administración 114 créditos de vehículos, con un saldo de principal de 813.35 dólares, más 88.21 de intereses, al 25% de su valor a lo inmediato, y una vez recuperado ese porcentaje, le enteraría al Interbank el 90 %, y el 10% sería de su propiedad en concepto de administración, y Banpro entregó 225.3 dólares.
Los otros miembros de la Junta Liquidadora fueron: Juan José Rodríguez Gurdián (Gerente de Asuntos Legales y Secretario del Consejo Directivo del BCN, que en tiempo de Ramírez devengaba dos salarios) y Fernando Rodríguez Alaniz, funcionario del BCN, recomendados por Ramírez para el cargo, y quienes no dejaron de recibir su salario de más de cuatro mil dólares en el BCN.
Los “misteriosos”, pero millonarios, honorarios
Delgado recibió un salario de seis mil dólares desde mayo de 2001, cuando tomó posesión como liquidador, hasta el 31 de mayo de 2004. Además, reclamó que fuese aparte del 1 al 3 por ciento de la masa que establece la Ley como honorarios a los liquidadores, cuya negociación aún se mantiene en secreto.
En 2001, Delgado afirmó que la masa del Interbank era de 250 millones de dólares (créditos del banco, bienes a liquidar y todo lo convertible en dinero) y que sus honorarios se debían calcular sobre esa base.
Sin embargo, después de los primeros trabajos de END en ese año, la CGR, tras pedir informes a la SIB, emitió una resolución estableciendo la fórmula para calcular la masa de bienes de los bancos.
Si la masa del Interbank se hubiese calculado en 250 millones de dólares, como decía Delgado, podrían haber recibo como mínimo dos millones y medio de dólares en honorarios, o sea, unos 800 mil dólares cada uno, si establecían el uno por ciento.
Finalmente, la SIB aprobó el dos por ciento de masa como honorarios a los liquidadores. Pero la masa del Interbank se calculó en 713 millones 531 mil 927 córdobas (48 millones 635 mil 534 dólares), y el dos por ciento significó 14 millones 270 mil 638 córdobas (972 mil 710 dólares) para los tres liquidadores, según el informe final de la Junta Liquidadora.
A Delgado le correspondió el 65 por ciento; 9 millones, 275 mil córdobas (632,261 dólares), un promedio de 18 mil dólares mensuales, por un acuerdo con los otros dos liquidadores que recibieron 35 por ciento entre los dos; 170 mil dólares cada uno.
Es como que si Delgado, quien también es dueño del Hotel Terraza, ubicado en la carretera a Corinto, se haya sacado cada año el premio mayor de la Lotería Nacional.
Delgado declinó concedernos una entrevista y se limitó a responder que es una persona recta, íntegra, que nunca perjudicaría al pueblo ni a nadie porque es cristiano, y rechazó que aparte de los honorarios descritos, haya recibido 108 mil córdobas de salario, además, aseguró que ahora se dedica a consultorías.
“No tengo nada que ver con la Junta Liquidadora desde hace dos años, entregué el informe final auditado por KPGM y lo tiene la SIB y puede hacerlo público”, dijo Delgado.
Según el informe, la Junta Liquidadora apenas recuperó 206.3 millones de córdobas, (14 millones 735 mil 700 dólares) entregó 74.1 millones de córdobas (5.2 millones de dólares) en pago de activos y obligaciones, y 433 millones de córdobas en dación al BCN, para un total de 713.5 millones córdobas.
Gastó 88 millones 225 mil 706 córdobas en el proceso de liquidación: 41 millones 944 mil 15 en sueldos y beneficios al personal; ahí incluyen los más de 13 mil córdobas mensuales que le pagaban a Servipro por vigilar la casa de Delgado.
Otros honorarios equivalentes a “megasalarios”
En ese rubro aparecen los megasalarios a los altos funcionarios de la Junta Liquidadora: 118 mil córdobas (8 mil dólares) al asesor legal, Oscar Jácamo, auditor interno; 51 mil córdobas, al encargado de los créditos difíciles de los Centeno Roque; 32 mil córdobas al jefe del Centro de Documentación; 37 mil córdobas al Gerente Financiero; 26 mil córdobas al de jefe Recuperaciones Financieras.
También se contabilizan 25 millones 425 mil 618 en pagos por servicios externos e investigación a las propiedades y honorarios a los abogados que llevaron los casos contra los ex funcionarios y los hermanos Centeno Roque.
Una “cobranza global”
El 12 de marzo de 2001, los socios de la empresa Cobranza Globales 2001 S.A., recibieron un cheque por 21 millones 555 mil 832 córdobas (1.6 millones de dólares) en concepto de 5 % de comisión por cobro de cartera morosa a los Centeno Roque.
Una operación matemática nos indica que ese 5% por ciento corresponde al cobro de una cartera de 431 millones, 116 mil 659 córdobas (32 millones 414mil 786 dólares). El pago fue autorizado por Noel Ramírez, según documento de febrero 2001.
Cobranza Globales 2001 S.A fue constituida el tres de noviembre de 2000, tres meses después de la intervención del Interbank, y la integran: Bruno Mauricio Gallardo, Róger Antonio Baldizón, Ena Lesli Navarrete Rodríguez y Rosa Marina Lorio Hernández, todos de tendencia sandinista.

Bancafé y la “fiesta” de honorarios
En el Bancafé los liquidadores fueron: Carlos Matus, nombrado por Sacasa; Roberto Sánchez, del PLC (abogado de la Presidencia), recomendado de Alemán; Juan José Icaza, primo de Karla Icaza, en ese año Intendente de Bancos, quien después pasó a trabajar como vicegerente de Banpro.
La Junta Liquidadora se dedicó a vender bienes; entregar cartera de cobros a abogados allegados de los liquidadores, con una comisión automática del 30 %, y avalúos de las propiedades, mediante las cuales se bajó el valor.
En más de un caso de deudores de cierto interés con pagaré, créditos fiduciarios o con garantías prendarias, les vendieron el expediente, y después los créditos aparecieron como fantasmas, y, aunque la persona existe, no hay papeles.
Roberto Sánchez dijo en 2001 que él y los otros dos liquidadores devengaban un salario de dos mil dólares, y no aclaró si esto era aparte del uno al tres por ciento de los honorarios que establece la ley.
La masa de este banco fue calculada en 120 millones de dólares, o sea que los liquidadores recibirían de un millón 200 mil dólares a tres millones 600 mil dólares. Es decir, los liquidadores recibirían entre 400 mil y un millón 200 mil dólares cada uno.
En este banco, la SIB calculó la masa con la misma fórmula del Interbank, y de esa forma se bajaron los honorarios de los liquidadores al establecer el 2%.
Los beneficios de Carlos Matus
Cabe mencionar que en el caso de Carlos Matus, recibió múltiples beneficios antes y durante la intervención, pues obligó a firmar un contrato por dos años, aprobado por Sacasa, el cual le permitió percibir 20 mil dólares mensuales (13 mil de salario, y utilidades mínimas de 7,500 dólares, aunque no hubiesen ganancias). El 1% sobre el monto de cada préstamo arreglado con la SIB y una tarjeta Platinum.
Matus se quedó con un carro Mercedes Benz, valorado en 59 mil dólares, una póliza de seguro de 740 mil dólares para él, su esposa y tres hijos. Todo esto aún con la intervención, porque el contrato dejó establecido que si era separado del cargo de Gerente General, aún por motivo de “intervención”, se respetarían todas y cada una de sus partes. Una fuente de la SIB reveló que Matus y Sacasa sabían perfectamente los planes con el banco, y por eso previeron lo de la intervención. Todo esto fue aparte del dos por ciento de la masa.
El Bamer y las diferencias con las demás Juntas
En el Bamer, la Junta Liquidadora la integraron: Edgard Pereira Deshon, Manuel Centeno Cantillano y Carlos Bonilla López, todos ellos nombrados por decisión de Sacasa.
Pereira establece diferencias respecto a las otras juntas: tomó posesión un año después de la intervención, y en los otros bancos a los pocos días, al mes o dos meses, además que le autorizaron sólo seis meses para liquidar.
El período fue de marzo a septiembre 2002, tiempo que, según Pereira, resultó insuficiente porque en los avalúos de las propiedades demoraron cuatro meses, y sólo les dio tiempo de hacer una subasta de bienes.
La Junta Liquidadora no tuvo nada que ver en la valuación de la cartera, porque al llegar después de un año de la intervención, ya había pasado todo, afirma Pereira.
Recordó que Bancentro asumió la administración de la cartera del Bamer al día siguiente de la intervención, y la gestión de cobro fue muy mala, lo que provocó su deterioro, según lo encontrado por ellos después de un año.
El cuatro de diciembre de 2002, la CSJ da lugar a un Recurso de Amparo contra la intervención del banco, y la resolución donde se establecen las bases para la venta y ordena que las cosas vuelvan al estado de antes del tres de marzo de 2001 que fue intervenido.
Los liquidadores tienen pendiente el pago de los honorarios, porque promovieron un Recurso de Amparo y un juicio contra la SIB, debido a que quieren pagarles el 3% de honorarios, sobre una masa de 218 millones de córdobas.
La masa del Bamer, según Pereira, se calculó en 426 millones de córdobas a precio de libros cuando la reciben de la SIB, y es sobre esa masa que debe calcularse el 3 % de los honorarios.
Reveló que Alfonso Llanes, en calidad de Superintendente en Funciones autorizó el tres por ciento de honorarios, por considerar que era la masa más baja en comparación a los otros bancos.
Si reciben el 3% sobre los 426 millones, los honorarios serían 12 millones 780 mil córdobas, y cada liquidador recibiría 4 millones 240 mil córdobas (270 mil dólares). Si se hubiese hecho sobre 218 millones, serían seis millones 540 mil córdobas, es decir, 2.1 millones de córdobas a cada liquidador (135 mil dólares), cada uno por trabajar seis meses como liquidadores.
Aún con esas sumas, Pereira dice que fue el peor negocio de su vida, porque después de la liquidación tuvo que trabajar en entregar el informe a la SIB.
Afirmó que todos los gastos de la Junta Liquidadora fueron autorizados por la SIB, incluyendo una tabla de honorarios legales a cobrar en las pocas recuperaciones efectuadas.
Banic exprimido hasta el final
En el Banic, la Junta Administradora la integró: Guillermo Lugo Alaniz, nombrado a propuesta de Ramírez, Leopoldo Sánchez Amador y Miguel Ángel Mendoza, recomendados del ejecutivo.
La Junta Liquidadora la integró: Otoniel Ruiz, ex gerente del Banco Popular, quien llevó a la quiebra la institución, el abogado conservador lila, Yalí Molina (ambos recomendados por Ramírez) y Guillermo Lugo Alaniz, ex gerente del banco por decisión de Sacasa.
Según Lugo, el Banpro, de acuerdo con el contrato con el BCN, debía escoger el 50 % de la cartera para octubre 2001 y en diciembre el resto, pero la devolución fue después de seis meses, en el primer semestre de la liquidación.
Banpro regresó la cartera deteriorada por no trabajar con la diligencia debida en la cobranza y, después, renegocia provisiones con el BCN, aunque el banco tenía las provisiones conforme a las normas prudenciales, según Lugo.
Esas renegociaciones, reveló, les costaron al banco 90 millones de córdobas. Teníamos que aumentar la brecha con el BCN. La brecha fue de 70 millones de córdobas, si ellos no hubiesen dado los 90 millones, hubiesen quedado 20 millones para los acreedores.
Mi brecha (diferencia entre pasivos y activos) es de 840 millones, y el BCN recibe en pago 770 millones, y la diferencia es la porción no cubierta por los activos, explicó.
Recuperamos de la cartera y los bienes nuestros horarios, los gastos y devolvimos al banco en efectivo 80 millones de córdobas. En la liquidación gastamos 20 millones de córdobas, pago al personal, contabilidad, cobradores, los abogados que tienen que meter demandas a todo mundo.
Los liquidadores del Banic también interpusieron un Recurso de Amparo, porque consideran que Llanes no tenía facultad para interpretar la ley en relación a la forma de calcular la masa de los bienes.
Reclaman que el honorario del 2% se calcule sobre una masa de 770 millones de córdobas, lo que representa 15 millones 450 mil; 5.1 millones para cada liquidador. Pero la SIB calcula los honorarios sobre una masa menor.
Lugo afirma que una compañía independiente calculó el monto de la masa y fue respaldado por una firma de auditores internacionales.
Entre los principales abogados de la Junta Liquidadora estaban: René Vivas Lugo (ex director de la SIB y pariente de Lugo); y los abogados del bufete del liquidador Yalí Molina: Soraya Montoya y Yadira Madrigal.
Molina considera que no existe ningún conflicto de intereses, porque Montoya y Madrigal de su bufete hayan llevado casos, porque en ninguno era parte él o sus familiares.
Explicó que aunque ellos pasaron lista de abogados de su confianza, al final los escogió Edgard Hernández, el Gerente Legal de la Junta Liquidadora, y se les pagaba el 50 % de lo recuperado, de acuerdo con la ley de aranceles.

Espere mañana tercera entrega:
+ Enorme conflicto de intereses de funcionarios del Banco Central al momento de la emisión de Cenis
+ La reclasificación de las carteras fue un común denominador en todos los bancos adquirentes
+ Los grandes beneficiados al pasar excelentes créditos tipo “A” hasta tipo “D”, y en muchos casos hasta tipo “E”