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Nos dejan sin caoba

* Desaparecen especies animales, afectando seriamente a poblaciones del Caribe * Es increíble todo lo que se ha encontrado, y la gran pregunta es: ¿por qué ahora se abrió esta caja de Pandora? * Hay incluso “contratistas” de concesiones en negocio de millones de dólares

Melvin Martínez

Los que podrían ser los últimos y más jóvenes árboles de caoba están cayendo a fuerza de maquinaria pesada y motosierras en la zona más recóndita del bosque de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS.
Con ellos, se ven afectadas pequeñas comunidades que habitan en el lugar. También están desapareciendo muchas especies animales en peligro de extinción. Las causas son muchas y variadas, pero de ellas sobresale una: la falta de capacidad y beligerancia del gobierno para detener a los madereros ilegales, quienes a vista y paciencia de las autoridades, y en muchos de los casos con su complicidad, depredan el recurso bosque.
No se pueden eximir de responsabilidad a grupos políticos y empresarios nacionales a quienes la tala indiscriminada y el tráfico ilegal de madera les genera más de 200 millones de dólares anualmente.
El decreto presidencial de Emergencia Económica en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, así como en Río San Juan y Nueva Segovia que anunció el presidente Bolaños, movilizó a la RAAS a una comisión interinstitucional conformada por el Ejército de Nicaragua, el Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), la Procuraduría Ambiental y la Policía Nacional. Ésta realizó una inspección en los límites de la RAAS, la cual es uno de los principales focos del tráfico ilegal de madera.
Dicha comisión verificó in situ los casos flagrantes de tráfico ilegal de madera en las riberas del río Rama y en la desembocadura del río Kum Kum, cerca de la reserva forestal Wawaschang; fue ahí donde el Ejército retuvo un enorme paquete de madera que representa alrededor de un mil quinientos árboles de caoba, y que se estima que está valorada en más de siete millones de dólares. La caoba era trasegada con la complicidad de los delegados medioambientales de Inafor y Marena.
“Esto apenas representa una pequeña parte de toda la madera que se trafica en Nicaragua; situaciones como éstas se viven en Río San Juan, Jinotega, la RAAN, en fin, por todos lados”, lamentó el procurador ambiental, Lisandro D’ León.
Según estimaciones de la Procuraduría General del Ambiente, más del 80 por ciento de la madera extraída en el bosque de Nicaragua es ilegal.
Lo peor del caso es que las mismas autoridades conocen que la mayor parte de esta madera no queda en Nicaragua. Es exportada a Costa Rica, Honduras, República Dominicana y hasta Europa, con ello también se violan acuerdos internacionales de protección al medio ambiente (como Cites).
En estos lugares, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua incautó ocho mil tucas de caoba, cuyo valor estimado por las autoridades equivale a aproximadamente siete millones de dólares, aun encontrándose en primera transformación y madera en bruto. Los testaferros de esta madera utilizaban la figura del Plan Mínimo (explotación autorizada de madera en pequeñas áreas) para cortar los más de mil árboles de caoba, cuyo destino probable es Costa Rica.
Los “planes mínimos” son otorgados por los delegados del Inafor a los madereros para que exploten zonas no mayores a las 500 hectáreas. Estos planes, deberían ser utilizados para el consumo de las comunidades autóctonas y para bosques secundarios, por lo que no requieren de planes de manejo o estudios de impacto ambiental.
Una contratista de concesiones
Sin embargo, los delegados otorgan hasta 12 planes mínimos a un mismo maderero, lo que ocasiona el despale indiscriminado. Esta práctica es común para Xiomara Peralta. Ella se presentó a un campamento ilegal de extracción de caoba, hasta donde llegó dicha comisión. En ese momento, Peralta declaró ser propietaria de la madera.
Al día siguiente, ante la insistencia de los medios de comunicación, admitió que trabajaba para a empresarios capitalinos y extranjeros, quienes le pagan para adquirir las concesiones de madera con la complicidad de regentes y el delegado del Inafor.
Entre ellos mencionó a Rogelio Herrera y Cándido Miranda, este último es “financiado” por empresarios extranjeros.
El director del Inafor, Indalecio Rodríguez, dijo que “luego que se haga el análisis y se compruebe la ilegalidad de la madera, se procederá a levantar el procedimiento administrativo que la ley (462) manda y conduce al decomiso y a la subasta del producto”.
Acerca del destino habitual de la madera trasegada, Rodríguez dejó entrever la posibilidad de que a Costa Rica está llegando la mayoría de las tucas de caoba cortadas ilegalmente. “Solo imagínate que ahorita en Costa Rica la caoba está en veda, nadie puede cortar un árbol de caoba”, aseveró. El funcionario considera que el daño causado por los madereros supera los 200 millones de dólares anuales.
Las autoridades ambientales reconocen que existen muchas limitaciones para combatir a quienes explotan irracionalmente la madera. Entre ellas se menciona la legislación alrededor del tema y los problemas de limitaciones colindantes entre municipios.
Tardó mucho el decreto
Otro punto que se critica al presidente Bolaños es lo mucho que tardó en decretar el Estado de Emergencia en la zona, pues el Ejército había advertido acerca de la tala indiscriminada en la zona. El mismo Inafor, por medio de su director, aduce que ya conocían del problema que se presentaba en la zona.
“Desde hace tres años nosotros fuimos los primeros en decir que el ochenta por ciento de la madera que se extraía era ilegal, actuamos y se aplicaron las sanciones que permitía la ley en ese momento”, dijo Rodríguez, quien además mencionó que a la institución nunca se le ha dado la importancia que ameritaba. “Fue hasta hace dos años que nos incluyeron en el presupuesto”.
Rodríguez confía mucho en que la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Ambientales, este 20 de mayo, que incluye sanciones de cárcel para quienes cometan este tipo de delitos, hará pensar dos veces a los que continúen exterminando el recurso bosque.
Además, Inafor sólo cuenta con 62 delegados en todo el territorio nacional, esta cantidad es mínima en comparación con la poderosa maquinaria que arrastra la “mafia maderera”, dirigida por influyentes grupos de políticos, empresarios nacionales, y hasta se menciona a altos funcionarios de gobierno.
La figura del regente ha sido otro talón de Aquiles para las autoridades. Cuando en un inicio se pensó que vendrían a paliar la problemática, por el contrario, profundizaron aún más la problemática.
“De la Ley 462 surgió la figura del regente, para terminar con los delegados corruptos de la institución; se suponía que serían los responsables de los planes que están sometidos a su control, se suponía que con los regentes la vigilancia estaba superada, sin embargo, hemos encontrado evidencias que nos han hecho bastante daño, es posible que los tengamos que cambiar, porque no han sido la solución, sino que nos incrementaron el problema”, lamentó Rodríguez.
La Ley Forestal no permite que se tomen medidas más rígidas en contra de los madereros, pero las autoridades esperan la publicación de la Ley de Delitos Ambientales el 20 de mayo para comenzar a castigar la ilegalidad. La Ley de Veda Forestal duerme en el sueño de los justos.
Kum Kum contaminado
La enorme cantidad de tucas tiradas a lo largo de 100 metros del río Kum Kum ocasionaron la contaminación de sus aguas. Este río está ubicado al norte de la reserva natural Wawashang, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS.
El alto grado de contaminación del río fue ocasionado por una sustancia emanada por los árboles de caoba que fueron lanzados en tucas. Al respecto, el procurador ambiental explicó que los daños realizados por el tráfico de madera ilegal en el río no son irreversibles, ya que con las primeras lluvias del invierno las aguas se irán limpiando. La contaminación se dio cerca del campamento no autorizado que se encontraba a orillas del río.
El río fue contaminado por seis mil tucas, en un espacio de 1.5 kilómetros de largo por los 200 metros de ancho que mide el río.