Nacional

Millonarias pérdidas fiscales

* Director de Inafor: “Hay de todos los sectores” * Estado manos arriba ante depredación maderera * Mific: “‘Planes mínimos’ otorgados por Inafor agravan el despale”

Oliver Bodan

El Estado de Nicaragua está de “manos atadas” ante la tala indiscriminada y tráfico ilegal de madera, que genera millonarias ganancias a “grupos locales de poder político y económico”, según reportes oficiales.
Hasta ahora se ha mencionado que diferentes sectores están involucrados en la llamada “mafia maderera”. Un documento del Instituto Nacional Forestal (Inafor) identifica como una de las causas del problema al “aprovechamiento y tráfico ilegal vinculados a grupos locales de poder político y económico”.
“Hay de todos los sectores”, reveló Indalecio Rodríguez, director ejecutivo de esa institución.
El Inafor reporta en 2005 un corte ilegal de 111 mil 572 a 127 mil 511 metros cúbicos de madera en rollo, calculando una pérdida fiscal de aproximadamente US8,545–US9,766 en concepto de recaudación por impuestos de aprovechamiento.
Esta semana, el presidente Enrique Bolaños decretó Estado de Emergencia en el Caribe, Nueva Segovia y Río San Juan ante la amenaza del problema, una medida que le ha merecido numerosas críticas.
Gran parte del territorio nacional es afectado todo el año por este problema.
En la zona de Waslala, en Jinotega, se reporta el despale indiscriminado por personas vinculadas al trasiego de madera, desde la Reserva de Bosawás. Según autoridades vinculadas al tema, en junio de 2005, Dionisio Valdivia llevó siete camiones a Waslala para trasladar 123 metros cúbicos de madera.
Al ser consultado sobre quiénes estaban detrás de la mafia maderera, Rodríguez Alaniz contestó: “Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Si usted me pregunta nombres, ahí aparece fulano de tal Valdivia, aparece otro fulano de tal…”
Un funcionario de la Administración Forestal del Mific, que realizó recientemente una inspección en la zona del río Kum Kum, en la RAAS, identificó a madereros de Rama y Juigalpa en la operación de despale. “Varios madereros conocidos, Figueroa, Álvarez, Blandón Moreno, operan en la zona, y hay dos grandes empresas hondureñas que también operan a través de terceros brindando adelantos de pago”.
Modus operandi
La Administración Forestal del Mific atribuye el agravamiento del problema al otorgamiento de los llamados “planes mínimos” dados por los delegados del Inafor para extensiones menores de 500 hectáreas. Estos permisos, que supuestamente están reservados para bosques secundarios, se están otorgando en bosques naturales y no requieren de planes de manejo o estudios de impacto ambiental.
“Por ejemplo, un maderero que ha recibido una concesión de 4000 o 5000 hectáreas las divide en 10 lotes menores de 500 hectáreas, para obtener planes mínimos, y entonces se desata un despale indiscriminado”, señaló un funcionario del Mific.
Según análisis realizados por instituciones encargadas de combatir este problema, el tráfico y tala ilegal de madera tuvo un “repunte considerable” en 2003, debido a “factores estimulantes”.
Entre éstos se encuentran el traslado de la madera con permisos vencidos o falsificados, autorización de corte y traslado autorizados por una delegación en territorios fuera de su jurisdicción, robo o extracción de documentos legales y la autorización o permiso verbal para realizar el corte y/o traslado y posterior elaboración de la documentación para “agilizar” la actividad.
Este “modus operandi” se concentró fundamentalmente en sectores como Kukalaya y Rosita (Las Minas), Wakambay, Alamikamba, Walpasiksa, Río Ulí, Lweymus y Puerto Cabezas (RAAN); Peñas Blancas, Pueblo Nuevo y Chacocente; Waslala (zona de amortiguamiento de Bosawás); San Carlos, El Rama, Río Escondido y Bluefields (RAAS).
En este período se retuvieron hasta 129 mil 594 pies de madera, 319 tucas, 405 tablones, siete fletes y ocho rollos de madera de genízaro, níspero y cedro real, los cuales eran transportados sin ningún permiso.
En 2004 fueron incautados 50 mil 390 pies, 932 tucas, 639 tablones y 164 trozas de madera en San Fernando, Santa Clara y San Antonio (Nueva Segovia); Nandaime y Altagracia (Rivas), Bluefields, Punta Fría y El Tortugero (RAAS), El Hormiguero y Talavez (Las Minas), Río Kurinwás, Sahsa, Sisin (RAAN).
En 2005 se requisaron 171 mil 940 pies, 745 tablones y 374 tucas de madera en Nueva Segovia, Matagalpa, Puerto Cabezas, Las Minas, Río San Juan y Bluefields.
Un estudio del Inafor reveló que 15 empresas madereras que operan en la RAAN tienen permiso de aprovechamiento forestal para 337 mil 758 hectáreas. De 1999 a 2005 se han otorgado 348 permisos de este tipo. Se aprobó la explotación de 101 mil 874 árboles, equivalentes a 258 mil 908 metros cúbicos.
El combate al tráfico de madera
En Puerto Cabezas y Las Minas la situación empeora. Se han decomisado dos mil 750 pies de madera en sectores de Dikuatara, 38 kilómetros al sureste de Waspam, y dos mil pies de nancitón en Wawa Boom, 30 kilómetros al noroeste de Puerto Cabezas.
A junio de 2005, según las mismas fuentes, se registraban 117 aserríos, de los cuales solamente 17 contaban con autorización para operar. La delegación del Inafor en Rosita autorizó la tala de 22 mil 376 árboles, equivalentes a 47 mil 569 metros cúbicos distribuidos en 106 planes de manejo.
Representantes del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Fiscalía, Juzgado de Bonanza, ONG, Ejército y Policía verificaron in situ el despale en la Reserva de Bosawás. Se contabilizaron 160 manzanas de despale de madera de pino, cedro macho, caoba y otras especies de madera, por personas procedentes de Matagalpa, Río Blanco y Coperna.
También se comprobó que en áreas de Río Dos Bocas hasta Punta del Diablo se han realizado el “carrileo” en propiedades, con una extensión de hasta cinco kilómetros de largo, aproximadamente con dos metros de ancho en dirección a territorio costarricense. Según funcionarios públicos, los responsables del despale se hacen pasar como dueños del lugar.
El “carrileo” es una práctica que se hace antes de la siembra, consiste en ordenar bandas de rastrojo cada cinco metros aproximadamente (dependiendo de la pendiente). Con ello se altera el hábitat de las termitas.
Según información oficial del Inafor, las tres cuartas partes del territorio nacional son de vocación forestal y agroforestal. Hasta el año 2000 contaba con una cobertura forestal de 61 mil 518 kilómetros cuadrados, representando el 47.2 por ciento del territorio nacional. Se calcula que la deforestación avanza a un ritmo aproximado de 70 mil a 100 mil hectáreas por año.

Decreto para frenar mafia forestal en stand by

¿Por qué Bolaños se dio cuenta hasta ahora?

La declaración del Estado de Emergencia en el Caribe, Nueva Segovia y Río San Juan generó una interrogante sobre la gestión del presidente Enrique Bolaños: ¿Hasta ahora se dio cuenta el mandatario del grave problema de la tala y tráfico ilegal de madera?
Bolaños impuso esta medida extrema luego de recibir información de Inteligencia del Ejército, que confirmó un viejo problema: el tráfico de cientos de tucas de origen ilegal.
La diferencia ahora fue un detalle: esta vez cortaban el paso por dos kilómetros en un río afluente del Kurinwás, y en contraste las tierras cercanas estaban asoladas. La madera tenía destino desconocido, aunque la información castrense reveló que partía del puerto El Rama hacia el Mar Caribe.
El Decreto de Emergencia involucró a las instituciones designadas para combatir al problema, y hasta se anunció una investigación oficial para detectar si existieron anomalías.
“Ésta es una decisión típica del Presidente. Él recibe información del Ejército y la Policía todos los días, y hasta ahora se dio cuenta de la gravedad del problema. Y, además, los diputados ya le dijeron que no van a ratificar el Estado de Emergencia”, comentó una fuente vinculada al tema.
Sin embargo, Indalecio Rodríguez Alaniz, director ejecutivo del Inafor, defendió la posición del gobierno y dijo que hasta ahora existe una administración que responde a esta problemática.
“El vacío que hay se ha tratado de llenar con esta medida, que es una respuesta inmediata ante una prueba evidente, de la presencia en los ríos, de estas cantidades de madera”, destacó Rodríguez.
Graves debilidades
Un experto en el tema, quien prefirió omitir su nombre, reveló a Confidencial que existen graves debilidades en el combate del problema. Por ejemplo, la legislación actual es débil, aunque la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal es mejor.
“Permite el decomiso del camión, madera, y el maderero ya no puede ser parte de la subasta”, precisó la fuente.
Sin embargo, el problema no termina ahí. Un campesino puede vender un árbol en 300 dólares, y un comerciante lo explota hasta en mil 800 dólares. Actualmente hay 40 especies explotables y sólo se trabajan 15, ocurriendo el problema de la sobreexplotación.
“La caoba está en peligro de extinción, y sólo podrá exportarse en cuotas establecidas internacionalmente. Ahorita hay un proyecto de Ley de Moratoria por tres años”, señaló.
Destacó que a pesar de que la cooperación internacional para proteger el sector forestal ha sido generosa --unos 130 millones de dólares de 1990 a 2003-- “cada día estamos peor”.

Indalecio Rodríguez, director del Inafor, explica el Decreto de Estado de Emergencia
Hay “vacíos” para atacar problema
¿Cuál fue el detonante del Estado de Emergencia?
Estamos ahora sobre las tres áreas más importantes, que son la del Río San Juan, la del Atlántico, RAAN y RAAS, y Las Segovias con sus pinares, pero en este momento se acaban de detectar accidentalmente cienes de tucas en el río Kum Kum, y también otras que aparentemente no tiene ningún tipo de proceso legal, y otras maderas que van acompañadas, supuestamente, de los permisos de ley.

¿Por qué dice que fue de forma “accidental”?
El gran volumen que se ha detectado en este momento nos vino por denuncias de amigos fortuitos que se encontraron en ese momento, y esa información también le llegó al Presidente de la República, quien inmediatamente le pidió al Ejército que hiciera una investigación, y se encontró allí que estaba comprobada la presencia de esas cantidades alarmantes de esta madera, y se constituyeron equipos interinstitucionales, aunque ya el Ejército hizo su propio estudio, le llevó tres o cuatro días hacerlo.
El Presidente ordenó una investigación sobre el caso. ¿Ha habido actos de corrupción en las instituciones que atienden este problema?
Esta institución ya fue evaluada en su momento y se ha ido creando una institución con una mentalidad diferente. Todavía existen unas irregularidades que cometen algunos, pero que no son la causa de la magnitud de lo que están extrayendo.
¿Irregularidades de qué tipo?
Bueno, en algunos permisos que están siendo mandados. Se están evaluando para ver qué es lo que pasa. Tiene que elaborarse un plan general de manejo, un plan más allá de las 500 hectáreas, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil hectáreas. Entonces, debe tener un estudio de impacto ambiental, que se hace en Marena, después del POA y los planes de aprovechamiento, que los hace el Inafor.
¿Cuál es el papel de los inspectores del Inafor?
La figura que aparece en la Ley es la de las auditorias forestales, son los que vendrían a auditar esta gente, a los regentes, pero no hay capacidad, porque no tenemos ni los recursos ni las firmas acreditadas aquí en la institución que pueda hacer ese trabajo.
Entonces hay un gran vacío. Cualquiera puede hacer cualquier cosa.
Ése es un vacío que está en fase de implementación.
¿Cuáles son los alcances de la investigación?
Ahora vamos a ver por qué allí hay un montón de madera retenida que no tiene ningún permiso, ni autorización, ni regente ni nada.
Vamos a tomar todos los planos de aprovechamiento que se han dado, vamos a integrar seis, diez equipos interinstitucionales, se van a trasladar a cada región detectada, y vamos a pasar a hacer el análisis de los planes de aprovechamiento que se han dado.
Son 400 y tantos, vamos a ir directamente adonde se presenta el problema. Si en la mayor parte no hay sostenibilidad del recurso, sino tala rasa, se cancelan de inmediato y se sancionan.
¿Hay problemas con los permisos que dan ustedes? ¿Hay irregularidades en esta institución, en las instituciones encargadas de evitar el tráfico de madera?
Hay algunas irregularidades detectadas en el llenado de las guías, y hay algunas que no corresponden a los montos que dicen allí, que es lo que se está detectando ahorita.
Hay problemas en los aserríos, los aserríos dan ingreso y ya salen con facturas, pero lo curioso es que si a usted le dan un ingreso, por decir, de 10 m3, usted sabe que se pierde el 40 ó 50 por ciento, entonces allí tiene que salir ya facturados 5 ó 4 metros cúbicos, pero salen los mimos 10 metros cúbicos.
¿Estos regentes son corruptos?
Yo no diría, bueno, eso es usted quien lo va a analizar.
Le pregunto a usted.
Allí es donde estamos necesitando nosotros hacer una evaluación. Notamos que están haciendo un mal manejo, sabemos que hay algunos que tienen contratos de planes de manejo, y subcontratan allá en territorio, y ellos están aquí en Managua firmando papeles, ésas son de las cosas que se han descubierto ahora.
¿Quiénes están detrás de la mafia maderera?
Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Si usted me pregunta nombres, ahí aparece fulano de tal Valdivia, aparece otro fulano de tal…
Me refiero a que deben existir poderosos sectores políticos y económicos involucrados en este problema. ¿Así es?
Hay de todos los sectores, definitivamente hay de todos los sectores.
¿Y es un negocio muy lucrativo?
Debe serlo.
A qué se debe la tala ilegal: ¿al crecimiento desordenado de la frontera agrícola y la falta de una política forestal integral o a la existencia de estas mafias madereras?
Hay de todo, las ilegalidades que provienen de los madereros, el daño que se ocasiona por los incendios forestales, que casi siempre son también inducidos, y también la presión de la frontera agrícola.
¿Qué papel juegan las empresas privadas en todo esto? ¿Están vinculadas en este tráfico?
Posiblemente. De hecho, se han sancionado empresas que han cometido delitos
¿Y hay caciques locales que se dediquen a esto?
Eso es lo que vamos a ver.

Las principales empresas madereras
Puerto Cabezas
Maderas y Derivados de Nicaragua, Micaza, Raanisa, Maderas Porteñas Ruy Delgado, Amerinica, Aserradero San Isidro, Pana Pana.

Prinzapolka, Siuna y Waspam
El Arbolito, Julio Rodezno, Solidaridad, Empresa Comercial, Proincasa

Rosita
Prada, Hermanos Alemán, Maderas Industrializadas, Compañía Maderera La Amistad, San José, El Carmen, San Francisco, Cuajipal, Divino Niño, San Luis, El Cabrito, Santo Domingo: Amaro Cipriano López, Industria Forestal S.A., Santa Ana.

Fuentes: Información proporcionada por instituciones vinculadas al tema.