Nacional

Todo comenzó cuando Alemán quizo ser banquero

* Del intento de ser un socio "cero millas" al "soplo" de las fortunas que brotaban de quiebras bancarias

Eloisa Ibarra

Radiografía de un fraude

Arnoldo Alemán Lacayo no había terminado de acomodarse en la silla presidencial, cuando ya soñaba con convertirse en banquero, pero sin aportar un centavo, y al no conseguirlo inició una cacería de brujas contra quienes se resistieron a aceptarlo como socio con “cero millas”.
La intención de materializar el sueño comenzó a mediados de 1997, cuando Alemán envió a un emisario donde los socios del Banco del Café (Bancafé), con una propuesta para entrar a la sociedad, a través de las microfinancieras: Atienda, Propesa y Servinsa, según una fuente que perteneció al círculo más cercano del ex gobernante, condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros actos de corrupción.
Al recibir la propuesta, los socios de Bancafé le informaron al emisario del valor de las acciones, y éste respondió que el Presidente deseaba entrar sin comprar acciones, y al ser rechazada la propuesta, Alemán quedó resentido y con la espina clavada.
A inicios de 1999, en un viaje al exterior, le comentan que cuando un banco cierra surge un buen negocio, porque las propiedades y créditos se pueden comprar a precio muy bajo.
Es así, y en medio de intrigas político-económicas, que inician las intervenciones, donde el Bancafé ocupa el segundo lugar en la lista de los bancos obligados a cerrar operaciones.
Días después de la intervención del Bancafé, Alemán envía un emisario a ofrecer dos millones de dólares, por el 50% del banco, cuyo capital total era 16 millones, y la mitad ocho millones de dólares, lo que fue rechazado, y con ello llegó el final del banco.

Ramírez allanó el camino
Las intenciones de Alemán encontraron su camino “legal” en la iniciativa de que el entonces presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, presentó ese mismo año ante la Asamblea Nacional tres proyectos de leyes bancarias que modificarían sustancialmente el funcionamiento del sistema financiero, pero que no aplicarían de forma estricta, ni en iguales términos a todas las instituciones financieras. Esas iniciativas contaron con el visto bueno de los organismos financieros internacionales.
Más de 500 millones de dólares tiene que pagar el pueblo de Nicaragua a los banqueros beneficiados con los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), recibidos por la brecha ficticia de los bancos que quebraron entre el 2000 y el 2001, por el deseo frustrado de un presidente de ser banquero, y cuya obra fue terminada por el presidente Enrique Bolaños en la actual administración.
El presente trabajo incluye artículos publicados en el año 2001 en EL NUEVO DIARIO y nuevas investigaciones realizadas a lo largo de los últimos dos años, con las cuales pretendemos cerrar el círculo de todo lo ocurrido detrás del cierre de cuatro bancos entre 2000 y 2001.
El primer banco intervenido fue el Banco Intercontinental (Interbank). A esta “fiesta” le siguió el Banco del Café (Bancafé), posteriormente el Banco Mercantil (Bamer), y al final el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

Forzaron quiebras
Todos fueron intervenidos y liquidados en un proceso forzado, amañado, revestido hasta la saciedad de ribetes políticos --como castigo para los adversarios, y lección para los amigos que se estaban alejando de la sombra de Alemán-- cargado de discrecionalidades en abundancia y en un marco, que según los conocedores del tema, rayó hasta la saciedad en la ilegalidad.
Sólo un banco se salvó: el Banco de Finanzas (BDF), controlado por la cúpula militar que “golpeó la mesa” al presidente Alemán, al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, y al superintendente de Bancos (SIB), Noel Sacasa, como una clara señal de que no permitirían que se cumpliera el cometido.
Sacasa, quien huyó del país en el año 2003, cuando la Contraloría General de la República (CGR) divulgó un adelanto de la auditoría sobre la supervisión bancaria en los años 1999 y 2000, aplicó de manera discrecional la ley al momento de intervenir los cuatro bancos.

Antes de intervenirlos, ya tenían comprador
En fila fueron desapareciendo cada una de esas instituciones, y antes de la caída estrepitosa ya tenían comprador al “mejor postor”, según la seña bajada desde Casa Presidencial; desde el BCN y la SIB, donde ejercían su dominio los creadores de las juntas administradoras y liquidadoras encargadas de realizar el “manejo operativo” de las carteras de los bancos quebrados.
Han transcurrido más de cuatro años desde que presentamos la primera serie de reportajes, y hasta hoy lo único que han hecho las autoridades es denunciar de nulidad la emisión de los Cenis e iniciar hace un mes una auditoría de éstos, mientras los fondos del alivio de la deuda externa que supuestamente se debían utilizar para los más pobres, se han desviado para abonar a los banqueros en lo que los mismos contralores han calificado de “festín de millones”.

Las preguntas de rigor
Es necesario preguntarse: ¿Eran necesarias todas las intervenciones y liquidaciones? ¿Por qué no se establecieron primero planes de normalización? ¿Por qué se obstaculizaron las fusiones y capitalizaciones? ¿Qué intereses se movieron detrás de los cierres bancarios? ¿Quiénes resultaron beneficiados con las intervenciones y liquidaciones? ¿Quiénes se están beneficiando con la emisión de los Cenis que respaldaron las intervenciones y liquidaciones y que hoy representan una pesada carga para el pueblo? y ¿Quiénes se hicieron ricos o aumentaron sus riquezas con la subasta de bienes?
Entre el 2000 y 2001, cuando se intervienen los cuatro bancos, el superintendente de Bancos era Noel Sacasa Cruz, y el Consejo Directivo lo integraban: Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público, presidente y primo de Sacasa); Noel Ramírez (Presidente del BCN ), y eran directores: Gabriel Pasos Lacayo, Frank Arana Icaza, Roberto Solórzano Chacón (Cosep) y Antenor Rosales (FSLN); el secretario era Uriel Cerna Barquero.
El Consejo Directivo del BCN lo integraban: Noel Ramírez Sánchez (accionista del Banpro, a través de su esposa Inelia Lovo Balladares), Esteban Duquestrada, Ministro de Hacienda, y directores Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra (accionista Banpro), Silvio Conrado (FSLN) y Benjamín Lanzas (empresario y familiar de María Fernanda Flores, esposa de Alemán).

Interbank, el primero de la lista
El Interbank, constituido el 24 de diciembre de 1991, fue intervenido el siete de agosto de 2000 debido a la pérdida de capital por la constitución de reservas para cartera de dudosa recuperación, la alta concentración de créditos del Grupo Consagro y atraso en los pagos.
El fiasco de algunos accionistas del Interbank en una transacción de 50 millones de dólares con unos suramericanos, propicia las condiciones para que el superintendente Sacasa, controlado por Arnoldo Alemán, inicie las intervenciones.
Una carta de Sacasa, dirigida a Rodolfo Delgado, Presidente de la Junta Liquidadora del Interbank, el trece de septiembre de 2000, deja en claro que siempre hubo intención de cerrar bancos, sin mayor justificación técnica.
“Es deseable la reducción del número de bancos en el sistema financiero nicaragüense, en la medida en que esto permita una mayor consolidación y fortaleza de los bancos que queden en el sistema”, expresa Sacasa.
Los principales aspectos de las reformas a las leyes bancarias estaban referidos a la concentración de créditos a grupos de interés relacionados y al nivel de capital total requerido en relación con sus activos ponderados de riesgo.
Sin embargo, esos artículos se aplicaron con mucho rigor al Interbank, el Bancafé y Bamer, mientras al resto de la banca se le dejó funcionar con créditos a grupos de interés relacionados, aun por encima de lo establecido en la Ley 314, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras Bancarias y Grupos Financieros, reveló un alto ex funcionario de la SIB.
En medio de las fricciones con el FSLN, el Ejecutivo, a través de la Procuraduría de Justicia denunció ante los tribunales a los directivos del banco: Enrique Deshon, César Augusto Riguero, Samuel Santos, Javier Bone Pantoja, Ricardo Bonilla, Edwin Zablah, María Haydée Icaza y Olga Bustamante.
Asimismo, al gerente general José Félix Padilla, y a los funcionarios Francisco Somarriba, Manuel Cabrales, Allan Abarca, Julio César Arteaga y a los hermanos Centeno Roque.
Los hermanos Centeno Roque, los mayores acreedores del banco, se habían convertido en un emporio agropecuario. En años anteriores al cierre del Interbank, llegaron a controlar más del 50 por ciento de la cosecha cafetalera de todo el país y eso molestaba a los grupos tradicionales, pues las familias más fuertes en el rubro nunca habían pasado de concentrar el 30 por ciento de la cosecha.
El 20 de octubre de 2000, la jueza suplente del Juzgado Octavo de Distrito del Crimen, Regina Escobar, sobreseyó definitivamente a todos los denunciados, por falta de evidencias, según la sentencia.
A partir del siete de octubre de 2000, el Interbank entró en un “limbo jurídico”, como lo reconoce el presidente de la Junta Liquidadora, Rodolfo Delgado, porque la liquidación forzosa se decretó hasta el siete de mayo de 2001.
En esos siete meses, explicó Delgado, “le entregamos como 1,600 millones de córdobas en depósitos al Banpro, algunas propiedades y créditos buenos porque los abogados René Vivas y René Sánchez, decían que había una disposición de que la junta continuara con el proceso de ejecutar unas resoluciones tomadas por la propia junta y el BCN.
Fuentes del banco afirman que en ese lapso se arreglaron situaciones crediticias de importantes personajes ligados al mundo político y económico.
Samuel Santos, ex directivo del Interbank, dijo en 2001 que propusieron al BCN que absolviera la cartera del café, como posteriormente se hizo en todos los bancos, para evitar el costo al Estado, dado que la situación en el banco se originaba por la problemática de este grano.
Esta propuesta contemplaba que la cartera mala de los Centeno pasara a resguardo del Estado, que la cobraría como se hizo en la práctica con el proceso de recuperación, y a la vez se investigaran las irregularidades de funcionarios del banco.
El ocho de octubre de 2000, la SIB y el BCN autorizan que Banpro adquiera el Interbank sin mediar licitación. Ramírez afirma que hubo licitación, pero Arturo Arana, ex Gerente General del Banpro, confirmó que no hubo licitación, sino que un arreglo privado.
Noel Ramírez afirmó en 2001 que no encontraba ningún conflicto de intereses en el hecho de que siendo accionista de Banpro a través de su esposa, haya decidido que ese banco se quedara con el Interbank y después con el Banic, los más grandes.
Ramírez estaba directamente vinculado a las decisiones que se tomaban en los bancos, pues además de Presidente del BCN y del Consejo de éste, donde se decidía si respaldaban o no los cierres, era miembro del Consejo Directivo de la SIB, o sea, doblemente involucrado.
Otro que tiene un conflicto de intereses es Gilberto Cuadra Solórzano, miembro del Consejo Directivo del BCN, junto a Ramírez, pues es socio del Banpro, según el Registro de la Propiedad Inmueble de Managua.
Al final quedó demostrado que el factor tiempo, esgrimido por Sacasa, carecía de sustento, porque el banco permaneció en un limbo jurídico por siete meses, durante los cuales el Banpro y el BCN reclasificaron la cartera.
Después de la intervención del Interbank, la SIB aprobó que Banpro absorbiera Pribanco, en una negociación privada, sin que el caso tuviera resonancia en el público y en los medios de comunicación.
Ese secretismo y favoritismo que la SIB mantuvo para el Banpro al absorber Pribanco, se ausentó en Bancafé y luego en el Bamer, pues accionistas de ambos bancos han afirmado que los funcionarios de la SIB obstaculizaron toda negociación encaminada a una fusión.

Bancafé, el “filete” que quería Alemán
Los accionistas del Bancafé y del Bamer intentaron negociar una fusión a finales de 1999 y luego en enero de 2000, pero la SIB en todo momento se opuso, según lo afirmado por el ex presidente del Bancafé, Francisco Mayorga.
Mayorga sostiene que de haberse realizado la fusión, el banco se hubiese fortalecido, y el Estado se habría ahorrado el capital que invirtió para respaldar a los depositantes. En el caso del Bamer, las autoridades nunca demostraron que hubiese irregularidades.
En el Bancafé, la SIB ordenó la liquidación forzosa el 17 de noviembre del año 2000, por presentar capital negativo y una grave situación de iliquidez.
Pero desde el tres de marzo de 2000, Sacasa ordena que para asegurar la ejecución de las resoluciones ordinarias de las Juntas Directivas y del Comité Ejecutivo, sea el gerente general Carlos Matus, de modo que ningún miembro individual de la Junta Directiva se involucre directamente en las líneas de mando ejecutivo del banco.
En la misma resolución, Sacasa delega en Matus plenas facultades para seleccionar y contratar, así como para despedir al personal ejecutivo del banco por debajo del nivel de vicegerentes, prácticamente a todo el personal, y éste lleve personal de su confianza.
Sacasa dijo años atrás que Matus venía de desempeñarse como gerente del BAC, y gozaba de excelente reputación, tanto de probidad como profesionalismo. Pero ex funcionarios del BAC indicaron que Matus fue retirado de su cargo por irregularidades, y éste nunca quiso aclarar la situación.
Matus, en vez de mejorar la situación, la empeoró con una serie de excesivos gastos que se recetó. En el juicio seguido a los ex directivos del banco, Mayorga presentó un documento donde se refleja que Matus, gerente durante nueve meses por recomendación de Sacasa, hizo derroche, pese a que su misión era sacar a flote el banco.
Según los ex directivos, los obligó a negociar un contrato que establecía un salario de 13,500 dólares libres de todo impuesto, un vehículo Mercedes Benz, participación porcentual de las utilidades mensuales, y cuando éstas comenzaron a disminuir, pidió aparte siete mil dólares mensuales y un contrato por dos años.
Ex directivos afirmaron que Matus hizo una reclasificación de la cartera para ganar por recuperaciones junto a abogados de su confianza. Según la SIB, el banco fue descapitalizado por una larga historia de mala administración y abusos a favor de partes relacionadas, a lo cual se sumó el impacto de la crisis alrededor del Grupo Centeno-Consagro.
Documentos en nuestro poder muestran que los valuadores contratados por Manolo Miranda, Gerente de Crédito llevado por Matus al Bancafé en el año 2000 y ex funcionario del Banic, emitieron unos avalúos con precios bajísimos, los que utilizaron de soporte para bajar de clasificación algunos créditos.
Por ejemplo, Construcciones y Consultoría Técnica Ing. Guillermo García Sarria, presentó el avalúo de una propiedad en el kilómetro 12 ½ de la Carretera Sur, de la iglesia Monte Tabor, 1.2 kilómetros al oeste, a un valor de 3,200 dólares la manzana.
Pero en febrero de 1998, esa misma firma había emitido avalúo de una propiedad en el kilómetro 12 ½ de la Carretera Sur, 220 metros al oeste, 100 metros al norte, 400 al noroeste y 300 al oeste, a un valor de 20 mil dólares la manzana.
En base a esos avalúos botados, Matus y el personal de su confianza que reclasificaron la cartera del Bancafé, pasándola de A hasta D, bajo el argumento de falta de respaldo adecuado del crédito.
Semanas después de la intervención, el BDF se quedó con el banco. Fuentes de la SIB revelaron que la licitación del Bancafé fue muy reñida entre el BDF y Bancentro, pues estaba amarrada para los segundos.
Lo cierto es que días antes, el alto mando del Ejército --uno de los principales accionistas del BDF-- durante una reunión le había golpeado la mesa al presidente Alemán, Sacasa, Ramírez y Duquestrada, ante los rumores de una posible intervención.
Al cabo de tres meses de iniciada la liquidación, la Fiscalía denunció a los accionistas mayoritarios y miembros de la Junta Directiva: Francisco Mayorga, Omar González, Javier Ley Law, Juan José López Zeledón, Alfonso Delgado y José Arias. Todos ellos han quedado en libertad.

Bamer, solidez quebrada en pedazos
El Bamer es intervenido el 30 de marzo de 2001 por una pérdida de cinco millones de dólares, según las autoridades de la SIB --que no representaban ni el cinco por ciento de sus depósitos--, y al Banic, tras perder más del 40 por ciento de sus depósitos, lo dejaron funcionado por ocho meses.
Haroldo Montealegre, accionista mayoritario del Bamer, afirmó que el banco no ameritaba una intervención y que nunca establecieron ningún plan de normalización ni encontraron irregularidades en la administración, lo que refleja que la intención era entregarle el banco a Bancentro.
Los accionistas de Bancentro son: Roberto Zamora Llanes, su hermano Enrique Zamora, su suegro, Donald A. McGregor Raskosky, Eduardo Montealegre --quien había sido Ministro de la Presidencia y Canciller durante el gobierno de Alemán--, Elizabeth Urcuyo de Caldera, Ernesto José Urcuyo Abarca, Jaime Chamorro Cardenal, Gerardo Berger Vallacorto, Charles Rodolfo Ulvert y Gilberto Serrano.
Lo anterior aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, en el Tomo 684, B2, número 13,818 B2, páginas 274 a la 290 del Libro de Sociedades.
El ahora aspirante a la Presidencia no era miembro del gobierno en ese momento, porque había renunciado a la Cancillería seis meses antes, pero era convencional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y gozaba de la confianza de Alemán.
Mientras, en el caso del Interbank, la cartera buena se vende después de 60 días de intervención, dando tiempo a otra salida; en el Bamer se hace al día siguiente de decretar la intervención, pese a que la ley otorga 30 días prorrogables para determinar si puede continuar operaciones o si es recuperable mediante fusión o adquisición con otra entidad bancaria.
La liquidación en el Bamer se decreta inmediatamente después de la venta de los activos, y se procede a nombrar una Junta Administradora, mientras en el Interbank la liquidación se decreta siete meses después de la venta de la cartera buena, en abierta violación a la Ley de la SIB.
Otra diferencia en el tratamiento a los bancos es, por ejemplo, el concederle al Banic, que presentaba serios problemas aun antes de la privatización (enero 1999), un crédito de liquidez para sacarlo a flote a inicios del año 2000, mientras al Interbank, Bancafé y al Bamer nunca se les concedió.
En una entrevista en 2001, Noel Ramírez dijo no recordar por qué al Banic le concedieron el crédito de liquidez y no así al Bamer, donde no había irregularidades.
Según Mario Flores, ex gerente del BCN, aunque el Banic había perdido 60 millones de dólares, tenía capital suficiente de respaldo; mientras que el Bamer no. Montealegre dijo que el banco tenía un capital de ocho millones de dólares, más deudas del Estado por varios millones de dólares.
Los depósitos y la cartera del Bamer, cada uno de los cuales era mayor a 100 millones de dólares, fueron adquiridos por Bancentro. El presidente de la Junta Directiva, Roberto Zamora, sostiene que fue en una licitación transparente; aunque reconoce que siempre estuvo interesado en el banco y desde hacía tiempo lo venían estudiando, pero Haroldo Montealegre no quería salirse de la banca.
Zamora dijo en el 2001, que aunque es primo en segundo grado del vice superintendente de Bancos, Alfonso Llanes, quien antes trabajó en Bancentro junto a su esposa, no incidió para quedarse con el Bamer.
Haroldo Montealegre afirma que la propia SIB reconocía que el Bamer tenía la mejor cartera del país, los mejores procedimientos internos y un capital muy sólido, y aun así impidió una fusión con Bancafé.
Según Zamora, se quedaron con el Bamer porque presentaron la tasa más baja de interés, en una licitación donde también participaron Banpro y el BDF.

El Banic y la nefasta sombra de Alemán
La SIB decretó la intervención en el Banic el cuatro de agosto de 2001, semanas después de que Geninsa, la sociedad anónima que administraba propiedades y bienes del presidente Alemán y su familia, canceló los millonarios créditos pendientes, cuyo vencimiento era dos o tres años después.
Las cancelaciones se hicieron con cheques salidos de una casa de cambio, producto de las famosas notas de crédito que Byron Jerez utilizaba como papeletas para defraudar al erario del Estado.
En los años 1997 y 1998, el Banic sirvió de “caja chica” a Alemán, sus familiares y allegados, y después de la privatización “amañada” a favor de amigos, aún arrastraba las deudas de los primeros, según investigaciones de END efectuadas en 1999.
Investigaciones de END en 1999 revelaron que en 1998 Alemán, sus allegados, Donald Spencer, ex presidente de la Junta Directiva del Banic, a través de unas 20 sociedades anónimas de amigos y testaferros, recibieron más de 15 millones de dólares en créditos, sin tener las debidas garantías.
En 1999 aparece comprando el Banic, Inversiones Iberoamericanas S.A., constituida el 20 de noviembre de 1998, siendo sus socios: Ariel Pineda (gestor de funcionarios del Banic); Norma Navegas, (maestra) y Aura Mendoza Medina (ama de casa). Un mes después endosan sus acciones a Ronald Lacayo, del Hamilton Bank.
Una certificación notarial, librada el 21 de septiembre de 1999 por el abogado del Banic, Ronald Martínez Sevilla, indica que los verdaderos dueños eran: Ramy Attie, 6,000 acciones, Félix Gutiérrez, 6,000 (ex funcionario del Banic), Juan Maranakys y Epaminondas Maranakys (socios de Donald Spencer, ex presidente de la Junta Directiva del banco) 12,000; José Mirón Alejo, 6,000 (amigo de Alemán), y Ronald Martínez (ex funcionario del banco) 6,000.
Flores aseguró que al Banic le otorgaron el crédito de liquidez porque presentó un plan para recomponer el banco, ya que el informe emitido por Artur Anderson recomendaba mejorar la cartera.
El informe Artur Anderson también reflejaba la existencia de irregularidades en la concesión de créditos. El BCN y la SIB conocían que se concedieron millones de dólares en créditos a fantasmas, sociedades de papel y a grupos relacionados con Alemán y Spencer.
El doctor León Núñez, experto bancario y ex director jurídico del BCN en tiempos de Ramírez, dijo que no es necesario ser un experto para darse cuenta de que en la actuación de la SIB hay deficiencias bastante graves en la supervisión. ¿Cómo es posible que feliciten al Interbank por la excelente cartera, y meses después lo intervengan?, señaló.
A criterio de Núñez, el descalabro bancario que está dejando pérdidas millonarias para el pueblo, se habría evitado con una eficiente supervisión bancaria, porque es obligación del Superintendente conocer lo que sucede.
Núñez considera que primero se deberían haber agotado otros mecanismos que establece la ley antes de llegar a la intervención y liquidación. Si un banco no es viable, hay que proceder a liquidar y pagar conforme a la ley, porque esa justificación de “salvar al sistema financiero” no significa que haya sido lo mejor”.