Nacional

Legislación sobre lavado y los delitos con los Cenis


Luis Galeano

Las reformas al Código Penal en el 2002 sumadas a lo que establece la Ley 285 de sicotrópicos y estupefacientes, podría convertir el asunto de los Cenis en delito de lavado de dinero.
Al menos es la conclusión que se puede sacar de declaraciones brindadas por el directivo de la Superintendencia de Bancos (SIB) y catedrático de Derecho Bancario, Antenor Rosales, quien participó en la creación de la Ley 419 que se encuentra vigente desde el 28 de junio de 2002 que se refiere a los delitos financieros.
Conversamos con él después de un debate público relacionado con la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) el pasado viernes, y nos dio sus declaraciones no en base a un caso específico, sino desde la perspectiva legal y financiera de lo que establecen las normas del país.
Según Rosales, en base a la Ley 419, el socio, director, gerente o administrador, funcionario o empleado de bancos que realice operaciones en perjuicio de los depositantes o acreedores, socios o del Estado será penado con prisión de seis a ocho años, y si la actividad pone en riesgo al sistema financiero nacional, la pena será de 8 a 10 años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período.
“La ley señala que cuando se atenta contra la economía nacional se comete un delito, y entonces estamos en presencia de lo que en el artículo 61 de la Ley 285 señala: que cometen lavado de dinero aquel que por sí o interpósita persona realiza con otras personas o establecimientos bancarios actos u operaciones mercantiles derivados o procedentes de actividades ilícitas”, dijo Rosales.
Economistas consultados por EL NUEVO DIARIO afirman que aunque la Ley 419 se encuentra vigente desde el 2002 y los Cenis se emitieron a partir del 2000, se continuaron emitiendo aún después de aprobada esa norma y, por tanto, habría que ver si les sería aplicable lo que señala esa norma jurídica.
Cenis no se pueden anular, pero sí perseguir a emisores
A la vez explicó que los Cenis como títulos valores no se pueden anular por el “principio de abstracción”, pero que sí se puede perseguir a quienes hayan emitido el título de manera “irregular”.
“Si vendo unos anteojos y vos me das un pagaré, y después ese pagaré que vos me distes yo se lo vendo a otra persona y me doy cuenta de que los anteojos no valían lo que vos me dijiste, no puedo yo decir que ese título no vale y que es nulo, porque cuando lo firmé lo hice de buena fe”, explicó Rosales.
¿Y si el que adquirió el título sabía que el procedimiento para emitirlo fue viciado, qué cabe?
“Recurrir ante un juez para que investigue y determine si todo se hizo de buena fe o quienes actuaron lo hicieron con dolo.
Añadió que el sigilo bancario no rige a los activos de los bancos desde el 30 de noviembre del año pasado, cuando se publicó en La Gaceta la Ley 561, de reforma a la Ley General de Bancos, y que, por tanto, no entiende por qué la Contraloría sigue solicitando al procurador que pida al juez que se le entregue la información que requieren para llegar al fondo del asunto de los Cenis.
Rosales se mostró en contra de que los nicaragüenses sigan pagando el alto costo de los Cenis, pero consideró que todo debe hacerse de conformidad con las leyes y procedimientos.