Nacional

Habrá queja ante Asamblea de OEA

* Cancillería tica anunció ayer que pedirá que denuncia sea archivada

El canciller de la República, Norman Caldera, anunció que Nicaragua se quejará en junio próximo ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la prórroga que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió a Costa Rica para entregar un informe tras las denuncias de violación de derechos humanos y retardación de justicia, en los casos de las muertes de los nicaragüenses Natividad Canda Mairena y José Ariel Silva Urbina.
Canda Mairena murió destrozado por dos perros rottweiller en noviembre pasado, ante la vista y paciencia de las autoridades policiales y de bomberos, el dueño de los canes, decenas de curiosos y hasta de un camarógrafo.
En tanto, José Ariel Urbina fue asesinado con arma blanca al mes siguiente por una turba de ticos tras una discusión, cuando estos últimos se burlaban de la forma en que murió Natividad Canda Mairena.
Caldera anunció la medida de exponer los casos ante la Asamblea General de la OEA, luego que el canciller de Costa Rica, Roberto Tovar Faja, respondiera ayer ante la solicitud de Nicaragua, que “declare que el Estado costarricense no ha violentado las normas internacionales invocadas por el Estado de Nicaragua”, y, por lo tanto, se archive el expediente.
Caldera: “Costa Rica viola reglamento de la CIDH”
El canciller Norman Caldera acusó a Costa Rica de violentar el reglamento de la CIDH al no presentar el informe solicitado por Nicaragua dentro de la fecha límite, 15 de abril, y más bien, solicitar nueve días después, el 24 de abril, una prórroga.
“No obstante, esta flagrante trasgresión de los plazos, la CIDH accedió a prorrogar el plazo hasta el cinco de mayo en curso”, se pronunció ayer el canciller, quien aseguró que esto viola el arto. 30 inciso 3, y el arto. 39 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Vamos a demandar (ante la OEA) que la prórroga sea considerada nula y, por lo tanto, se proceda de inmediato a misión de la demanda, que es lo que contemplan los estatutos, y que es lo que no se está queriendo hacer en una actitud que quiere favorecer al país sede de la Corte”, declaró el canciller.
“Nosotros tenemos casos anteriores --aseguró Caldera--, a los que a Nicaragua se le ha aplicado plazos sin darle prórroga, a pesar de que se alegó fuerza mayor, por lo tanto, están aplicando una norma para Nicaragua, y una norma diferente que se han inventado recientemente cuando se trata del caso de Costa Rica, y eso es lo que estamos protestando”.
En su amplia respuesta, de 33 páginas y 15 anexos, Costa Rica argumenta que los dos casos alegados “están a cargo de las autoridades judiciales competentes, y de conformidad con el debido proceso que establece el ordenamiento interno”, y expresa que no existe “retardo de justicia y violación del debido proceso”.
“Tal como lo evidencia la prueba documental aportada, la investigación se encuentra abierta”, comprendiendo todas las diligencias correspondientes, sostiene el documento.
“En todo momento”, agrega la respuesta, “el Estado costarricense está haciendo uso de sus mecanismos internos” para determinar claramente las circunstancias, y serán los Tribunales de Justicia nacionales los que califiquen las acciones de las personas involucradas, y establezcan las responsabilidades penales que corresponden, “todo ello con el debido respeto a las garantías procesales”.
“No existe impunidad, ni siquiera “aparente”, como dice la parte peticionaria, en ninguno de los casos alegados”, dice Costa Rica en su respuesta.
La solicitud de Nicaragua “no tiene lugar, toda vez que, como lo reconoce el mismo peticionario, no se han agotado los recursos de la vía interna en ninguno de los extremos de la supuesta violación de derechos humanos”, dice el documento.
Caldera respondió ayer por la noche que los “procedimientos internos” a los que se refiere Costa Rica son plazos demasiado extensos que pueden propiciar la ocurrencia de “más fatalidades”. “Y para evitar eso se pidió de forma excepcional que no se esperara a que se cumplan los plazos, no son razonables”, explicó el canciller nicaragüense.
Al mismo tiempo, el canciller nicaragüense rechazó el argumento de que, supuestamente los familiares de Canda Mairena, no llegaron a Costa Rica. “Como si se trata de un delito privado, un muerto a la vista del mundo en las fauces de los canes, difícilmente se va a pensar que se va a llegar a un trámite conciliatorio, como si es un caso civil de injurias y calumnias”, dijo.