Nacional

Confirman sacar a Tradeco

*Expulsada de “cualquier proyecto en Nicaragua” *“Claro e injustificado incumplimiento” de mexicanos y MTI “Patrón de conducta reiterativo y coincidental altamente sospechoso”

Oliver Bodan

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional emitió un dictamen el pasado 18 de abril que claramente determina la salida de la empresa mexicana Tradeco de la segunda parte de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chinandega-El Guasaule.
Los diputados aprobaron el Convenio “Modificación Contrato de Préstamo No. 1576”, firmado el 14 de octubre de 2005 por US$11.1 millones entre Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero establecieron meridianamente que dicha compañía debe salir de cualquier proyecto en Nicaragua. Anteriormente la firma ya había recibido US$19.5 millones para la primera parte de la obra, pero incurrió en graves anomalías.
Según el documento, “mientras no se aclaren de manera contundente, definitiva e indubitable, los extremos de las irregularidades denunciadas en relación a la ejecución del Contrato de Préstamo No. 1576”, en su primera etapa, “la empresa Tradeco y los socios que la integran deberían verse privados de participar en cualquier proceso o instancia que lleve a la adjudicación de la ejecución de la segunda fase del proyecto mencionado, o en cualquier otro proyecto que se relacione con el Estado de la república de Nicaragua”.
De acuerdo con el diputado Wilfredo Navarro, presidente de la Comisión, por primera vez se incluye una condicionalidad de este tipo en un decreto legislativo. “Es primera vez que nos metemos a establecer condicionalidades”, precisó.
Una investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO reveló que Tradeco firmó sin justificación técnica alguna un contrato de US$29.9 por la rehabilitación de la vía, cuando el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) era Pedro Solórzano.
“De confirmarse los hallazgos relacionados por la Contraloría General de la República, el gobierno de Nicaragua, presidido por el ingeniero Enrique Bolaños Gayer, está obligado a realizar las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias, oportunas y contundentes en contra de todos y cada uno de los que resulten involucrados en estos hechos, sean estos funcionarios públicos de cualquier nivel o rango, e incluso personas naturales o jurídicas de derecho privado”, mantiene el dictamen.
“Caso contrario, sería el mismo gobierno quien estaría actuando como mampara y en contubernio con personas o entidades sobre las que pesa el señalamiento de haber actuado al margen de la ley y han atentado contra el interés público del pueblo de Nicaragua”, añade.
En el artículo dos del decreto --que deberá ser aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional-- se determina enviar copia certificada del dictamen a las partes contratantes y a la Contraloría --a través de la Primera Secretaría--, “en el que aparentemente se establece irregularidades e incumplimiento de la empresa Tradeco en relación con la primera parte del presente préstamo”.
Los diputados instaron al ente fiscalizador a continuar con su auditoría especial sobre el caso “hasta su conclusión, tomando las medidas que la Constitución y la ley le faculten efectuar en aras de la protección y salvaguarda de los intereses del Estado nicaragüense”.
La Comisión determinó que aunque está persuadida sobre la necesidad de emitir un dictamen favorable a la ampliación del contrato de préstamo, “con el fin de evitar un daño mayor e irreparable” en la vía, es necesario consignar las graves anomalías del proyecto.
Irregularidades e injustificado incumplimiento
La Comisión se refirió a las primeras indagaciones de la Contraloría, institución que envió el pasado 24 de marzo sus resultados provisionales.
“De la misiva se desprende de manera clara que la empresa Tradeco, contratada para la realización de la obra, incurrió en serias irregularidades e incumplimientos a todo lo largo de la ejecución del proyecto, no obstante y sin existir base legal o técnica alguna, se procedió de manera irresponsable y sorprendente a entregarle una fuerte cantidad de millones de dólares en concepto de adelanto, como si la obra se estuviese desarrollando de manera normal y sin ningún tipo de irregularidades”, señaló el documento.
“Incluso, se suscribió un acuerdo suplementario, carente de toda justificación y asidero legal en el cual se extendió la fecha de terminación de la obra”, añadió.
Luego determinó claramente las responsabilidades del MTI y Tradeco en el caso: “Todo lo relacionado evidencia al menos un posible patrón de conducta reiterativo y coincidental altamente sospechoso, y un proceder abiertamente irresponsable y doloso por parte de las empresas contratadas y las autoridades de gobierno implicadas directamente en el seguimiento del desarrollo de la obra, dejando como consecuencia final un claro e injustificado incumplimiento por parte de la empresa constructora, afectando así el interés público del Estado nicaragüense”.
Carretera no apta para tráfico pesado
El dictamen coincide con el criterio de la Comisión de Transporte e Infraestructura que recuerda la existencia de 34.57 kilómetros no concluidos y a nivel de base negra, “la cual no está apta para soportar el peso y la cantidad del tráfico de vehículos que actualmente circula por la carretera en mención, una de las más traficada del país y de Centroamérica”.
Además, señala “el agravante de estar a dos meses de iniciar el período de invierno, y que sin lugar a duda va a causar daño”, por lo que un atraso en la obra “ocasionaría un costo aún mayor para el Estado de Nicaragua y particularmente ocasionaría daños irreversibles al avance de obras en este proyecto”.
El diputado Navarro afirmó que quedó claramente demostrado en el informe técnico todas las irregularidades cometidas por Tradeco y el MTI, incluida la falta de supervisión del proyecto por parte del Consorcio Tec & Cía.-Idisa.
“Todo esto quiere decir que el MTI es responsable, y si el gobierno fuera consecuente con la transparencia y la lucha anticorrupción no debe darle a Tradeco la segunda parte del proyecto. Está claramente demostrado en el informe técnico todos los problemas, la falta de supervisón”, aseveró.