Nacional

Amenazan con paralizar totalmente los juzgados

*** Magistrado Solís de acuerdo con aumento, e insinúa que presidente de la CSJ es el que atrasa

Lizbeth García

Los 3,500 trabajadores del Poder Judicial dieron un ultimátum a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que si el próximo viernes no tienen una respuesta a su demanda salarial, paralizarán al ciento por ciento los juzgados, pero de antemano anunciaron una gran marcha nacional para el próximo lunes.
El anuncio se produjo inmediatamente después de que los representantes de los trabajadores se reunieran con las autoridades de la CSJ, que pospusieron el encuentro de Corte Plena que estaba programado para este martes a fin de esperar una respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a quien el magistrado presidente Manuel Martínez envió una carta preguntando sobre el uso y destino de los fondos que vía Presupuesto recibe la Corte.
Extrañamente, los reclamantes se adelantaron a decir que su demanda no tiene colores políticos. En iguales términos se expresó el magistrado vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, quien señaló que hay magistrados sandinistas que tienen una posición conservadora en cuanto a incrementos salariales, mientras que algunos liberales creen que el aumento debe ser otorgado.
Otro punto de divergencia entre los dos grupos de magistrados es el relativo al 10 por ciento de aumento propuesto para jueces y magistrados, donde obviamente estarían los de la CSJ. Unos creen que no debe incluir a estos últimos porque ya devengan un salario de 4,600 dólares sin deducciones.
El problema es de interpretación, recalcó Solís: “El doctor Martínez insiste en que no podemos dar el aumento porque el Ministerio de Hacienda no nos dio la plata para ese aumento, pero otros magistrados creemos que eso no es así, porque nosotros como Poder del Estado podemos destinar los fondos que el Estado nos da como mejor nos plazca, haciendo distribuciones internas adecuadas a la necesidad”.
Solís recordó que el inciso primero del artículo 161 de la Constitución, dice que es facultad de la CSJ destinar los recursos para su funcionamiento, organizar el Poder Judicial y tomar todas las medidas que sean necesarias para que éste funcione.
El vicepresidente de la CSJ recalcó que bien podrían tomar 42 millones de córdobas de los 99.7 que les otorgaron vía extensión presupuestaria para cubrir los aumentos salariales y ponerle punto final al problema, “porque a veces lo que el tonto hace al final, el vivo lo hace primero”.
Agregó que otorgarles a los trabajadores el aumento diferenciado “no le va a hacer mella” al programa que el Fondo Monetario Internacional tiene para Nicaragua, porque comparativamente hablando, los 3,500 trabajadores del Poder Judicial representan apenas el tres por ciento de los 130 mil que tiene el Estado.
La propuesta de Solís es reducir a la mitad las partidas presupuestarias que estaban destinadas para abrir nuevos juzgados, comprar computadoras, nombrar defensores y otros rubros, a fin de reinvertir el ahorro en los trabajadores, cuya propuesta es que el reajuste salga de lo que se recauda en los Registros Públicos o de los millones que el Estado ha dejado de entregarle al Poder Judicial en concepto del 4% del Presupuesto General de la República.
Martínez “tiene la pelota”
Pero mientras no haya reunión de Corte Plena, la que sólo puede ser convocada por el magistrado presidente de la CSJ, Manuel Martínez, quien ayer partió a una gira de trabajo para regresar hasta el jueves, el paro se mantendrá.
El magistrado Rafael Solís advirtió que si Martínez no convoca a reunión el viernes, el Consejo de Administración lo hará, aunque sea para el lunes, para evitar un caos.
La preocupación de las autoridades de la CSJ es que la protesta se profundice, pero el caso es que ya está provocando problemas, porque la juez Segundo Penal de Juicio, Adela Cardoza, tuvo que suspender un juicio por estelionato porque el Sistema Penitenciario Nacional no llevó al procesado, ya que sabían que de las ocho de la mañana a las dos de la tarde hay paro.
Al caer la tarde, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional llevaron a los presos que tenían juicios y audiencias programadas para la tarde.
La magistrada Martha Quezada, Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, aclaró que en los juzgados que trabajan con el Código Procesal Penal están laborando, porque hay términos legales que se deben cumplir.
Paro en Medicina Legal
Quienes no tienen términos legales son los muertos. Pese a ello “están sufriendo” los efectos de la protesta a la que se unieron la Asociación de Médicos Forenses y la Asociación de Defensores Públicos.
El doctor Silvio Mora explicó que sólo están atendiendo “las emergencias”, es decir, las autopsias, valoraciones en delitos sexuales y violaciones, lesiones graves, y aquellos casos en los que es necesario corroborar que hay una persona lesionada.
Los juicios donde no haya una persona detenida, así como aquellas mujeres que hayan sido violadas años atrás, tendrán que esperar por una valoración.
Mora confirmó que en el Instituto hubo una amenaza de despido hacia una secretaria recién promovida porque estaba en la protesta, pero se desconocen mayores detalles del caso.