Nacional

Rosario Meza va contra procurador

* Dr. Novoa vuelve a mencionar que hay un gran faltante de medicinas y que fallo que la absolvió fue de jurado

Lizbeth García

En una audiencia privada, el juez Octavo Local Penal de Managua, Sergio Palacios, admitió la querella que por la supuesta autoría del delito de injurias promovió Rosario Meza Soto, ex directora del Centro de Insumos para la Salud (CIPS), en contra del procurador general Alberto Novoa, quien dijo que “la verdad no se oculta con un dedo”.
Meza alega que el procurador supuestamente la injurió al haber dicho que ella robó al Estado de Nicaragua, pero Novoa dijo ayer que los hechos son objetivos y claros, porque existe un expediente que da cuenta de un faltante de medicina enorme que perjudicó al pueblo de Nicaragua “y eso lo sigo manteniendo siempre”.
Pero Meza tiene dos sentencias a su favor donde la sobreseen de todos los delitos que le achacaron en su momento, por supuestamente desviar un cargamento de medicinas.
La sentencia de derecho
“Sí, (pero) esa es una sentencia de un jurado, pero hay sentencia de derecho que sí estableció los parámetros de que existió el robo”, apuntó Novoa, quien recalcó que eso no lo dice él, sino la sentencia que le impusieron a Meza cuando le decretaron el auto de prisión por los delitos por los que fue señalada en su momento.
Rosario Meza fue procesada y encarcelada por el supuesto desvío de medicinas, hecho denunciado en 2001 por las autoridades edilicias de Niquinohomo, pero las autoridades judiciales emitieron dos sentencias absolviéndola, por lo que a finales de 2005 ella decidió demandar al Estado en la vía civil por daños y perjuicios hasta por 500 mil dólares.
El delito que Meza le achaca a Novoa ahora se habría configurado cuando éste emitió opinión sobre la demanda civil que la ex directora de la CIPS promovió en contra del Estado en el Juzgado Sexto Civil de Distrito de Managua.
El juicio oral fue programado para el 27 de febrero de este año. Para mientras llega esa fecha, el doctor Novoa permanecerá en libertad.
La querellante está solicitando la pena máxima para el querellado y la inhabilitación absoluta por un año, pero eso sólo ocurrirá si es que hay fallo en contra del procurador.