Nacional

Marineros-socios de Promasa denuncian calvario jurídico

* Ruina económica ronda a la Camaronera producto de oscuras maniobras para expropiar 8 barcos

Redacción Central
117 marineros accionistas de la empresa camaronera Promasa, de Corinto, pueden quedar en la más completa ruina económica, tras un calvario jurídico y una serie de oscuras maniobras, producto de las cuales están por perder su último patrimonio de la compañía, unos ocho barcos de su propiedad que de manera arbitraria e ilegal, según el presidente de la empresa, fueron incorporados en una subasta plagada de nulidades.
Edgard Montiel Barrera, actual presidente de la Junta Directiva de Promasa, declaró que “además de esta operación de despojo, tenemos que denunciar la conducta del Dr. Yalí Molina, quien de manera ilegal hizo deducciones de un 15% y de un 10% en la liquidación del pasivo laboral de los trabajadores de la empresa, luego de que la firma Petróleos Latinoamericanos S.A., que él representa, accedió a pagar las prestaciones sociales al comprar a la sociedad Impacsa las instalaciones del muelle de Promasa, sin reparar en los oscuros antecedentes de los vendedores”.
“Molina prácticamente cobró una coima a los trabajadores, por las reivindicaciones a que por ley tienen derecho, y esto es totalmente injusto e ilegal”, dijo Montiel Barrera.
Agregó que “mientras no se nos reconozca el despojo de los barcos, tenemos introducida una acción de nulidad en la Corte de Apelaciones de León, por lo que esa operación de compra venta no puede concretarse mientras no se aclare totalmente nuestra situación”.
“Resulta extraño que Petróleos Latinoamericanos S.A., representada por el Dr. Yalí Molina, compra unas instalaciones portuarias, figurando como compradora en la escritura Soraya Montoya, la que no tiene ni los recursos ni los antecedentes de estar vinculada a una compañía petrolera. Aquí hay algo extraño, muy raro, que deberá investigarse”, recalcó Montiel.
Agregó que entre los que armaron toda “la patraña para hacer un gran despojo de todo nuestro sudor que dejamos por largas décadas en esta compañía camaronera, figuran personas descalificadas como el ex presidente de Promasa, Rolando de Jesús Mayorga Díaz, quien se prestó a deslegitimar a nuestro apoderado legal, Dr. Juan Ramón Acosta, para favorecer a nuestros demandantes; Carlos Jiménez Gómez, quien cayó preso como propietario de Pinolero Delivery, y Howard Ho Ki Chan. Éstos fueron representados por el abogado Luis Alfredo García González.
“No entendemos cómo el Dr. Yalí Molina, quien dice representar un bufete serio y que además se autoproclama como líder conservador, hizo trato con una sociedad integrada por personas con antecedentes penales que han realizado todo este juego sucio contra nosotros”.
Historia de la empresa
Por su parte, el Dr. Juan Ramón Acosta, abogado de los trabajadores reclamantes, recordó que Promasa surgió después de que en 1992 el gobierno de doña Violeta Chamorro transfirió a los trabajadores la antigua empresa Alinsa. “Se pactó la transacción en 2.8 millones de dólares de los cuales 1.3 millones eran deudas que Promasa iba a asumir como empresa, y el resto del dinero iba a ser amortizado por el pasivo laboral y deudas que tenía Alinsa con los trabajadores con un monto aproximado de 1.4 millones de dólares.
“Así se concretó la operación, por lo que se transfirió a Promasa tanto las instalaciones de la empresa, como la flota de barcos que eran de Alinsa. Unas 26 licencias, aunque realmente eran apenas 18 barcos los que quedaban en operaciones”.
“Pero con el transcurso del tiempo se suscitaron problemas sociales, enfrentamientos entre los socios, discrepancias graves; vino un declive en el rubro de la pesca y una mala administración que condujo a Promasa a una debacle económica muy seria, por lo que no pudo hacer efectivos sus pagos a los acreedores”.
“Esto provocó que en 1999 uno de los acreedores de Promasa la subastara por 888 mil dólares, pero se apeló de esa ejecución por serias deficiencias y nulidades que hubo en la subasta”.
“Fue entonces cuando los adjudicatarios de la empresa crearon una sociedad denominada Impacsa --Inversiones Marítimas del Pacífico S.A.-- que se acercan a buscar un arreglo extrajudicial, y se comprometen a pagar a los trabajadores el pasivo laboral que les quedó debiendo la empresa. Además, prometieron respetar ocho barcos que habían quedado fuera de la subasta”, siempre y cuando desistieran de la apelación”.
“Se llevó a efecto la venta forzada. Los trabajadores cumplieron su acuerdo y esperaron que Impacsa hiciera efectivo tanto el pago del pasivo laboral como la devolución de sus bienes.
“Pero en esto hubo una triquiñuela de parte de Impacsa, cambiaron totalmente el acta de la subasta e incluyeron ocho barcos, dos de ellos eran los mejores de la flota de Promasa que no estaban incluidos en la demanda original. Uno de los barcos fue vendido y el otro adjudicado al ex general Glauco Robelo, socio vicepresidente de Impacsa, quien lo tiene en la actualidad en la Marina de Guerra de Corinto”.
“Los restantes barcos los vendieron como chatarra una parte, y los motores por otro lado, y de esta manera lograron recaudar más de 220 mil dólares, que en ley y en conciencia eran patrimonio de los trabajadores”.
Agregó que, según dijo Jiménez, la operación de venta de las instalaciones del muelle fue por 1.7 millones de dólares. “Nosotros interpusimos un recurso sobre la nulidad de la compra venta de Impacsa a Promasa por todos los vicios de la subasta que apuntamos antes, por lo que esta última transacción puede verse afectada”.