Nacional

Se acusan mutuamente de actos de corrupción


Jalapa, Nueva Segovia
La sustracción de documentos, la ruta de un cheque, la adquisición de una finca y una camioneta son los principales tópicos que han suscitado una reyerta judicial y política entre el alcalde saliente, Francisco Omar González Vílchez, y el entrante, Humberto Pérez Largaespada, ambos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ambos se acusan de corrupción. La Fiscalía del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y la Policía Económica investigan para ver si encuentran elementos que hayan ocasionado perjuicios al patrimonio de la Comuna y deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Infidelidad en la custodia de documentos
Tras pasar varios meses en el extranjero, el ex alcalde González Vílchez se presentó el 12 de enero ante el juez local, Sergio Granja, para enfrentar acusación promovida por el actual edil, por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos”, hecho que causó un revuelo y enfrentamientos verbales.
El judicial encontró méritos para procesar al ex edil y le decretó casa por cárcel, además agregó 5 medidas cautelares. Pérez Largaespada dijo a EL NUEVO DIARIO que su antecesor sustrajo documentos de la Comuna, entre los que están cheques y escrituras de propiedad.
La controversia inició por el cheque No. 20004 que González Vílchez giró a favor de Pérez Largaespada, entonces alcalde electo, el 25 de noviembre de 2004, por la suma de 446 mil 216 córdobas.
El nuevo edil sacó a luz el citado cheque, una vez investido de alcalde. Pérez Largaespada afirmó que su antecesor pretendió sobornarlo con ese cheque para que callara la supuesta corrupción en su período.
Pérez Largaespada abrió otro señalamiento contra su antecesor, de haber comprado un vehículo con fondos de la Alcaldía, que no trajo al municipio y está en poder de la filial departamental de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Mostró fotocopias de documentos de adquisición de la camioneta, que fue comprada a Miriam Consuelo Vargas Loáisiga, diputada suplente del FSLN.
Una finca en La Jungla
También han surgido otras acusaciones como la compra de 40 manzanas de un terreno boscoso, ubicadas dentro del área selvática de La Jungla con el presunto propósito de crear un parque ecológico. Las versiones de ambos radican en que, de acuerdo a un informe de la CGR, se estipula un precio de 10 mil dólares en la compra, pero la escritura habla de 12 mil dólares.
El ex alcalde, Omar González Vílchez, amenazó con desatar una “tormenta” política en caso de que su enjuiciamiento se le complique el 22 de febrero próximo.