Nacional

Tensión en costas de Tola

* Juez envío a la Policía a cuidarle playas a dos inversionistas extranjeros que las están cercando * En tanto, unos 200 pobladores trataban de evitar que se las arrebataran, pero fueron repelidos por antimotines

Tola -Momentos de mucha tensión se están viviendo desde la tarde del jueves en las costas de Playa Sardina, municipio de Tola, ya que cerca de 40 policías de la delegación departamental de Rivas, entre ellos una docena de antimotines, llegaron a “cuidarle” una franja costera a dos inversionistas extranjeros que están cercando el área, lo cual está siendo rechazado por más de 200 pobladores.
La presencia policial nunca antes vista en la zona y sobre todo en las costas de dicho balneario, no inmutó a los pobladores de “Las Salinas de Nahualapa”, ya que en medio de discusiones que sostuvieron con oficiales, estaban evitando que se colocara un cerco a tan solo 50 metros del rompimiento de la última ola, que los dejaría sin acceso a la costa.
“Corrección de medidas”
Según la pobladora Delfa María Obando, de 64 años, todos lo habitantes de la comunidad de Las Salinas están dispuestos a defender la única costa que les han dejado, “porque además tenemos derecho de posesión, y de estas áreas todos los habitantes de la comunidad somos socios porque son áreas comunales administradas por nosotros mismos a través de una Junta Directiva que funciona desde 1877, y es reconocida legalmente por la Alcaldía de Tola por tratarse de una comunidad indígena”, detalló.
Agregó que están cercando la franja costera los extranjeros Phillip Christopher y Mark Wolfe, “quienes compraron ocho manzanas a la familia Balladares, y para tener la propiedad frente a la costa de playa Sardina, hicieron una corrección de medidas y ahora quieren cercar las costas aduciendo que les pertenecen, lo cual no es cierto”, explicó.
Por su parte, el señor Dolores López, de 79 años, aseguró que nunca antes había visto en su vida a tantos policías protegiendo áreas costeras a inversionistas extranjeros, y aseguró que desde hace un año permanecen en las costas para evitar que los dos extranjeros se apoderen de la franja costera.
Orden de jueza
Christopher y Wolfe tuvieron un gran “espaldarazo” de la juez del Distrito Civil de Rivas, Marianela Paredes, quien dictó un auto el pasado lunes en el que gira un oficio al jefe de la Policía de Rivas, comisionado mayor Denis Pérez, para que haga presencia policial en la finca “Las Sardinas”, pero además deja a oficiales de la Policía en manos de los dos inversionistas, al señalar “que la presencia de la Policía se hará efectiva siempre y cuando la empresa “Flor de Mayo de Nicaragua” (propiedad de los extranjeros) realice trabajos en el lindero poniente”.
Pobladores vs. policías
Dicho auto fue acatado por el jefe de la Policía de Rivas desde el jueves, y según fuentes ligadas al caso, la presencia de la Policía será de al menos diez días, en los cuales garantizarán que los dos extranjeros coloquen sus cercos a escasos 50 metros del rompimiento de la última ola.
No obstante, hasta ayer la cantidad de oficiales no era capaz de contener a los más de 200 pobladores que evitaban que se colocara el cerco, por lo que a eso de las cuatro de la tarde una camioneta repleta de policías se trasladó a la zona para apoyar a sus compañeros, por lo que la situación se pondría aún más tensa.
Presidente de comunidad los abandonó
Por su parte, el presidente de la comunidad indígena de “Las Salinas de Nahualapa”, Bartolo López Castillo, aseguró que está desligado del problema y que desconoce totalmente lo que está pasando en las costas de Sardina, aunque reconoció que la franja costera que están cercando los dos inversionistas extranjeros son terrenos comunales, administrados por ellos.
No obstante, Sara Castillo delató que su hermano los ha abandonado en este caso “pese a que es el presidente de la comunidad, pero al parecer tiene fuertes motivos para no inmiscuirse en esta lucha justa, ya que nos están cercando la única playa que nos han dejado para bañarnos y pescar, amparados en la ley que establece que las costas son públicas”, concluyó Castillo.