Nacional

Leyla Bucardo pasa al ataque

* Sentencia del TAM se les convierte en una especie de patente de corso

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) a favor del colombiano, Jorge Eliécer González Hernández y/o Luís Angel González Largo, y su novia Leyla Bucardo, que legalizó los 609 mil dólares, ha dado pie para que ahora ésta amenace con acusar al procurador General de la República, Alberto Novoa y a Eloísa Ibarra, por injurias y calumnias.
En declaraciones a Canal 12, Bucardo dijo que si Novoa no se retracta de las declaraciones brindadas a EL NUEVO DIARIO lo podría acusar ante los tribunales de justicia, porque los magistrados del TAM en su sentencia dejaron claro que no hay lavado de dinero.
¿Han analizado hacer alguna demanda por injurias y calumnias contra quienes los llamaron narcotraficantes? “Sí, estamos analizándolo con mi abogado, porque Eloísa Ibarra me ha desprestigiado mucho, ella es una de las que me llama narcotraficante, y estoy tratando de considerar con mis abogados para que logremos llegar a un acuerdo de cómo ella logre probar, si es que tiene pruebas de que soy narcotraficante, y también el doctor Novoa por sus declaraciones”, dijo Bucardo, quien estaba acompañada del suspendido abogado y notario, Israel Zelaya.
Novoa mantiene su dicho
Al consultar al doctor Novoa afirmó: “No temo ninguna amenaza, y mantengo lo dicho, porque esa sentencia del TAM es un escarnio para Nicaragua, y detrás de ese comportamiento (amenazar) hay tentáculos grandes. Si quiere acusarme que vaya, porque el único juez es la opinión pública”.
González fue condenado por la ex jueza Rosario Altamirano a diez años de prisión por el delito de lavado de dinero, y Bucardo a cuatro años. Pero las magistradas sandinistas Silvia Rosales y Martha Quezada expresaron que en las pruebas aportadas por la Fiscalía (acusadora) no existe ninguna que indique de forma certera que el dinero haya estado ligado al narcotráfico o a alguna actividad ilícita.
Al condenar a González, Altamirano le aplicó el artículo 61 Inc. B de la Ley 285, que establece que “cometen delito de lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, B) el que por sí o por interpósita persona natural o jurídica ocultare… asegurase, transformare, adquiera dinero u objetos materiales o el producto de los mismos y de al dinero y a los bienes provenientes de actividades ilícitas apariencia de legalidad”, tal como es el caso en autos, donde los acusados tienen múltiples antecedentes delictivos, de reincidencia comprobada, según informe de la Interpol.
“No van a tener facturas de la venta de la droga, ni comprobantes de los robos; pero no demostraron de dónde y de qué provenía esta gran cantidad de dinero en dólares, tampoco demostraron ser empresarios ni dedicarse a ningún negocio lucrativo”, precisa la sentencia de Altamirano.
Sin embargo, Rosales y Quezada consideraron que la juez Altamirano incurrió en un error de hecho al tipificar mal el delito de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, al tener por cierto hechos no comprobados como el que este dinero proviene de actividades ligadas al narcotráfico o a otra actividad ilícita.