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Pleito por tierras se generaliza


La Intendencia de la Propiedad teme que el conflicto por la tenencia de la tierra se generalice, luego que este fin de semana tres campesinos perdieron la vida y otros dos resultaron heridos durante una reyerta en la comarca Mata Cacao, jurisdicción de El Viejo, Chinandega.
Los dos bandos se disputan desde hace siete años la tenencia de 42 manzanas de tierra, en posesión de la Cooperativa Agrícola “Aurelio Carrasco”, pero la otra parte alega que las tierras les pertenecen y que fueron compradas a un particular.
La juez Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, dijo que en los archivos de este juzgado no existen registros de demanda de propiedad por parte de la familia Carillo Montiel ni de los miembros de la Cooperativa “Aurelio Carrasco”, que el sábado se vieron involucrados en la trifulca.
“Si el caso hubiese estado interpuesto en este juzgado esas personas tenían que esperar la resolución judicial y no tomar decisiones por sus propias manos”, dijo la jueza. Agregó que no existe ningún juicio que tenga siete años de estar radicado en el juzgado a su cargo, tal como han expresado los demandantes.
Esta situación originó que la Intendencia de la Propiedad, organismo adjunto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), emitiera un comunicado informando que 39 propiedades ubicadas en El Rama y Muelle de los Bueyes, en el departamento de Zelaya, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), están en proceso de ser transferidas por parte de la Comisión Liquidadora del Banco Central al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El comunicado señala que estas propiedades han venido siendo asignadas desde el año 2000 hasta 2004, y muchos de sus beneficiarios se encuentran organizados en cooperativas y están en posesión de las mismas, en cumplimientos a los compromisos suscritos por el Gobierno de Nicaragua con desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense.
Algunas de las propiedades que ya fueron concedidas son: El Consuelo, El Tomate, Los Placeres, Santa Fe, Buenos Aires, El Móvil, La Margarita, San Miguel, El Porvenir y El Nancital, entre otras. La mayoría de ellas, según el comunicado, pertenecen al extinto Banco Nicaragüense (Banic).
Confirma operaciones irregulares
La Intendencia de la Propiedad demanda a las autoridades judiciales y policiales brindar cualquier tipo de apoyo a los beneficiarios, debido a la existencia de personas que se están dedicando a realizar operaciones irregulares mediante títulos supletorios para que terceras personas adquieran estas propiedades.
Este problema afecta a los pequeños y medianos productores del departamento de Matagalpa. Entre los afectados están Adelaida Chavarría y José Ramón Palacios, a quienes los quieren desalojar de la finca que poseen desde hace más de 50 años.
Los afectados, que habitan en la comarca Caratera, del municipio de La Dalia, aseguraron que se sorprendieron cuando llegaron a su propiedad cuatro sujetos identificándose como miembros de la comunidad indígena, y con una escritura de su propiedad que les adjudicaron sin que ellos se dieran cuenta.
El comisionado mayor Carlos Espinoza, jefe de la Policía Departamental, señaló hace unos días que una mafia se mueve alrededor de la tierra en Matagalpa, por lo que hay que buscar una medida para frenar el accionar de estos individuos que han visto la tenencia de la tierra como un negocio.
Abogado coludido
Gladys Palacios Chavarría, hija del matrimonio afectado, dijo que cuando el banco intentó quitarle la finca buscaron los servicios del abogado Jorge Yari López.
Palacios señaló que el mismo abogado de la familia --a sabiendas de que estaba cometiendo un delito penado por la ley-- fue el que se encargó de hacer la escritura a favor de la comunidad indígena, debido a que contaba con todas las copias de los documentos de la propiedad, que la familia le entregó cuando los representaba legalmente.
Los afectados aseguraron que ya recurrieron de amparo y anunciaron que procederán a denunciarlo ante régimen disciplinario de la Corte Suprema de Justicia.
El doctor Javier Vallecillo había denunciado que hay una figura jurídica que permite que cualquier sujeto haga una escritura de una propiedad sin que la haya comprado legalmente, y mete juicio para quitársela. Y dijo que hay abogados que se prestan al juego olvidándose de la ética profesional.