Nacional

Robados y relavados

*** Colombiano-guatemalteco y compañía metieron una fortuna en la llanta de su carro “por puro aire”, según magistrados del TAM *** Ni lavado ni conexión con narcotráfico ni contrabando, una simple falta, todos libres y dinero robado queda “nacionalizado” *** Ahora sí, ¿y para qué?, Corte anula el “proyecto Argüello”

Eloisa Ibarra

Las magistradas del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Silvia Rosales y Martha Quezada, le quitaron el delito de lavado de dinero al colombiano Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Angel González Largo, legitimando los 609 mil dólares introducidos al país escondidos en una llanta y sin declararlos en Aduanas, y abriéndoles la puerta a la libertad.
Tal como lo adelantó EL NUEVO DIARIO, Rosales y Quezada fueron quienes al final legalizaron los 609 mil dólares ocupados a González, capturado el doce de mayo de 2004 cuando entraba al Hotel Margut de Managua, donde se hospedaba junto a su compañera, Leyla Bucardo.
Multa de 500 pesos
González --condenado a diez años de prisión por el delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado--, gracias a la sentencia de Rosales y Quezada sólo deberá pagar una multa de 500 pesos centroamericanos, y purgar una pena de dos años por falsificación de documentos públicos que admite excarcelación bajo fianza.
Aunque no fue posible conocer los detalles de la sentencia porque Rosales y Quezada no estaban en el TAM y tampoco respondieron las llamadas al celular, Orozco, ex defensor de González a quien considera su amigo, y Bucardo, y aún de Hilmar Norberto Barrera, William Antonio Pérez y Marco Tulio Rodríguez, confirmó el fallo.
Explicó que reformaron la sentencia condenatoria por lavado de dinero, y en su lugar impusieron dos años de prisión por falsificación de documentos públicos en perjuicio del Estado a González, Pérez, Barrera y Rodríguez, y a Bucardo un año por cómplice del mismo delito.
En la sentencia, con fecha 18 de enero, precisó Orozco, se ordena la restitución a los acusados de los bienes ocupados, a excepción del furgón y la camioneta, una vez que cumplan la condena principal y la accesoria.
La pena accesoria es una multa de 500 pesos centroamericanos o su equivalente a la moneda nacional de acuerdo con la Ley 265 de Autodespacho para la Importación, Exportación, que aplique la Dirección General de Aduanas, respectivamente, por el delito de falsificación de documentos públicos.
Lo anterior significa que las magistradas cambiaron el lavado de dinero por una sanción administrativa mínima, como es la multa de 500 pesos, y la entrega del furgón y la camioneta a la Aduana para lo de su cargo.
Defensor acusará por robo
Orozco anunció que acusará por robo a los que sacaron el dinero de la CSJ, pero no procederá contra el Estado. “En los próximos días diré los nombres de a quiénes acusaré como autores intelectuales, porque de ese dinero González me pagaría los honorarios, y estoy seguro de que mi amigo Eliécer también los acusará”.
El 10 de agosto pasado, un grupo de ex jueces suplentes y abogados, a cuya cabeza estaba el ex defensor público, Carlos Mario Peña, echó a andar una trama jurídica para sacar el dinero de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y liberar a González y Bucardo.
Todo comenzó cuando Javier Antonio López Poveda -- según dijo ante el fiscal Armando Juárez-- a petición de Peña interpuso un Recurso de Exhibición Personal por detención ilegal a favor de González y Bucardo ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que preside el magistrado Antonio Alemán Lacayo (hermano del ex presidente Alemán).
En el proceso para sacar el dinero y liberar a los reos participaron los ex jueces Benjamín Arriaza --quien dice que los reos están detenidos ilegalmente porque fueron capturados en Carazo y procesados en Managua--, Moisés Rodríguez --quien en calidad de juez ejecutor ordena dejar en libertad a los reos--, y Julio Morales, que deja en libertad a Bucardo y da orden de entregar el dinero a Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien se presenta con poderes generalísimos falsos elaborados por la ex juez suplente Julissa Carolina Bonilla.
Morales actúa con base en una copia de un proyecto de sentencia elaborada por el magistrado constitucional, Rogers Camilo Argüello, quien le presta el Libro de Votos y le autoriza a la abogada y notario público, Astrid Bracamonte, razonarlo.
Habían desistido de apelación
Rosales y Quezada dieron lugar al Recurso de Apelación de González y Bucardo, pese a que el diez de octubre pasado la Sala Penal Dos del TAM, que tenía a su cargo el caso, tuvo por desistido el recurso a petición personal y expresa de los reos ante los magistrados.
Quezada fue una de las magistrados que firmó el auto del diez de octubre de 2005, que dice textualmente: “Por haber desistido del Recurso de apelación el acusado Hernández González y/o González Largo y la acusada Leyla Bucardo Chávez, téngase por desistido el recurso de apelación interpuesto de conformidad al arto: 362.3 y 368 CPP, párrafo primero parte infine, continúense los trámites de ley para los acusados Hilmar Norberto Barrera, William Antonio Pérez y Marco Tulio Rodríguez”.
Además de Quezada, el auto anterior lo firman los ex magistrados de la Sala Penal Dos, Fanor Téllez e Indalecio Berríos, que tenían a cargo el caso.
Desconocen su propia firma
Sin embargo, las magistradas desconocieron el auto anterior y se pronunciaron del Recurso de Apelación, tomando como punto de partida una audiencia efectuada en noviembre de 2004 con la participación de Rosales y el ex magistrado Fanor Téllez, que quedó guardada por más de un año, sin resolver.
En esa audiencia, Pánfilo Orozco, entonces defensor de González, Bucardo, Barrera, Pérez y Rodríguez, alegó que sus clientes no podían ser procesados dos veces por los mismos hechos, pues antes se les había impuesto una condena a dos años de prisión por asociación para delinquir y seis meses por uso indebido de nombre, y los sobreseyó por falsificación de documentos públicos.
El pasado jueves, los nuevos magistrados de la Sala Penal Dos --Orlando Lúquez y Bayardo Briceño--, junto a Quezada, programaron la repetición de la audiencia de noviembre de 2004, pero la suspenden y en su lugar ahora aparece la sentencia.
Según Orozco, las magistradas del TAM no tienen facultad para imponer una pena que le corresponde al Juez de Distrito, por ser la falsificación de documentos públicos un delito que conoce el Juez Local en primera instancia y en segunda el de Distrito.
Nulidad del “proyecto Argüello”: ¿Para qué?
Coincidentemente, la Sala Constitucional de la CSJ resolvió lo relacionado al Recurso de Queja por exhibición personal presentada a nombre de Javier Antonio López Poveda. Según una fuente cercana al caso, cinco magistrados votaron a favor de que se declarara sin lugar la queja por no existir recurrente, ya que la firma de López Poveda fue falsificada.
En la sentencia, de la cual disintió el magistrado Rogers Camilo Argüello, se declara la nulidad de todo lo actuado por este magistrado, quien elaboró un proyecto de sentencia, admitiendo la queja y ordenando la libertad de González y Bucardo. La sentencia que sale después de casi cuatro meses de iniciado el escándalo, no ha sido notificada.
Por eso jueza no actuaba
Por su parte, la jueza Sexto de Juicio, Miriam Guzmán, quien nunca inició el proceso de restitución del dinero ni ordenó la captura de Bucardo como ordenó la CSJ, ya no tendrá que hacerlo, como consecuencia de la sentencia de Rosales y Quezada.
Guzmán, quien ha sido muy diligente en ordenar a la Dirección de Aduanas la entrega de los 300 mil dólares ocupados en un caso de contrabando aduanero, en este caso, pese a tener la certificación de la sentencia desde el pasado diez de enero, nunca procedió a la restitución del dinero.
Las cuentas “no cuadran”
En otro orden, aún no queda claro por qué en la cuenta de la CSJ, había 606,540 mil dólares, si en la sentencia de la ex juez Rosario Altamirano, afirma que González Hernández dijo que lo incautado eran 740 mil dólares, pero “en juicio quedó probado que se le incautó 609,240 dólares”.
Según una copia fiel de la minuta de depósito enviada por María de Ángeles García, Gerente de la sucursal Plaza España de Banpro, al ex juez Julio Morales, el depósito efectuado el cinco de agosto de 2004 en la cuenta 10020313819142, es de 606,540 mil dólares.