Nacional

¿Qué pasó con la “guaca-dos” y Donación-Taiwan?

*** DAJ está dejando que prescriba la investigación obligada a contralores, que sin motivos técnicos y legales exoneraron a Alemán y compañía *** Son una cantidad de funcionarios implicados y familiares de Alemán, que deben explicar por qué recibían dinero de cuentas que se alimentaban con dinero del Estado

Eloisa Ibarra

El procurador General de la República, Alberto Novoa, solicitó al Jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila, que se proceda a realizar lo que en ley corresponde en el caso de la “Guaca dos” y Donación Taiwan, debido a que los hechos prescriben este año.
“Le solicito se determine lo que conforme ley corresponde para evitar que el caso prescriba en las oficinas de la Policía Nacional, sin que se realicen los actos investigativos necesarios para el oportuno ejercicio de la acción penal”, expresa Novoa en una carta enviada ayer a Cordero.
“Es responsabilidad de las instituciones públicas involucradas en la presente investigación el cumplir con el único mandato legal al que debemos someternos, como es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes de la República, bajo la responsabilidad de que por nuestra actuación la patria os premie, si no, ella os haga responsable”, le recuerda Novoa.
El procurador auxiliar César Guevara, a cargo del caso, explicó que se envió la carta debido a que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no han tomado las entrevistas solicitadas dentro de la ampliación de la investigación por lavado de dinero, fraude y otros delitos en perjuicio del Estado.
No han cuestionado a contralores
Recordó que antes de que el seis de diciembre se vencieran los tres meses para profundizar la investigación, reiteró ante la DAJ la solicitud para entrevistar a los contralores que emitieron una resolución a favor del ex presidente Arnoldo Alemán.
Guevara pidió la entrevista para que los contralores expliquen los motivos técnicos y legales para aprobar por unanimidad una resolución a favor de Alemán, y que de conformidad con el artículo 212 del Código Procesal Penal (CPP), con autorización judicial se requiera informe emitido por los contralores, referido a la auditoría especial a las tarjetas de crédito American Express a nombre de funcionarios de la Presidencia 1997-2001 y tramitadas por el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez.
Guevara también ha pedido se entreviste a los denunciados: Alemán, Ramírez; Alfredo Fernández; Esteban Duquestrada, ex ministro de Hacienda y Crédito Público; Ernesto Barahona; María Lourdes Chamorro; María Auxiliadora Herdocia; Oscar Moreira y Conny López, por malversación, peculado, lavado de dinero y otros delitos.
Asimismo, a María Fernanda Flores --esposa de Alemán--, y se indague quién es el representante legal de la Fundación “María Dolores Cardenal”, se entreviste respecto de los cheques recibidos a Amelia Tenorio Alemán, se ubique a Luis Rodríguez Monjarretz, y se entreviste en relación a canje de cheques.
¿Por qué recibían dinero de cuentas del Estado?
A todas ellas, solicita se les entreviste para que depongan bajo qué razones o porqué servicios recibían cheques que provenían de las cuentas de la Presidencia del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Guevara pide se entreviste a funcionarios del BCN, respecto a apertura y cierre de cuentas a petición de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Administración de Alemán.
De igual manera, solicita entrevista a Luis Manuel Picón Carrión, Subgerente de la Tesorería del BCN; Javier Ramos, del Departamento de Extranjería del BCN; Allan Urbina, jefe del Departamento de Operaciones de la Subgerencia de Tesorería, y Javier Gutiérrez, Gerente de Contabilidad del BCN.
Cabe recordar que la fiscal Mayra Paiz emitió una resolución donde se limpiaba a toda prisa a Alemán, para que sea aportada como prueba en el juicio que le siguen las autoridades de Estados Unidos.
En la resolución, Alemán es eximido de toda responsabilidad en el lavado de 86.6 millones de dólares y 40.8 millones de córdobas del erario, por lo que fue denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2003.
Pero semanas más tarde, la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, revocó la decisión de Paiz para profundizar la investigación.