Nacional

Acusarán en juzgados a directores que cobren


Silvia Carrillo

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos (PDDH) anunció que acusará vía judicial a los directores y maestros que cobren a los padres de familia por la matrícula de sus hijos en las escuelas y colegios del país.
Norma Moreno, Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia, aseguró que el cobro disfrazado de ayuda voluntaria es una las causas de deserción escolar, porque los padres temen que sus hijos sean expulsados de los centros de estudio cuando no puedan cancelar la cuota mensual.
Moreno considera necesario que el Ministerio de Educación emita un segundo comunicado en el que no haga uso de la frase “ayuda voluntaria”, para prevenir que los padres no se presenten a matricular a los niños.
“Hacemos un llamado a las madres, padres y tutores a que no se dejen imponer el cobro de matrícula, ni ninguna otra contribución”, dijo.
La PDDH comenzó esta semana su proceso de fiscalización en 100 centros educativos públicos en cinco departamentos del país y las dos regiones autónomas del Atlántico, donde se presentan mayores problemas, según refirió el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel.
Ante la evidente violación al derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir educación gratuita sin ningún tipo de cobro, Bjorn Lindgren, representante de Save The Children Noruega, firmó ayer el convenio con la PDDH para entregar 50 mil dólares dedicados al proceso de fiscalización en las escuelas y colegios.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) respalda la decisión de la Procuraduría de acusar a quienes violen el artículo 121 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que: “El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses.
“La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo con la ley”.