Nacional

Presunción penal por una ilegal exoneración

*** Juez ahora debe determinar pago a la DGA de E. Chamorro Industrial y Agrosa

La Contraloría estableció ayer presunción de responsabilidad penal contra el ex titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Fausto Carcabelos, y otros funcionarios de esa entidad, por no haber cobrado impuestos de importación a las empresas Agrosa y E. Chamorro Industrial S.A., esta última miembro del Grupo Pellas, y pretender encubrir dichas anomalías mediante pruebas de laboratorio alteradas.
EL NUEVO DIARIO reveló, en octubre del año pasado, que ambas compañías importaron seis mil toneladas de aceite comestible sin pagar el correspondiente 15% de impuestos en concepto del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), causando un perjuicio económico al Estado por 45 millones 485 mil 957.03 de córdobas.
Los contralores llegaron a esa decisión porque, según la resolución, los funcionarios propiciaron “intencionalmente una injustificada falta de recaudación de impuestos y multas, al omitir concluir y decidir en el caso por presunción de defraudación aduanera a cargo de las empresas Agrosa y E. Chamorro Industrial S.A., determinada por la dirección de fiscalización”.
La DGA, en abril de 2002, clasificó importaciones de aceite de algodón realizadas por dichas empresas, como “aceite de algodón en bruto”, exonerado del DAI, cuando la institución debió catalogarlo como “aceite comestible”, gravado con el 15% de impuestos.
Carcabelos y los funcionarios de Aduanas, Manuel Mayorga Duarte, Carlos Díaz Bustamante y Gabriel Argüello Fornos, son responsables, según la resolución, de que la DGA no haya recaudado más de 2.1 millones de córdobas correspondientes al DAI no enterado, sin incluir una multa por más de 40 millones de córdobas.
El contralor Guillermo Argüello Poessy explicó que una vez el judicial juzgue el delito de defraudación aduanera, debe cobrar la cantidad de dinero no enterada al Estado por dichas firmas.
“Lo que dice la resolución es que una vez que se juzgue el delito de defraudación fiscal, se cobre como consecuencia del delito. Creemos que hay presunción de responsabilidad penal por defraudación aduanera, eso quien tiene que conocerlo es el juez, porque es un delito. Una vez que resuelva, ahí se va determinar si se procede o no al cobro”, declaró.
Detalle de las investigaciones
Documentos de trabajo de los auditores de la CGR y pruebas realizadas por laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), revelaron que el aceite era comestible y que debía pagar el 15% de DAI.
Además de las presunciones penales, los contralores también determinaron responsabilidad administrativa para Carcabelos por ser en ese entonces --2002-- la máxima autoridad de Aduana, y para Díaz Bustamante, ex Administrador de la Aduana Central Terrestre, por no haber permitido que el caso fuera remitido a la Procuraduría de Justicia.
También hay responsabilidad administrativa para Argüello Fornos, ex jefe de laboratorio de la DGA, “por modificar de manera negligente los informes técnicos de fechas 17 de mayo y 27 de junio de 2002, sin presentar criterios técnicos que desvirtuaran en forma fehaciente la presunción por defraudación aduanera determinada por la Dirección de Fiscalización”.
Igualmente se presumen faltas administrativas para Manuel Mayorga Duarte, ex director de Fiscalización y actual sub director general técnico de la DGA, por no emitir un informe final conclusivo sobre una auditoría que estaba a su cargo.
Mayorga Duarte tampoco informó a Agrosa y E. Chamorro Industrial sobre lo ocurrido por no objetar a su subalterno, Argüello Fornos, el cambio del “criterio técnico-arancelario”, en los cuales se pretendió encubrir el fraude aduanero.
Intentamos conocer la versión de E. Chamorro Industrial sobre la resolución de la Contraloría, pero Inés Espinoza, asistente de Alexis Chamorro, directivo de dicha compañía, afirmó que su jefe se encontraba fuera de la oficina. Tampoco devolvió nuestras llamadas telefónicas.