Nacional

Jugada en tribunal para “relavar” los dólares

* Los nuevos magistrados liberales quieren anular desistimiento y borrar el lavado con los 600 mil “verdes” * Jueza no dice verdad sobre notificación de resolución de sanciones, y retarda búsqueda del dinero esperando acción del Tribunal

El doctor Enrique Molina, Secretario por la Ley de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó ayer que desde el pasado 12 de enero le envió a la jueza Suplente Sexto de Juicio, Miriam Guzmán, la certificación de la sentencia donde se ordena la restitución de los más de 600 mil dólares ocupados en un caso de lavado de dinero.
Molina dijo que la certificación tiene el recibido del Juzgado Sexto de Juicio y de los otros juzgados concernientes con el caso de los 609 mil dólares. La juez Guzmán insistió ayer por la tarde, a través de Relaciones Públicas de los juzgados, en que la CSJ no le ha enviado la certificación.
Desde el pasado 11 de diciembre, cuando la CSJ emitió la sentencia, Guzmán ha sostenido que iniciará el proceso de restitución del dinero y captura de la reo Leyla Bucardo hasta que reciba la sentencia.
Bucardo, condenada junto al colombiano Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero, fue excarcelada a través de un amañado Recurso de Exhibición Personal.
Otra promesa de revocar “Proyecto Argüello”
Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, aseguró ayer que hoy se pronunciarán del proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Rogers Camilo Argüello, y que sirvió de base para excarcelar a Bucardo y liberar el dinero de una cuenta de la CSJ.
“Te puedo asegurar que ese (el caso de los 600 mil dólares) es el primero en agenda”, dijo Rosales, quien días atrás opinó que la juez Guzmán ya debería haber iniciado el proceso de restitución del dinero.
En el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), se pretende quitar el delito de lavado de dinero a González y Bucardo, y tipificar los hechos como un delito aduanero, y con ello ordenar la libertad de González.
La semana pasada, el fiscal auxiliar Julio Montenegro afirmó que la sentencia condenatoria contra González y Bucardo está firme desde el momento en que los ex magistrados Fanor Téllez e Indalecio Berríos, y la magistrada Martha Quezada, dieron por desistido el Recurso de Apelación a petición de los propios reos.
Sin embargo, los nuevos magistrados, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, junto a Quezada, programaron la repetición de una audiencia realizada en noviembre de 2004, pero al final la suspendieron por supuesta falta de quórum.
En esa oportunidad, Montenegro dijo que González y Bucardo no podían ser parte de esa audiencia porque para ellos el caso llegó a su fin.
Una fuente cercana al caso indicó que en el TAM pretenden una nueva jugada, y se trata de que las magistradas Martha Quezada y Silvia Rosales, que realizaron la audiencia de noviembre --cuya repetición fue suspendida el jueves-- se pronuncien sobre la base de dicha audiencia, dejando fuera el desistimiento y la aceptación de los ex magistrados y Quezada que deja firme la condena a González y Bucardo.
Rosales y Quezada se pronunciarían de una audiencia efectuada hace más de un año. Rosales dijo que desde el punto de vista procesal, si participó en esa audiencia, tendría que integrar Sala para dictar la sentencia del caso.
¿Qué pasaría con la aceptación del desistimiento de Quezada y los ex magistrados Téllez y Berríos? “No sé”, respondió Rosales, tras indicar que habría que ver la ley para lo relativo a la integración de Sala. También dijo no recordar quién fue el tercer magistrado presente en esa audiencia de noviembre de 2004.
Jueza espera y por eso no procede
La fuente indicó que la jueza Guzmán está a la espera de que el TAM se pronuncie para no restituir el dinero, ni ordenar la captura de Bucardo.
En otro aspecto, el fiscal especial Armando Juárez informó que el lunes entrevistó al presidente de CSJ, Manuel Martínez Sevilla, quien fue muy cooperador y se disculpó por no atender antes.
Aunque Juárez declinó comentar el contenido de la entrevista, es de suponer que versó en torno a la firma del cheque por 609,540 mil dólares, estampada por él a favor de González y/o Bucardo.
Juárez dijo que sólo faltan las entrevistas de dos magistrados de la Sala Constitucional y dos del área administrativa para cerrar la investigación y presentar la acusación.