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Procesarán a quien invada la Reserva “Indio-Maíz”


Por la vía penal y criminal podrían ser procesadas las personas miembros de la supuesta junta directiva que pretende invadir las tierras de la Reserva Indio-Maíz, tras las investigaciones que realiza la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua, señaló el procurador del Medio Ambiente, doctor Lisandro D’León. El doctor D’León comentó esto tras el anuncio de un viaje de reconocimiento hoy a la reserva de biodiversidad Indio-Maíz en compañía del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Fiscalía y ediles de la zona.
“Ya teníamos cuatro delitos, primero esta junta directiva está asociada para delinquir, cometen el delito de estafa, delito de estelionato y están cometiendo el delito de usurpación del dominio público porque están pretendiendo entrar a tierras estatales, y para colmo anteayer actuaron de manera criminal cuando se introdujeron en la propiedad de unos campesinos de la etnia ramakí y les desbarataron los ranchos”, destacó D’León.
Armados
La doctora María Luisa Acosta, Asesora Legal de la etnia ramakí, informó que introdujo un Recurso de Amparo en contra de estas personas y a favor de las comunidades indígenas, por el ingreso de 30 hombres armados en el sector del río Pejibaye, hacia el lado de San Juan del Norte.
En este sitio los armados, bajo el mando del ex miembro de la Resistencia Nicaragüense conocido como “Danto 2”, procedieron a destruir ranchos, quemar cosechas y matar animales domésticos. “Nuestra gira y la información que recabemos le dará mayor sustento jurídico a la acción criminal que estas personas realizaron, para que cuando tengamos las pruebas procedamos a la acusación criminal”, señaló el procurador D’León.
No son indígenas
De acuerdo con el procurador D’León, estas personas que pretenden introducirse en la Reserva Indio-Maíz tienen un plan orquestado y formaron una junta directiva para posteriormente ampararse en la Ley 445, del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los ríos Bocay, Indio y Maíz.
La Ley 445 obliga al Estado a otorgar títulos de propiedad a las comunidades indígenas que han vivido en el territorio durante los últimos 500 años, como un derecho de posesión, y por consiguiente el Estado debe garantizar la titularidad sobre esas tierras con ciertas condiciones, como es que no la puedan vender, no se puede explotar de manera irracional porque son los últimos reductos que nos quedan de bosque y biodiversidad a nivel nacional y mundial.
Sin embargo --enfatizo D’León-- esta Ley se refiere de manera exclusiva a comunidades indígenas, y esta gente que está pretendiendo entrar a la Reserva no son indígenas, son colonos que han traído de Nueva Guinea, del Pacífico y Norte de Nicaragua y los están enmascarando como indígenas.
Avalados por reverendo Hodgson
“Hay una situación orquestada dirigida por Roberto Flores Chow, y detrás de esto está el reverendo Rayfield Hodgson, Presidente de la Junta Directiva del Consejo Regional de la RAAS, quien avaló la junta directiva a sabiendas de que la gente que se quiere introducir no es indígena. Hacemos un llamado al señor Hodgson para que cumpla con el acuerdo que firmó el pasado 21 de noviembre con el Estado y gobiernos municipales de anular la certificación que le dio a estas personas, porque de lo contrario en base a la ley se procederá también en su contra”, advirtió el Procurador.
“Se ha calculado que son 6 mil familias las que pretenden introducirse dentro de estas tierras”, dijo D’León. “Hay que tomar en consideración que existen colonos y campesinos costarricenses que están fronterizos al río San Juan, que únicamente están a la espera del llamado de Roberto Flores Chow para ingresar a la reserva, esto lo sustentamos porque el 20 y 21 de diciembre pasado, en la documentación que nosotros requerimos para la investigación, encontramos que hay muchos números telefónicos de personas costarricenses que sólo esperan el llamado dentro de los documentos”, agregó.
“Esta junta directiva está otorgando carnés de membresía y les están quitando dinero a las personas por el terreno del Estado que han prometido venderles. Tenemos testigos a quienes estafaron, que nos han facilitado información y ya estamos presentado las denuncias correspondientes, a la vez la zona está siendo resguardada por más de 100 efectivos del Ejército de Nicaragua e igual número de policías, quienes tienen órdenes expresas de no permitir que ingrese nadie a la reserva”, concluyó.