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CSJ anulada

*** Mandan a suspender de oficio los efectos de la resolución de la Corte Suprema *** Ahora Corte deberá fallar sobre lo que ya falló, llevando el caso de la pérdida del dinero al terreno de lo absurdo *** TAM recoge argumentos de algunos magistrados cuando iba a sancionar, y al parecer es un juego de “rechivuelta”

Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) dejaron sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de los 600 mil dólares, al amparar a los cuatro ex jueces suplentes destituidos de su cargo y suspendidos del oficio de abogados y notarios por participar en la trama para apropiarse del dinero.
El presidente de la Sala, magistrado Gerardo Rodríguez, confirmó que junto a sus colegas Juana Méndez y Enrique Chavarría, a quien llamaron a integrar Sala, dieron trámite al Recurso de Amparo interpuesto por los jueces y mandaron a suspender de oficio los efectos de lo resuelto por la CSJ, por considerarlo de carácter administrativo.
Los recurrentes son: Julio Morales, quien ordenó la libertad de Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, y de su compañera Leyla Bucardo, quien fue excarcelada; Moisés Rodríguez, quien en calidad de juez ejecutor ordenó al primero la libertad de los condenados.
Asimismo, Benjamín Arriaza, quien en un informe en calidad de juez ejecutor dijo que policías sin identificar le informaron que González y Bucardo fueron capturados en Carazo y no en Managua, y Julissa Carolina Bonilla, quien elaboró las escrituras falsas para retirar el cheque de la CSJ y posteriormente cambiarlo.
Corte a pronunciarse sobre lo que ya falló
El magistrado Rodríguez explicó que la destitución como jueces es un acto consumado, pero en cuanto al ejercicio profesional, al ser un efecto de la resolución de la CSJ, queda suspendido y pueden ejercer la profesión hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el fondo del Recurso.
Indicó que los recurrentes alegaron que actuaron en calidad de jueces, no de abogados y notarios, y que se les violaron sus derechos al imponerles una doble sanción por los mismos hechos y privarlos de su medio de vida, que es el ejercicio como abogados.
Cabe mencionar que precisamente ese fue el argumento que algunos magistrados de la CSJ esgrimieron por varias semanas, lo cual retrasó la salida de la sentencia con la destitución y suspensión de abogados y notarios. Estos magistrados estaban en desacuerdo en que se les aplicara el decreto 1618, por considerarlo inconstitucional.
Los ex jueces también alegaron que la CSJ violó el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa al imponerles la sanción. Rodríguez aclaró que la suspensión que ordenaron no tiene ningún efecto sobre la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a los recurrentes.
La sentencia de la CSJ salió después de casi dos meses de una lenta investigación y de un acuerdo entre liberales y sandinistas en relación al tiempo de suspensión del ejercicio profesional, que quedó en año y medio para la mayoría de los implicados.
Aún sigue pendiente que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la falsa sentencia elaborada por el magistrado Rogers Camilo Argüello, y que fue utilizada para liberar a Bucardo y sacar los 609 mil dólares ocupados al colombiano González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero.